La posición del partido en cuestión, lo diferencia y lo gradúa como uno de los pocos partidos serios de Venezuela.
Aunada a esta exigencia, Primero Justicia sacó a colación otras polémicas que no han sido aclaradas por Guaidó y los miembros de su administración, por lo que también deberían ser investigadas ante posibles sobornos
El partido opositor Primero Justicia (PJ) pidió a la Asamblea Nacional (AN) iniciar una investigación para esclarecer hechos que han rodeado de polémica al gobierno interino presidido por Juan Guaidó, ante denuncias sobre irregularidades que podrían estar relacionadas a casos de corrupción.
Mediante un comunicado, la dirigencia del partido encabezado por Julio Borges llama la atención sobre las polémicas que han salido a la luz recientemente en torno a la administración del gobierno interino, como los presuntos sobornos en el proceso de recuperación de activos de bienes del país en Petrocaribe. Por este motivo, proponen esclarecer los hechos mediante una investigación.
«Primero Justicia exige que se inicie una investigación en la Asamblea Nacional para esclarecer los presuntos hechos que hacen referencia a irregularidades y pagos de sobornos a funcionarios del gobierno interino en el proceso de recuperación de activos de la República en el exterior, específicamente en el caso de Petrocaribe», reza la misiva.
Aunada a esta exigencia, el partido sacó a colación otras polémicas que no han sido aclaradas por Guaidó y los miembros de su administración, por lo que también deberían ser investigadas, como ocurre con la denominada ‘Operación Gedeón’, el funcionamiento de la Fundación Simón Bolívar, y otros temas con los que han solicitado investigaciones, pero son ignorados.
«Es propicia esta oportunidad para reafirmar que es necesario que se adelanten las investigaciones oportunas y transparentes sobre distintos temas que han ocurrido en los últimos meses y que han sido exigidos por parte de nuestra organización», resaltan.
La presunta olla de corrupción
Esta polémica se desató después de que la periodista Patricia Poleo presentara en su programa ‘Factores de Poder’, una serie de pruebas que supuestamente demostrarían la implicación de funcionarios del gobierno interino en un acto de extorsión al consorcio Caribbean Recovery Assets, conformado por las empresas Lock in Capital y Global Risk Management.
El consorcio tenía la tarea de tomar activos en al menos 12 países, a cambio de quedarse con un 18% de los activos de Venezuela que recuperaría Caribbean Recovery Assets, mientras que los funcionarios del gobierno interino que negociaron este procedimiento exigieron comisiones adicionales.
Tan pronto como Poleo hizo la denuncia en su programa de línea editorial opositora y transmitido en Estados Unidos, el fiscal general designado por la ilegítima asamblea constituyente, Tarek William Saab, ordenó una investigación contra los miembros de la administración de Guaidó implicados.
En su declaración pública sobre el caso, Saab detalló que los directores del consorcio, Jorge Reyes y Pedro Antar, habían solicitado el derecho a apropiarse del 18% de todo lo que pudiese ser «despojado» al Estado como contraprestación por sus servicios. Sin embargo, funcionarios de la administración de Guaidó habrían impuesto condiciones extraordinarias.
«Solicitaron un pago por la cantidad de 750 mil dólares para la adjudicación del mencionado contrato, y además exigieron que una vez se hubiese iniciado la apropiación de los bienes del país, se les diera la mitad del 18% solicitado por la Sociedad Mercantil Consorcio Caribbean Recovery Assets», declaró Saab.
Por este motivo, el Ministerio Público inició una investigación contra el director de Asuntos Comerciales de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos, Javier Blasi-Blanchard, y su hermano Magin Eduardo Blasi-Blanchard; el comisionado presidencial para la Gestión y Recuperación de Activos, Javier Leonardo Troconis; el exprocurador José Ignacio Hernández González y el presidente de la junta directiva ad hoc de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Luis Augusto Pacheco Rodríguez.
Estos ciudadanos serían procesados por la presunta comisión de crímenes de traición a la patria, legitimación de capitales, usurpación de funciones y asociación para delinquir.
Troconis en la lupa
El nombre que destaca en esta acusación es el de Javier Troconis, siendo el comisionado para la Gestión y Recuperación de Activos, principal figura en las labores de captación de activos de
Venezuela en el extranjero que fueron les fueron despojados al chavismo mediante sanciones y medidas similares.
Por este motivo, Troconis salió en su defensa al publicar un comunicado de parte de la Comisión Presidencial para la Gestión de Activos, en el que catalogó de «falsos» los señalamientos emitidos por el consorcio Caribbean Recovery Assets, ya que «nunca se suscribió algún contrato de servicios» con la firma.
El funcionario del gobierno interino sostiene que se evaluó la propuesta, pero determinaron que los representantes del consorcio, Jorge Reyes y Pedro Antar, habían sido sujetos de medidas disciplinarias por fraude, por lo que evitaron cerrar cualquier negocio.
Denunció además que la empresa, sin contrato, pretendió representar el Estado venezolano «ejerciendo acciones temerarias sin facultad alguna». E informó que esta información había sido presentada ante la oficina del Procurador Especial entre marzo y abril de 2020.
Por su parte, el Gobierno Interino respaldó a los señalados por Poleo y Saab, y suscribió los argumentos aportados por Troconis en su misiva. La posición oficial de la administración de Guaidó indicó que la Procuraduría Especial debía representar judicial y extrajudicialmente a Pdvsa.
Fuente TalCualDigital.com
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