Cuando la política se ejerce a distancia de razones que explican su pertinencia en relación con los problemas terminales que acosan al sistema social, los conflictos saltan por doquier. Las crisis políticas se avivan para entonces preceder y presidir situaciones de toda naturaleza y condición. Emergen problemas referidos a cuestiones políticas internas, negociaciones disfrazadas de necesidades elaboradas en laboratorios de oscura categoría, consideraciones propias de la rutina burocrática y reacciones que develan arrebatos de espacios políticos sin otra justificación que la soberbia, el sectarismo interno y la revancha entre facciones.
Es el problema que consumió al régimen venezolano, luego de advertir que su popularidad dependía del reparto desigual de los ingresos que generaba la renta petrolera. Pero cuando esa misma renta comenzó a mermarse a consecuencia del grotesco manejo administrativo y financiero del cual fue objeto a instancia del populismo cuyo imposición requería de criterios que presumían de “revolucionarios”, la cúpula del régimen entendió que era necesario invertir la letra que daba sentido y forma a las estrategias políticas utilizadas para arrinconar al país y reducirlo a su mínima expresión. O el manido “Plan de la Patria” se vería contraído en términos de los compromisos que alardeó como mecanismo para la instrumentación del embaucador “socialismo del siglo XXI”.
De manera que había que inventar cualquier explicación o excusa que, aplicada como política pública, diera al traste con toda intención de los factores de la oposición democrática de poner al descubierto las argucias que desde el principio ha venido forjando el régimen para enquistarse en el poder. Indistintamente, de los postulados que hubiese trazado la Constitución. Pues a la hora de defender la subsistencia como medida extrema en el ámbito de la estabilidad política, forzada y alevosamente concebida, no hay más respuestas que aquellas procedentes o resultantes de cuanto absurdo fuera capaz de contener la verdad y de disolver la incómoda institucionalidad democrática. Todo esto había que justificarlo, sin medir consecuencias de ninguna índole. Sin que importara nada. Cayera quien cayera. Y en efecto. Así el régimen logró enarbolarse, en nombre de un pueblo con hambre. Pero engañado para que alegara que se restearía “por la patria”.
Fue entonces como la idea de escamotearle el triunfo electoral a los paridos de la Unidad Democrática, alcanzado el 5-D de 2015, en un esfuerzo prolongado y persistente que hasta hoy se ha mantenido, el régimen se valió del concurso de un Tribunal Supremo de Justicia, amañado y alcahuete desde su Sala Constitucional, para apalear política, jurídica y administrativamente, la labor legislativa que ha desarrollado una Asamblea Nacional mayoritariamente demócrata.
Innumerables objeciones realizadas, en el curso de estos años, por dicha Sala Constitucional, ilegítima y cuestionada dada la incompetencia que por ley deben cumplir sus magistrados, fueron constriñendo al Poder Legislativo en su fuero político-institucional. Incluso, el osado atrevimiento de sus espurios magistrados, develó todo lo que venía siendo encubiertamente pretendido detrás de acusaciones, refutaciones y negaciones convertidas en inconsistentes sentencias. Siempre escudadas con la fuerza de la amenaza y de la violencia disfrazada de legalidad.
Detrás de todo, la cuestionada Sala Constitucional ha buscado el reemplazo de las funciones que competen a la Asamblea Nacional. Contrario a lo establecido por la Constitución de la República. De esa forma, el régimen ha podido manejar el ordenamiento jurídico del proceder nacional al reducir al Poder Legislativo a una mínima expresión. Tanto, que ha agobiado los derechos y deberes constitucionales del Parlamento.
Esto pareciera haber ido más allá de lo que esta breve disertación expone. Y no es nada más grave que intentar salirle al paso a obligaciones de razón económica que no podrá cumplir el gobierno de verse supeditado al respectivo ordenamiento jurídico determinado por preceptos de la Constitución Nacional. Particularmente, toda vez que la transgresión pretendida ha sido definida como factor de acusación por instancias internacionales al ver cometidas graves fechorías que condenaron a la nación a sanciones. Pero especialmente, a funcionarios cuyos delitos no prescriben. Además, imposibles de ocultar. A pesar de la cooperación de oscuras huestes que igual buscan aprovecharse de las circunstancias en beneficio propio. Sin embargo, detrás de tan cáustica situación, desde el régimen siguen procurándose mecanismos que se plantean el enquistamiento en el poder a cualquier precio. Hay quienes han explicado tan alevosa crisis, al decir que esto configura la vergonzosa distancia entre el putrefacto valor del petro y la grosera usurpación. Entonces, en medio del “gigante desbarajuste” en que funcionarios de poca monta, en altos cargos, convirtieron la República de Venezuela, cabe preguntarse ¿cuántos petros por usurpar?
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