Cuba: Rechazan violaciones de los derechos de expresión y manifestación pacífica

La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información rechaza el acoso y la represión a la sociedad civil cubana que expresa su oposición a las políticas del gobierno. Los acuerdos internacionales de derechos humanos reconocen a la manifestación pacífica como una de las formas de materialización pública del derecho a la libertad de expresión, cuyo goce no depende de ideología alguna sino de la condición de persona de sus titulares. Por eso exhorta a organismos e instituciones internacionales de promoción y defensa de los derechos, a pronunciarse con urgencia en favor del respeto a la libre expresión y manifestación en Cuba, de las garantías a la integridad física de la ciudadanía que se manifieste pacíficamente, y el compromiso con el debido proceso en los trámites judiciales.

Negar estos derechos a quienes disienten, violenta los acuerdos y principios internacionales, y eso es lo que está ocurriendo en Cuba:

Las protestas populares que alcanzaron a todo el país el 11 de julio del 2021, constituyeron el ejercicio más grande de expresión pública contraria a las políticas del gobierno cubano desde el año 1959. Su represión violenta en las calles y al interior de los centros de detención, llegó incluso a terminar con la vida de un joven manifestante con un disparo en la espalda, de manos de un policía. Actualmente el gobierno procura legitimar su accionar con juicios sumarios e irregulares (sin asistencia de abogados/as en muchos casos) contra más de 500 manifestantes que aún permanecen privados de libertad en cárceles cubanas, e impulsa desde la Fiscalía penas de prisión de hasta 18 años. Se desconoce la existencia de procesos judiciales que revisen el uso excesivo de la fuerza que se observa en videos, o los testimonios de torturas y malos tratos.

Por su parte, quienes integran el Grupo Archipiélago son víctimas de una constante represión desde que impulsaran por los canales institucionales una marcha pacífica para exigir la liberación de los presos políticos, el fin de la violencia policial y la solución pacífica de las diferencias entre cubanos. El hostigamiento manifestado en una campaña pública de descrédito, también se apoyó en interrogatorios irregulares a quienes promueven la iniciativa y despidos de sus centros laborales. Las autoridades declararon ilícita la marcha convocada por Archipiélago argumentando que la Constitución cubana prohíbe promover acciones que pretendan cambiar el modelo socialista declarado irrevocable en su artículo cuarto, y la Fiscalía General de la República citó a sus referentes para advertirles de las consecuencias penales que pudieran derivarse de su decisión de manifestarse en las calles el 15 de noviembre próximo.

Ante los atropellos ocurridos y anunciados, acompañamos el pedido de las organizaciones cubanas miembro de nuestra red[1], exhortando a un pronto pronunciamiento que reclame al Gobierno de Cuba garantizar los derechos de expresión y manifestación pacífica, así como el debido proceso judicial, por parte de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la representación especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y las Relatorías Especiales para la Libertad de Expresión de la CIDH y la ONU.