No habla de reformas Tributaria y Pensional sino de Ley de Crecimiento Económico y reforma a la estructura del sistema de protección a la vejez, respectivamente. Una estratégica utilización del lenguaje frente a iniciativas que impactan a la ciudadanía en general.
Fue a finales de octubre de 2018, luego de varios meses de múltiples anuncios, que el gobierno del presidente Iván Duque radicó ante el Congreso el proyecto de Ley de Financiamiento, cuyo objetivo era obtener $ 14 billones faltantes del Presupuesto General de 2019. La misma iniciativa que, casi un año después, la Corte Constitucional hundió por errores de procedimiento en su aprobación en el Capitolio, por lo que la Casa de Nariño se tuvo que apresurar a presentar una nueva propuesta, a la que llamó ‘Ley de Crecimiento Económico’. En el fondo, en uno u otro caso, de lo que se trató fue de una evidente Reforma Tributaria.
Este fin de semana, la ministra de Trabajo, Alicia Arango —quien, por cierto, está de salida, pues a mediados de febrero pasará a encabezar el Ministerio del Interior— comenzó a develar los pormenores de lo que será la Reforma Pensional de la administración Duque, la cual, aseguró, será llevada a la Mesa de Concertación Laboral en la que tienen asiento empresarios y trabajadores. Posteriormente, fue el mismo jefe de Estado quien ratificó lo dicho por Arango, hablando de herramientas en las que la prioridad sea el aumento de la cobertura y que se garantice equidad. Pero no le llamó Reforma Pensional sino “reforma a la estructura del sistema de protección a la vejez”.
El presidente Iván Duque salió en defensa de las palabras de la ministra de Trabajo, Alicia Arango, sobre la reforma pensional y la propuesta de contratar por horas. Dijo, además, que el empleo informal está por el orden del 47 %.
Y así son varios los ejemplos en el gobierno Duque: llamar “estabilización” a la implementación de los acuerdos de paz que firmó su antecesor con la hoy desmovilizada guerrilla de las Farc o hablar de “paz con legalidad”, un discurso que, dicen algunos, de entrada cuestiona la legitimidad de lo pactado. O hablar de “devolución del IVA” y no de subsidios a los pobres. O cuando se rumora en altas esferas de la Casa de Nariño de “acuerdos programáticos” con algunas fuerzas políticas, léase Cambio Radical, para tratar de garantizar gobernabilidad, cuando de lo que se trata es, advierten los críticos, de una “repartija burocrática”.
En conclusión, una estratégica utilización del lenguaje en la que, según los analistas, la intención de disfrazar las cosas y no decirlas por su nombre. “El propósito de estos eufemismos consiste en darle un toque sutil y decoroso a reformas impopulares y claramente lesivas para las personas asalariadas del país”, enfatiza el catedrático de la Universidad Nacional, Andrés Felipe Mora. En respuesta, desde el Ejecutivo recalcan que no se trata de disfrazar nada, simplemente de definir las leyes a partir de sus objetivos. Lo cierto es que lo que se ve hasta el momento es que el presidente Iván Duque, en año y medio que lleva de mandato, no ha podido consolidar el “gran pacto nacional” del que habló el día en que se posesionó.
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