«Reiteramos que el uso discrecional de la inhabilitación para ejercer cargos públicos quebranta derechos políticos del ciudadano. La Constitución establece que solo puede ser suspendido tras ‘sentencia judicial firme en los casos que determine la ley’, cosa que no sucede», explicó Roberto Picón.
El artículo 65 de la Constitución venezolana refiere que «no podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito».
Además, Picón subrayó la necesidad de solucionar, «al menos parcialmente», el problema de las inhabilitaciones políticas de candidatos postulados en estos comicios.
Para ello el rector instó a los partidos políticos a realizar las sustituciones de los inhabilitados, con el fin de evitar que los votos contados a ellos sean nulos.
«Instamos a los partidos a completar las sustituciones, y a todos los afectados a reclamar el debido proceso ante las instancias competentes», especificó.
En septiembre, Picón había rechazado el uso de la sanción de inhabilitación contra aspirantes a los comicios.
Vemos con preocupación cómo vuelve a entrar en la escena política del país el uso de la sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, en tiempos en que se avecina un proceso electoral», expresó Picón.
Venezuela escogerá el 21 de noviembre a los gobernadores de 23 estados y a los alcaldes de 335 municipios, así como a los representantes de los consejos legislativos.
Son los primeros comicios a cargo del Poder Electoral actual, que fue elegido en mayo por el Parlamento de mayoría chavista y está compuesto por tres rectores de perfil oficialista, Pedro Calzadilla, Tania D’Amelio y Alexis Corredor; y dos opositores, Enrique Márquez y Roberto Picón.
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