En 2018 el sector alimentario estuvo impactado por la penetración del Estado. El acceso a los alimentos a pesar de que mejoró con respecto a 2017, sigue afectado por la politización y el control social que ejercen los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). Los productores agropecuarios fueron víctimas de robos, confiscaciones a la mercancía y sobornos en las alcabalas por parte de las autoridades, según revela un informe de la ONG de derechos humanos Provea correspondiente a enero y diciembre de 2018. “El año pasado se caracterizó por medidas regresivas sobre el sistema alimentario venezolano”, indica el documento.
“La toma progresiva por parte del Estado de la cadena de valor de rubros alimentarios básicos, incluso en detrimento de productores muy vulnerables, avanzó en 2018 con grandes daños principalmente en los sectores cárnico, azucarero y del cacao”, se lee en texto que también menciona la toma forzada de cadenas alimentarias y mercados, la imposición de cuotas de retención de producción agropecuaria o “diezmos”, control distorsionado de precios, invasiones y ocupaciones ilegales de zonas productivas, expropiaciones, decomisos y saqueos controlados.
En 2018 continuó el cobro del impuesto regional al traslado de alimentos, una queja que ya se había hecho en 2017. Los ganaderos denunciaron la retención de 10 % de los animales que se transportan en Barinas y Apure. La imposición de cuotas se aplica también a la agroindustria desde hace tres años, señala Provea en el informe sobre el derecho a la alimentación.
A principios de 2018 el Ministerio para la Alimentación reforzó la regla 70-30, que obliga a las empresas productoras de alimentos a vender 70 % de su producción a precios regulados al Estado para abastecer los Clap. “Es un mecanismo que no solo viola las libertades económicas de los productores, sino que fortalece un sistema de control alimentario aún más nocivo”, advierten.
La Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga) calcula que las expropiaciones, las invasiones y las ocupaciones de las fincas dejan como consecuencia una disminución de 60 % de la oferta cárnica en el país. Por otro lado, el consumo de carne por persona cayó 10 kilos en cinco años.
El sector también se vio limitado para movilizar insumos en las cadenas productivas, condicionamiento para poder exportar, la criminalización de los productores, distribuidores y comercializadores y la desatención e ineficiencia en el suministro de servicios básicos para la producción.
“Parte de los decomisos que tienen lugar ocurren formalmente en los puestos de control militar en las carreteras por las que se transportan los productos agropecuarios. Por ejemplo, la Asociación de Productores Rurales del estado Barinas denuncia que, para poder movilizar el ganado entre Barinas, Apure, Guárico, Yaracuy y Portuguesa, los puntos de control les exigen el cobro de 30 % del ganado que llevan”, añade el informe de Provea.
De 2017 a 2018 los precios de herbicidas que vende la estatal de insumos agrícolas Agropatria se incrementaron 4800 %, mientras que los de semillas de maíz lo hicieron en 37.400 %.
“En la participación de Agropatria no solo se incurre en el monopolio de la distribución, sino que en sus dinámicas de operación se producen al menos dos violaciones más: el robo y la corrupción en adquisiciones y manejo de inventarios”, asegura Provea.
Según la ONG, Agropatria no cumple con las normas de envase de agroquímicos. “Una vez extraído el herbicida, están siendo utilizados para el transporte de agua para consumo e incluso para la recolecta de leche en las fincas. Cuando estas funciones de la cadena agroalimentaria eran administradas por la empresa expropiada Agroisleña, esta producía sus propios envases según las regulaciones nacionales e internacionales”.
Para 2018, el rendimiento de la actividad agrícola per cápita acumulaba 10 años de contracción. La caída en maíz en la última década es de 65 %, -68 % arroz, -95 % sorgo, -62 % azúcar, -60 % huevos, -88 % en papa y en promedio la caída para el resto de hortalizas y frutas es de 60 %.
El año pasado “el acceso a alimentos mejoró en comparación a 2017, no obstante, hubo desabastecimiento importante en varios productos básicos entre 50 % y 60 %”. Los rubros que registraron mayor escasez fueron la leche, el arroz y la harina de trigo. Los alimentos cárnicos (res y pollo) tuvieron picos de desabastecimiento momentáneos de hasta 80 %, mientras que los supermercados reportan una caída en la variedad de oferta de productos de 95 %, reseña el informe.
Por Ariadna García
@ariadnalimon
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