Aseguran los denunciantes que la exfuncionaria y particulares contaban con la protección y apoyo de la Ex Fiscal General Luisa Ortega Díaz exiliada en Colombia, exViceFiscal General Dr. Rafael González, para la persecución penal de su defendido Noel Ramón Gorrín
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Quienes así lo declaran, son los conocidos litigantes desde la sede de la Fiscalía Superior del Ministerio Público del estado Barinas, Robert Alvarado y Jameiro Aranguren, luego de formalizar ante el despacho del Fiscal Superior Dr. Luis Fernando Ramírez, la denuncia soportada y documentada contra los ciudadanos Almarys Del Valle González Hernández, exfiscal provisorio décimo séptima del Ministerio del estado Barinas durante los años 2015 al 2018 como coautora, Eliezer Regino Jiménez Escalona cónyuge de la anterior como coautor, y Sandra Del Gree Martínez Urriola como facilitadora; por los presuntos delitos de CONCIERTO DE FUNCIONARIO PÚBLICO, TRÁFICO DE INFLUENCIAS DE FUNCIONARIO PÚBLICO CON PARTICULARES y SUPOSICIÓN DE VALIMIENTO CON FUNCIONARIO PÚBLICO, previstos en los artículos 72, 73 y 81 de la Ley contra la Corrupción, concurso real de delitos en ejecución de un fraude procesal según el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil; actos delictuales reñidos con la ética del ejercicio de la abogacía articulo 50 de la Ley de Abogados; por haber desatado una cacería implacable, persecución penal contra el ciudadano Noel Ramón Gorrín en la causa penal EP01-P-2016-001796 que cursa ante el Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal en Materia de Violencia de Género del Circuito Judicial Penal del estado Barinas; donde se dio el hecho repugnante y aborrecible que la exfiscal y el querellante cónyuge recibieron un poder autenticado de parte de la ciudadana Sandra Martínez, a quien se le prometió infructuosamente que por las influencias y poder que tenían ante la ExFiscal General Luisa Ortega Díaz, exViceFiscal General Dr. Rafael González en los años 2015 al 2018, lograrían aprehender mediante una orden de aprehensión a nuestro defendido para cobrar una supuesta deuda de carácter civil en la jurisdicción especializada de violencia, y así lograr una indemnización de daños y perjuicios mediante un acuerdo reparatorio tal como lo expresa taxativamente el poder otorgado en los años 2017 y 2019.
Nos relata el conocido jurista Robert Alvarado que el hecho denunciado no sólo reviste carácter penal, sino que atenta contra la ética en el ejercicio de la abogacía y que está exfiscal con su cónyuge, prevalidos del poder que les daba ser sobrina y pariente afín del exViceFiscal General Dr. Rafael González, se jactaban de asegurar en los predios judiciales de Barinas de que nuestro defendido tendría que pagar tarde o temprano, ya que ellos contaban con el poder que emanaba de la Fiscalía General de la República.
De igual manera, el conocido litigante barines Jameiro Aranguren a título de reflexión nos indica que los delitos contra la corrupción y contemplados en la Ley contra la Corrupción no prescriben, y que tarde o temprano la exfiscal, su cónyuge y la ciudadana facilitadora con ellos tendrán que acudir a los órganos judiciales y despachos fiscales, ya que su concierto y el iter criminal que comenzaron en diciembre del 2015 se mantiene aún en ejecución de un fraude procesal con la juez Franchesca Giuliana Castillo Cianitto, Juez del Tribunal Primero De Primera Instancia en funciones de Juicio con Competencia De Delitos de Violencia contra La Mujer del Circuito Judicial Penal del estado Barinas; donde esta ciudadana resolvió su propia recusación y aún mantiene una orden de aprehensión en contra de nuestro defendido pero que de igual manera está siendo investigada y sometida en el despacho fiscal que conoce el Fiscal Décimo Quinto, Henry Omar Rico Hernández, es por esto que hacemos del conocimiento público nacional al Fiscal General, Dr. Tarek William Saab, Vicefiscalía General, Dirección de Actuación Procesal y la Dirección contra la Corrupción y Delincuencia Organizada, que de ser necesario y por los intereses encontrados entre las partes se designe para coordinar la investigación fiscal de manera objetiva e imparcial. A un fiscal con competencia nacional en la materia de delincuencia organizada y corrupción.
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