La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas de protección a favor de la diputada Delsa Solórzano y se amplió las cautelares ya existentes para Carlos Patiño de la ONG Provea y para Gonzalo Himiob Santomé y Robiro Terán de Foro Penal.
La CIDH alegó su decisión al considerar que los referidos se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.
Mediante un comunicado, el organismo detalló que en el caso de la diputada Solórzano se consideró que es objeto de hostigamientos y amenazas desde 2017.
“De manera reciente, un teniente le informó de que se buscó contratarle para asesinarla a ella y a otro diputado”, indicó la CIDH.
Asimismo, dijo que la defensora de los derechos humanos no cuenta con la protección de las fuerzas de seguridad del Palacio Legislativo y que cuando acude a este, es intimidada por colectivos.
“Por consiguiente, con base en el artículo 25 de su Reglamento, la Comisión solicitó al Estado de Venezuela que adopte las medidas necesarias para proteger sus derechos a la vida e integridad”, acotó.
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