Un panel de especialistas analizaron este jueves los términos y alcances del contrato criminal firmado entre Juan Guaidó, Jordan Goudreau, Sergio Vergara y J.J. Rendón para agredir a Venezuela a través de la privatización del terrorismo mercenario, que pretendía una fuerza de ocupación en el país y que le otorgaba, a través del pago de una millonaria suma de dólares, todos los derechos para asesinar a líderes tanto del Gobierno como de la oposición, colocación de minas explosivas, ataques a propiedades públicas y privadas, así como la derogación de la Constitución Bolivariana, con plena impunidad.
Durante una Mesa de Discusión en el Palacio de Miraflores, la abogada y Primera Combatiente, Cilia Flores; recordó que para esta operación las investigaciones han revelado un triángulo criminal que incluye la participación de la extrema derecha venezolana…
En este marco, Flores recordó que “corresponde a la Justicia, a los tribunales y la Fiscalía” tomar medidas para que se aplique la “condena conforme lo establece nuestra Constitución y nuestra legislación penal”.
La también abogada calificó el documento firmado por líderes de la oposición con el militar retirado estadounidense Jordan Goudreau como un “contrato criminal” y llamó la atención de que se registrara con detalles en él la “comisión de un delito”.
“No solamente contra Maduro”
“Establece que los mercenarios o sicarios ejecutarán una operación para eliminar a Nicolás Maduro. No solamente a él sino a todo el equipo”, dijo, e insistió en que se trata de una “acción (que) es contra militares y civiles. Venían a atentar. Está previsto en este contrato”.
En este marco, dijo que quienes firmaron y están detrás de estas acciones ya “no son oposición sino delincuentes”, pues “trataron de llenar de sangre y de muerte a Venezuela”.
“No solamente trataron de ejecutar un hecho. Venían avalados por ese contrato, el cual establece que ellos podían usar la fuerza letal, mortal; disparar para eliminar la amenaza”, indicó.
“Todo lo que se acerque al chavismo”
Dijo que según el texto, “no solamente se refieren al gobierno, sino a todos los que estén cerca del Gobierno. Todo lo que se acerque al chavismo iba a ser objeto porque iban a ser fuerzas hostiles”.
Condenó además que se les daría “permiso para que los vehículos, barcos y aeronaves (de los proveedores del servicio) viajen por tierra, mar y espacio aéreo venezolano, libremente. Venían a invadirnos, y quedaban las instituciones venezolanas disueltas”.
Establecían además “la impunidad para que estos agentes quedaran exentos de responsabilidad y no pudiera reclamársele ninguna indemnización”.
Indicó igualmente que “podían detener a civiles para interrogarlos. Venían a tomar el control del sistema de justicia. La seguridad quedaba en manos de ellos”. Y dijo que paradójicamente se establece “la seguridad de los mercenarios”.
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