Nicolas Petro Burgos, además, tras haber triunfado su padre en las elecciones del 19JUN22, adelantó a su exesposa Day Vásquez que él haría grandes negocios con la empresa petroquímica Monómeros,
El gobierno de Gustavo Petro rápidamente se ha cubierto de señales de corrupción y vínculos con el narcotráfico que habrían comenzado incluso desde la propia campaña electoral.
Información hecha pública por su exposa, dan cuenta que el hijo del presidente de Colombia, Nicolas Petro Burgos, recibió importantes sumas de dinero de reconocidos narcotraficantes destinados a financiar la campaña electoral de su padre.
Nicolas Petro Burgos, además, tras haber triunfado su padre en las elecciones del 19JUN22, adelantó a su exesposa Day Vásquez que él haría grandes negocios con la empresa petroquímica Monómeros, propiedad del estado venezolano y localizada en Barranquilla, Colombia. “Esto es para una vaina grande que vamos a manejar” habría dicho Nicolas Petro a su exesposa, según la Revista Semana.
Tal como reportara este Informe, Petro y su embajador ante Maduro, Armando Benedetti, mostraron especial interés en avanzar rápidamente en la devolución de Monómeros a la dictadura chavista ya que la empresa permanecía bajo control de representantes de la oposición venezolana.
La junta directiva designada por Maduro, inscrita en la Cámara de Comercio de Barranquilla el 09SEP22, incluyó a dos ciudadanos colombianos, Rodrigo Ramírez Salazar y Cristóbal Padilla Tejeda vinculados con el gobierno Petro. El 19SEP22, el embajador de Maduro en Bogotá, Félix Plasencia, firmó con el superintendente de Sociedades de Colombia, Billy Escobar, un acuerdo mediante el cual Colombia devolvía Monómeros al régimen chavista y reconocía la junta directiva designada por Maduro. Tres días después, el embajador Benedetti ya anunciaba el primer gran negocio entre el gobierno Petro y Monómeros con la compra de 16 mil toneladas de urea a Venezuela.
Hoy en día se sabe que Rodrigo Ramírez, el directivo de la empresa Monómeros designado por Maduro, es amigo, socio y compañero de política del hijo de Gustavo Petro. Además, el embajador Benedetti y Nicolás Petro son aliados políticos en la costa colombiana. Benedetti fue el jefe de campaña de Gustavo Petro la cual habría recibido dinero del narcotráfico por intermedio de Nicolas Petro. Mucha tela de donde cortar…
La noche del 11MAR23 circulaban en Bogotá rumores sobre la renuncia o virtual destitución de Benedetti. Gustavo Petro llamó con carácter de urgencia a su embajador a Bogotá y lo recibió el 09MAR23 en la Casa de Nariño. El tema de Nicolas Petro habría sido el asunto que motivo esa citación del embajador y asesor a Palacio.
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Y por si fuera poco. La esposa de Gustavo Petro, Verónica Alcocer, incluyó en su viaje a Italia con visita al papa Francisco en el Vaticano el 14ENE23 y en su viaje a Caracas para reunirse con Cilia Flores en el Palacio de Miraflores el 31ENE23, a un empresario amigo de la familia de nombre Manuel Grau, a quien presentó como funcionario público asesor del despacho de la Primera Dama. Grau forma parte de un grupo de españoles que recibieron la nacionalidad colombiana a pocas semanas de la toma de posesión de Petro, alguno de ellos relacionado con la banda terrorista Terra Lliure. Verónica Alcocer visitó el Palacio de Miraflores sin hacerse acompañar de funcionarios de la cancillería colombiana.
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Por cierto. El canciller de Colombia, Álvaro Leyva Durán, viajó a Venezuela el 07MAR23 con el exclusivo propósito de sostener una reunión privada con Nicolás Maduro. El encuentro se produjo en momentos cuando en Ciudad de México se discutían detalles finales de un acuerdo entre Petro y la narcoguerrilla del ELN. Como ya había ocurrido durante la visita de la primera dama colombiana a Miraflores, Leyva Durán no se hizo acompañar del embajador Benedetti o alguno de los funcionarios diplomáticos acreditados por Colombia en Caracas. Muchos secretos al parecer corren entre Gustavo Petro y Maduro.
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A propósito de los diez años del anuncio de la muerte de Hugo Chávez, se produjo el 05MAR23 en Caracas una concentración de las principales cabezas del castrochavismo continental. En el evento central con Nicolás Maduro como maestro de ceremonia, tomaron la palabra el nicaragüense Daniel Ortega, los exmandatarios de Bolivia, Ecuador y Honduras, Evo Morales, Rafael Correa y Manuel Zelaya, el primer ministro de San Vicente y Granadinas Ralph Gonsalves presentado por Maduro como “el león del Caribe”, el presidente de Bolivia Luis Arce y el cierre correspondió a Raúl Castro. En el presídium, en segunda fila aparecía entre otros activistas extranjeros, el brasileño João Pedro Stédile, jefe del violento “Movimiento de Trabajadores Sin Tierra”, encargado de los “movimientos sociales” de la alianza castrochavista ALBA y cabeza del aparato de choque callejero del partido de Lula da Silva.
El acto formó parte de un conjunto de eventos para la exaltación de Chávez y la celebración de diez años de permanencia de Maduro en el poder. El chavismo se siente cómodo, la presión internacional se ha reducido, la oposición interna está enfocada en una lucha intestina por la candidatura para unas hipotéticas elecciones y, como en tiempos de Chávez, nuevamente el régimen organiza eventos festivos de amalgamiento político en Caracas con sus aliados extranjeros. La presencia de Castro, poco dado a viajar fuera de Cuba, dejaba ver la continuidad del eje La Habana – Caracas como epicentro de la agenda política castrochavista que a su vez extiende manto protector a la dictadura de Daniel Ortega. El colombiano Gustavo Petro no asistió al evento de recordación de su viejo amigo Chávez pero estuvo representado por su embajador ante Maduro, Alberto Benedetti. La ausencia de Cristina Kirchner, Dilma Rousseff y Lula da Silva dejó en el ambiente que no todo es armonía entre las distintas alas de la izquierda continental.
La posición crítica del chileno Gabriel Boric con las dictaduras de Venezuela y Nicaragua, el distanciamiento preventivo de Lula y Petro con la dictadura de Nicaragua, los enfrentamientos entre Evo Morales y el presidente Luis Arce en Bolivia y de Cristina Kirchner contra Alberto Fernández en Argentina, mantienen focos de perturbación al interior de la aparentemente homogénea izquierda continental.
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Lula da Silva se está proponiendo como intermediario en el conflicto político venezolano. Celso Amorin, mano derecha de Lula en asuntos de diplomacia paralela, tras visitar Caracas afirmó que “Brasil será ciertamente un actor importante y reconocido” (…) “oí palabras de agradecimiento por la visita de todos con quienes conversé”. Al parecer Amorin se refería al proceso de negociaciones que Maduro y algunos sectores opositores han mantenido en México con auspicio de EEUU y que permanece paralizado desde noviembre pasado por decisión del régimen chavista.
Para una primera aproximación directa con Nicolás Maduro tras la toma de posesión del 01ENE23, Lula da Silva no envió a Caracas a su canciller Mauro Vieira, sino a su asesor presidencial, excanciller, fundador del Grupo de Puebla y ahora encargado de la diplomacia presidencial directa Celso Amorin. La selección de Amorin para esta misión reveló el carácter estrictamente político de la agenda. El viaje del enviado de Lula se mantuvo en total secreto en Brasilia y sólo se hizo público cuando Amorin se encontraba, el 08MAR23, ya reunido con Maduro en el Palacio de Miraflores, lugar bien conocido por el brasileño quien en el pasado actuó como emisario directo entre Lula y Hugo Chávez. El actual cargo oficial de Amorin es “Asesor Especial de la Presidencia de la República” pero en la práctica está ejerciendo como un canciller en paralelo.
Según la versión de Maduro la visita tenía como propósito reactivar las relaciones entre los dos países. En Brasilia, en tanto, voceros del gobierno dejaron correr la versión según la cual el principal propósito de la conversación era ratificarle a Maduro la posición de Lula en cuanto a la necesidad de realizar elecciones presidenciales “competitivas” en 2024, ya que según Amorin, Brasil “da gran importancia al proceso democrático que se está diseñando” en Venezuela. No queda muy claro a cuál “proceso democrático” se refiere el brasileño, pero en medios diplomáticos y de prensa en Brasilia se daba por descontado que este mensaje a Maduro se corresponde con el ofrecimiento de Lila al gobierno de EEUU para actuar como moderador en la crisis venezolana. En todo caso Amorin dejó saber a la periodista Janaina Figueiredo de OGlobo que al momento de tocar el tema electoral al dictador venezolano lo hizo suavemente, “no de manera que pareciese que yo estaba colocando en duda que eso [las elecciones] ocurrirá”. Ya en Brasilia, Amorin dijo a la prensa que había visto en Venezuela “un clima muy grande de incentivo a la democracia”.
El enviado de Lula sostuvo además un encuentro con varios representantes de la oposición, el cual no fue hecho público por los participantes en Caracas. Amorin sólo precisó haberse encontrado con miembros del grupo de partidos denominado G4, específicamente con Henrique Capriles Radonski del partido Primero Justicia archirrival de Juan Guaidó en el actual pleito por una candidatura opositora para las hipotéticas elecciones de 2024. En 2012 y 2013 el entonces candidato presidencial Capriles Radonski habría recibido respaldo financiero de empresas brasileñas que simultáneamente hacían donaciones al partido oficialista PSUV.
Amorin también se habría reunido igualmente con Gerardo Blyde, el jefe de la delegación opositora en las paralizadas negociaciones de México y con otros representantes partidistas como el prooficialista Timoteo Zambrano.
La opositora María Corina Machado no estuvo en la lista de los visitados por el enviado de Lula.
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Según Amorin, entrevistado por Figueiredo el 10MAR23, Maduro habría reconocido que el gobierno de Venezuela adeuda a Brasil cerca de mil millones de dólares y habría ofreció pagar “cuando pueda”. Este punto desmintió la versión expuesta el 23ENE23 por Lula en Buenos Aires, donde afirmó que Maduro estaba en mora con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, porque el gobierno de Jair Bolsonaro no quería recibir los pagos. Según cifras oficiales, al 30SEP22 los pagos vencidos y no cumplido por Venezuela sumaban US$ 682 millones además de US$ 120 millones prontos a vencer. Esta deuda corresponde con desembolsos por más de 1,5 millardos que el BNDES, bajo los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff, realizaron especialmente a favor de constructoras brasileñas que mantenían contratos con el régimen chavista y que, simultáneamente, financiaban a Lula y su partido.
Tras el paso de Amorin por Caracas, la cancillería de Maduro envió el 10MAR23 a Brasilia un funcionario de tercer escalón, el viceministro para América Latina, con el objeto de sostener reuniones de coordinación con la cancillería brasileña de Itamaraty para diseñar una agenda de trabajo bilateral.
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Apenas dos días después del paso del enviado de Lula por Caracas pidiendo elecciones “competitivas”, el régimen chavista confirmó lo que no es secreto. Jorge Rodríguez, alto jerarca del régimen y negociador en nombre de Maduro, dejó saber que “no va a firmar ningún acuerdo, con ese sector de la oposición venezolana hasta que esté cien por ciento libre de sanciones, hasta que no se levanten las 765 medidas coercitivas unilaterales”.
Los sectores de la oposición que participan en las pláticas llamadas negociaciones de México, han alegado que persiguen justamente, alcanzar acuerdos para unas elecciones generales “competitivas”. Cuando fueron retomadas las conversaciones el 26NOV22, la oposición empujada por el gobierno de EEUU, suscribió un acuerdo para procurar la liberación de recursos financieros del estado venezolano congelados por gobiernos y bancos extranjeros. El gobierno de Joe Biden, dando como bueno ese acuerdo, procedió ese mismo día a liberalizar algunas sanciones al régimen incluyendo el permiso para que la petrolera Chevron reiniciara explotación y exportación de crudo desde Venezuela y suministrara a la estatal Pdvsa de insumos procedentes de EEUU. Desde entonces el gobierno Maduro se ha negado a retomar las conversaciones con la oposición la cual había prometido que a partir de una segunda ronda, a celebrarse en diciembre de 2022, comenzaría la negociación “de fondo” sobre los aspectos políticos, es decir, condiciones electorales entre otros.
El régimen chavista nuevamente ha dejado saber que no negociará condiciones electorales, condicionando posibles acuerdos a que EEUU y la Unión Europea anulen las sanciones que pesan sobre cientos de altos jerarcas del chavismo y sobre las empresas estatales
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