La iniciativa busca que se transparente el uso de algoritmos para las recomendaciones, que cada plataforma cuente con un representante legal en Chile y que se suprima el contenido ilícito cuando exista sentencia ejecutoriada.
Un grupo de diputados y diputadas del Frente Amplio presentó un proyecto de ley que busca regular las plataformas digitales y redes sociales que actualmente existen en el país.
De acuerdo a lo indicado en la normativa, esta apunta a “regular la transparencia, adherencia a estándares de derechos humanos, debido proceso y rendición de cuentas en la difusión de contenido, información y servicios a través de las plataformas digitales, con el fin de normar su operación y funcionamiento en el territorio nacional”.
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La iniciativa fue elaborada por el diputado Marcelo Díaz (Unir) y contó con el respaldo de los parlamentarios del Frente Amplio, Claudia Mix, Maite Orsini, Camila Rojas, Marcela Sandoval, Jorge Brito, Tomás Hirsch, Amaro Labra y Patricio Rosas.
El proyecto -que será ingresado a la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones-, busca regular a las plataformas digitales en la “formación y conservación de la libertad de información y que permitan el desarrollo de una verdadera democracia, colaborando en la creación de un ecosistema digital rico y diverso, sin un freno a la innovación y la participación en la economía digital, pero velando por el respeto a los estándares internacionales de derechos humanos”.
Las nuevas normativas regirán para todas aquellas plataformas digitales y redes sociales que direccionen su contenido en Chile y que lleguen a más del 10% de la población del país.
En este sentido, se propone que:
Cada plataforma digital tenga domicilio en el país o un representante legal que pueda ser emplazado en juicio.
Cada plataforma o red instaure un procedimiento transparente de reclamación y eliminación de información, contenidos y servicios.
Incorporen mecanismos de transparencia activa desagregada geográfica y sustantivamente sobre sus decisiones de remoción de contenido.
Exista la obligación de suprimir el contenido ilícito siempre que exista sentencia ejecutoriada que lo acredite.
Se transparente el uso de algoritmos que permitan la entrega de información, contenidos o servicios en un orden determinado o utilizados para las recomendaciones.
Se creen sanciones de hasta 1.000 UTM para las plataformas digitales o redes sociales que no cumplan las nuevas obligaciones.
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