El Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) recientemente ha publicado una lista de partidos políticos nacionales que fueron aprobados, renovados y cancelados por mandato de la ley de partidos políticos. Los que obtuvieron el 1% podrán mantener su presencia en el tarjetón electoral, entre esas organizaciones figuran Acción Democrática; COPEI; el MAS; Avanzada Progresista; CAMBIEMOS; EL CAMBIO; Fuerza Vecinal; Prociudadanos; MUD; MIN-UNIDAD; Movimiento Ecológico de Venezuela; MEP; Alianza Para el Cambio; Movimiento Somos Venezuela; PCV; PSUV; PPT; Podemos; Primero Venezuela; Tupamaro; Unión y Progreso; entre otros.
Seguidamente el árbitro electoral informa que el partido político Compromiso País (COMPA) sólo obtuvo en siete (7) estados del país más del 0,5% exigido por la respectiva ley, el Movimiento Progresista de Venezuela (MPV) lo obtuvo en dos (2) estados; mientras que el Movimiento Republicano (MR) sólo alcanzó este porcentaje en una (1) entidad del país.
De igual forma, el CNE ha notificado a las organizaciones políticas nacionales Alianza del Lápiz dirigido por Antonio Ecarri; Generación Independiente (GENTE); La Fuerza del Cambio (FDC); Nueva Visión para mí País (NUVIPA); Organización Renovadora Auténtica (ORA); Partido Unión y Entendimiento (PUENTE); el partido Un Nuevo Tiempo liderado por el gobernador zuliano Manuel Rosales; Unidad Político Popular 89; Unidad Popular Venezolana (UPV) y Venezuela Unida (VU) deben renovar su nómina, es decir, recoger firmas equivalentes al 0,5% del registro electoral para ser admitidas nuevamente como partidos políticos nacionales. También el Poder Electoral venezolano ordenó la disolución de los partidos políticos cuyas siglas “ADELANTE”; Bandera Roja; el partido Convergencia liderado por Biaggio Pilieri; Encuentro Ciudadano (EC) liderado por la exdiputada D’Elsa Solórzano; SUMA PAÍS; y, Unión y Cambio (UNICA).
A juicio del politólogo y profesor universitario Jhotani Medina, la acción de ordenar la extinción y cancelación de partidos políticos de nueva creación es una decisión arbitraria del poder electoral. “Por citar un ejemplo, cancelar a un partido político recién creado como Encuentro Ciudadano es una aberración jurídica que ratifica la naturaleza autoritaria del PSUV, quien controla también el poder electoral. El partido de Solórzano no ha participado ni siquiera la primera vez en un proceso comicial ni había sido legalizado, lo cual es violatorio del literal “C” del artículo 27 de la ley de partidos políticos vigente. Lo cual demuestra que no hay garantías jurídicas para participar en elecciones con este gobierno.”
El profesional de la ciencia política señala que ilegalizar bajo las mismas argucias jurídicas a partidos políticos constituidos y otros que apenas tienen reserva de nombre ante la oficina nacional de participación política sólo evidencia el fiasco en que se ha convertido la inexistente democracia venezolana, “no es de extrañar que mañana le adjudiquen a nuevos partidos políticos alineados con el gobierno en el gran polo patriótico las siglas de estas organizaciones opositoras”. Esta maniobra jurídica ha sido denunciada por años por María Corina Machado, Antonio Ledezma y Diego Arria, todos líderes de la oposición venezolana que apuntan a no participar en comicios sin garantías jurídicas reales y que desconocen el gobierno de Nicolás Maduro.
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