Un grupo de republicanos envió correos en 2019 a la Casa Blanca advirtiendo de los nexos de Sarah Hannah Georges, asesora de Nayib Bukele, con el régimen venezolano
Raúl Gorrín, empresario venezolano acusado en Estados Unidos de lavado de dinero y de servir de testaferro al dictador Nicolás Maduro.
Sara Hanna Georges es una de las principales asesoras políticas del presidente salvadoreño Nayib Bukele y de su hermano Karim. Ella fue uno de los cerebros tras momentos clave en la presidencia Bukele, como la toma armada del Congreso en 2020, la adopción del Bitcoin como moneda circulante o medidas draconianas adoptadas durante el cierre por la pandemia de Covid-19. Reacia a dar la cara en público, esta venezolana aparece como sujeto de interés o sospechosa en expedientes de investigación abiertos en El Salvador y Estados Unidos.
Uno de esos expedientes la ata a Raúl Gorrín, el testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro que es prófugo de la justicia estadounidense y a David Rivera, un ex congresista de la Florida procesado por fraude y lavado de dinero.
El nombre de Hanna Georges saltó a la vista de agentes federales estadounidenses involucrados con la investigación a Gorrín, el ex dueño de una cadena televisiva venezolana que fue uno de los principales operadores políticos y financieros del régimen de Maduro. En Estados Unidos a Gorrín se le juzga por lavar cerca de mil millones de dólares y entregar sobornos por USD 94 millones como parte de la operación política de Maduro en Estados Unidos.
A finales de abril pasado, el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos intensificó la búsqueda de Gorrín, quien es prófugo de la justicia estadounidense desde el 16 de agosto de 2018, cuando fue acusado por delitos financieros y de blanqueo de capitales.
Aquel año, Estados Unidos decomisó a Gorrín todos los bienes que posee en suelo estadounidense, sobre todo en Miami.
De la investigación a Gorrín, que arrancó en 2017, se desprendieron otras que relacionaron a personas supuestamente vinculadas a Maduro, como el ex congresista de la Florida David Rivera, con quien Gorrín negoció un soborno y quien, de acuerdo con una acusación hecha por el Departamento de Justicia en el distrito sur de la Florida, recibió unos USD 50 millones de Maduro. En medio de esa maraña aparece el nombre de Sara Hanna Georges, la asesora de Nayib Bukele, según Infobae ha confirmado a través de expedientes estadounidenses a los que ha tenido acceso, con dos agentes al servicio de agencias federales de investigación, con un operador del partido republicano y con un ex funcionario de la administración Trump.
En 2017, cuando Gorrín vivía sin problemas en Miami y movía dinero de Maduro por la Florida, se reunió con Lilian Tintori en Miami. La mujer, esposa del líder opositor venezolano Leopoldo López, pidió ayuda económica a Gorrín, de acuerdo con una investigación publicada por la cadena Univisión en mayo de 2020. Gorrín accedió a entregarle medio millón de dólares, según confirmó luego David Rivera. Tintori aceptó que se había reunido con Gorrín pero negó que le hubiesen entregado dinero.
Los agentes federales que entonces seguían la pista a Gorrín y Rivera detectaron que el primero había hecho una transferencia de dinero, USD 500.000 justos, a una intermediaria. La investigación de Univisión confirma que la cantidad fue transferida a una tercera persona. De acuerdo con un contratista del Departamento de Justicia relacionado con la investigación a Rivera y con un operador republicano que siguió la trayectoria de Gorrín en Florida e informó al respecto a legisladores de su partido en el congreso federal en Washington, esa intermediaria fue Sara Hanna Georges.
Sara Hanna Georges es señalada en Estados Unidos por vínculos con Raúl Gorrín, testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro.
La información quedó plasmada en una serie de correos electrónicos y documentos-resumen de reuniones sostenidas por los investigadores con miembros de la administración de Donald Trump en Washington, a algunos de los cuales Infobae ha tenido acceso.
En enero de 2019, “varios diplomáticos estadounidenses fueron informados sobre reportes específicos de pagos sustanciales que se habían hecho a cuentas a nombre de Sara Hanna Georges por al menos un testaferro del régimen de Maduro”, escribió un ex funcionario republicano que asesoró a congresistas de ese partido en temas relacionados con Venezuela y está al tanto de esas comunicaciones.
Infobae intentó contactar a Hanna Georges a través de la casa de gobierno salvadoreña, donde sigue siendo asesora, para consultarla respecto a estos señalamientos, pero no hubo respuesta.
En septiembre de 2021, en un amplio reportaje, el medio venezolano Armando Info reveló detalles de la relación entre Leopoldo López, Lilian Tintori y Sara Hanna.
“La base de operaciones de Sara Hanna en Miami fue una oficia de relaciones públicas tanto para Leopoldo López como para su esposa… Sara Hanna fue la responsable, concuerdan las fuentes, de la promoción de la figura y de la causa del entonces preso político del régimen de Nicolás Maduro y del manejo de los fondos para tal fin”, dice parte del informe periodístico.
En la capital estadounidense, un ex funcionario republicano que ha investigado los movimientos de Gorrín y Rivera y su relación con Maduro y parte del exilio venezolano en la Florida explica: “Rivera fue lobista de PDVSA -la estatal petrolera venezolana- y Gorrín se vendió a algunos republicanos como una especie de backchannel (canal alternativo) de comunicación con Maduro. En esos grupos donde estaban ellos aparecía el nombre de Sara Hanna”.
Hanna Georges no es la única línea que ata a Bukele con Maduro, Venezuela y su petróleo. Desde al menos 2013, PDVSA inyectó dinero a la operación política de Bukele, cuando el actual presidente de El Salvador era alcalde de Nuevo Cuscatlán, el suburbio de clase media alta aledaño a la capital en el que empezó su carrera política.
El dinero llegó hasta Bukele en forma de préstamos hechos por empresas fachada de un conglomerado llamado Alba Petróleos, las cuales fueron investigadas por lavado de al menos USD 600 millones. Esa investigación fue enterrada por Rodolfo Delgado, un ex empleado de Alba Petróleos a quien Bukele y sus diputados nombraron fiscal general de El Salvador en mayo de 2021.
Para octubre de 2018, cuando ya la justicia estadounidense había cerrado la pinza en torno a Raúl Gorrín, Hanna se había ido de Miami a explorar una nueva aventura política con Bukele, quien entonces se alistaba para correr tras la presidencia de El Salvador.
La mujer que mueve los hilos desde las sombras
Cuando el 1 de mayo de 2021 Raúl Melara, entonces fiscal general de El Salvador, tuvo que salir corriendo de su despacho se llevó consigo documentos de la investigación más importante abierta por su oficina. A ese caso, Melara, sus fiscales y agentes estadounidenses que los apoyaron lo bautizaron como Caso Catedral, por su tamaño y alcances. Y fue por esa investigación que el congreso bukelista destituyó a Melara.
El Caso Catedral es una investigación que la Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR) abrió en 2020 con apoyo de agencias federales estadounidenses, en el cual los fiscales, entonces al mando de Melara, acumularon todas las denuncias y pesquisas alrededor de Bukele y sus funcionarios y asesores. Una de las principales conclusiones de aquella investigación fue que en el gobierno salvadoreño operaba una organización criminal encabezada por algo que los fiscales llamaron “centro de poder”, el cual estaba dirigido por los hermanos del presidente y en el que también aparecía Sara Hanna Georges, la venezolana.
Los Bukele, Hanna, la jefa de gabinete del presidente y el secretario de comercio son algunos de los que aparecen en el primer nivel de influencia de la organización. En ese nivel, de acuerdo con los fiscales, “se encuentran personas que son cercanas al centro de poder y además tiene disposición sobre las líneas de acción de varios ministerios…” Los objetivos finales de la organización, según un resumen del Caso Catedral del que Infobae tiene copia, eran obtener lucro a través de acciones delictivas y acumular poder.
Extracto de presentación del Caso Catedral, una investigación abierta por la fiscalía salvadoreña en 2020 en la que aparece involcurada Sara Hanna Georges y los hermanos del presidente salvadoreño Nayib Bukele.
Una de las cosas que Melara se llevó de su despacho en mayo de 2021, según un investigador salvadoreño que conoció de cerca los expedientes que involucran al círculo íntimo de Bukele, fue un esquema dibujado sobre una cartulina en el que sus subalternos habían trazado las líneas de la organización criminal protagonista del Caso Catedral. El presidente no aparece en ese esquema, pero sí sus tres hermanos, Karim, Ibrajim y Yusuf, ninguno de los cuales son funcionarios públicos, pero sí desempeñan labores políticas de primer nivel en el gobierno salvadoreño.
Ibrajim, como ha publicado Infobae, ha sido el enviado informal de Bukele a Washington y otros destinos en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Y Karim es, de acuerdo con investigaciones periodísticas publicadas en El Salvador, el principal nexo entre Casa Presidencial y la Asamblea Legislativa. Karim, además, supervisa buena parte de la operación de comunicaciones y propaganda de la presidencia, uno de cuyos cerebros es Sara Hanna Georges.
La hipótesis inicial a los que los investigadores del Caso Catedral habían llegado en 2021 es que el gobierno salvadoreño funcionaba como una especie de corporación en la que los Bukele hacían de junta directiva y sus funcionarios más cercanos de vicepresidentes ejecutivos. En el esquema de los fiscales de Melara, en ese segundo nivel, por debajo de los hermanos, aparecen nombres como el de Carolina Recinos, la jefa de gabinete a quien Washington sancionó por actos de corrupción y cuyo nombre también aparece ligado al dinero venezolano, y el de Sara Hanna.
Por debajo de esos niveles había líneas de ejecución, pobladas por ministros y viceministros del gobierno, la mayoría de los cuales continúan en sus cargos. Uno de los nombres más notables entre los ejecutores es el de Osiris Luna Meza, el director de prisiones de Bukele, cuyo nombre aparece relacionado con varias empresas criminales, desde la coordinación del pacto entre el presidente y las pandillas MS13 y Barrio 18 hasta la creación de un esquema de corrupción para cobrar por las visitas de familiares y por la comida para las decenas de miles de personas capturadas durante el régimen de excepción que el congreso de Bukele decretó en marzo de 2022, aún vigente. El señalamiento más reciente a Luna es que utilizó reos para mejorar la propiedad playera de una amiga de su madre.
Catedral exploró al menos tres empresas criminales atribuidas a la organización formada por los funcionarios de Bukele: el pacto con las pandillas, corrupción en las cárceles y corrupción con recursos destinados a la atención de la pandemia por Covid. Un investigador salvadoreño que participó en reuniones sobre el Caso Catedral entre 2020 y 2021 asegura, sin embargo, que el alcance de esa investigación es mucho mayor.
En El Salvador, lo investigado en el Caso Catedral ha quedado enterrado tras la llegada de Rodolfo Delgado al despacho de fiscal general. No ha sido así en Estados Unidos, donde ya el Departamento de Justicia utilizó parte de los hallazgos para fortalecer, por ejemplo, sendas acusaciones penales contra líderes de la MS13, una de las pandillas con las que Bukele pactó gobernabilidad. Catedral también ha alimentado una investigación del Departamento de Justicia a Luna y a Carlos Marroquín, un secretario de Bukele también implicado en el pacto pandillero; esa investigación estuvo a punto de convertirse en acusación formal en diciembre de 2021, pero desencuentros entre el Departamento de Estado y el de Justicia respecto a El Salvador detuvieron esa posibilidad, según confirmó un funcionario de la administración Biden.
“Lo que se ha dicho de Catedral es solo una parte, incluso te diría que una pequeña parte… Se trata de una organización que implica a los funcionarios más importantes del gobierno”, dice el investigador, quien como otros agentes gubernamentales salvadoreños y estadounidenses citados en esta nota hablaron desde el anonimato por razones de seguridad o por no estar autorizados para hacerlo en público. Infobae ha constatado, durante meses, lo dicho por estas fuentes con documentos judiciales y de investigación en Estados Unidos y El Salvador.
Los documentos del Caso Catedral filtrados hasta ahora ubican a Sara Hanna en la cima de la estructura formada por el entorno de Bukele, a la que la fiscalía salvadoreña tildó de organización criminal. Hoy, dice un operador político republicano que ha participado en las investigaciones a Raúl Gorrín y David Rivera en la Florida, estos expedientes judiciales podrían arrojar más luces sobre la venezolana, una de las mujeres más influyentes en la política presidencial salvadoreña.
Desde que su nombre dejó de ser anónimo en la política presidencial de El Salvador, Sara Hanna mantiene una presencia muy discreta en redes sociales, pero conserva su cuenta de Twitter, en la cual publica de forma irregular. Su último trino es del 2 de mayo pasado, y en él reproduce la portada del periódico oficial del gobierno. El trino anterior, del 16 de abril, es más enigmático: en emoticono de un reloj sobre un mensaje de Bukele en el que el presidente salvadoreño dice, en inglés, “Los hombres fuertes crean buenos tiempos”.
Fuente INFOBAE
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