En el año 2050 se prevé que el 85 por ciento de la población mundial viva en ciudades. El desarrollo urbano viene ligado a problemas como el abastecimiento energético, las emisiones de CO2 y la ordenación del tráfico, entre otros. Por eso surgen los proyectos de «ciudades inteligentes».
El concepto de «ciudad inteligente» o «smart city» está asociado a los de ciudad digital y ciudad conectada, unido a valores como sostenibilidad, cuidado medioambiental y seguridad.
Uno de los proyectos más sonados y revolucionarios de «smart city» es la ciudad de Masdar en Abu Dabi, creada desde cero en pleno desierto. No es el único proyecto–experimento de este tipo, pues hay iniciativas por todo el mundo, como la ciudad de Dongtan en China o el barrio BedZED en Londres. Las ciudades inteligentes que más destacan, en la actualidad, son Yinchuan (China), Songdo (Corea del Sur) y Singapur.
Caminamos, inexorablemente, hacia un mundo hiperconectado, en el que prácticamente cualquier dispositivo o actividad que desarrollemos estará reportando datos, que serán tratados y almacenados. Por ejemplo, los vehículos del futuro proporcionarán datos a centrales de control para organizar el tráfico autónomo. De hecho, en la actualidad, en las grandes ciudades ya se están empleando sistemas que permiten la recolección masiva de datos, por ejemplo, para controlar el tráfico. Estos sistemas permiten hacer conteos, clasificar a los vehículos, medir las velocidades medias y la densidad del tráfico.
En la ciudad de Yinchuan la cara es la tarjeta de crédito. En los autobuses locales, los programas de reconocimiento facial han reemplazado a las taquillas. Las caras de los pasajeros están asociadas con sus cuentas bancarias y no se admite dinero en efectivo. En muchas oficinas públicas de Yinchuan se ha reducido considerablemente el número de funcionarios, en su lugar hay hologramas y códigos QR que cubren las paredes de las oficinas, permitiendo a los ciudadanos obtener respuestas rápidas a preguntas comunes.
Todo esto sin contar que las autoridades, gracias a las numerosas cámaras instaladas, pueden saber cuándo entras y sales de la ciudad, por donde transitas, dónde compras, etc. El problema es que se hace con toda esa información, dónde se almacena, cómo se protege y quién la gestiona.
Otro ejemplo y este más cercano. La ciudad de Marbella se ha convertido en el mayor laboratorio de videovigilancia de España, gracias a la capacidad de búsqueda intensiva de sujetos a través de las cámaras de seguridad de la Policía Local. El sistema, que emplea un software de Inteligencia Artificial, está tan desarrollado que permite a las autoridades hacer una selección basada en el análisis de características del individuo tales como edad, género, expresión facial e incluso color del pelo o ropa, y todo esto en alta resolución.
Recientemente, en Portugal se ha generado una enorme polémica tras la presentación por parte del Gobierno a la Asamblea de la República del Proyecto de Ley 111/XIV/2. Dicho texto propone la vigilancia biométrica masiva en espacios públicos a través del reconocimiento facial. También propone la vigilancia mediante drones con cámaras sin límites ni condiciones de uso.
La propuesta del gobierno portugués choca con los planteamientos de la ONU y la Unión Europea, cuyo Parlamento aprobó en el año 2021 el llamado «Informe sobre la Inteligencia Artificial en el Derecho penal y su utilización por las autoridades policiales y judiciales en asuntos penales», que destaca la «obligación legal de prevenir la vigilancia masiva mediante tecnologías de Inteligencia Artificial, que por definición no cumple los principios de necesidad y proporcionalidad, y de prohibir el uso de aplicaciones que puedan dar lugar a dicha vigilancia masiva».
La gestión de datos personales genera numerosos conflictos y la de datos no personales también. En la gestión de datos no personales de forma masiva los usuarios pasamos de ser los clientes a ser el producto a vender a otras compañías. Existe una gran preocupación a nivel de la Unión Europea por tratar de generar un marco jurídico para que la libre circulación de datos no personales se haga de forma segura, para lo cual se ha publicado el Reglamento (UE) 2018/1807, de 14 de noviembre de 2018.
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