El 5 de mayo de este año detuvieron a Darío Salcedo, Secretario de Organización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Pesca Acuicultura y Actividades Conexas, por denunciar, a través de Twitter y WhatsApp, irregularidades en la entrega de alimentos, beneficio laboral del de Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (Insopesca).
El 17 de abril de 2020, Salcedo publicó un comentario de apenas 5 palabras en su cuenta Twitter 1 en el que respaldaba el contenido de un tuit publicado por otro usuario que cuestionaba los privilegios de Dante Rivas, actual ministro para la Pesca.DARIO SALCEDO@DARIOSALCEDO
3 meses?? Yo creo una semana!!! Jajaja https://twitter.com/pedromo32170574/status/1251275315298668550 …pedro morales@pedromo32170574@DanteRivasQ SEÑOR LO INVITO A QUE VIVA EN MI CASA ESOS 3 MESES SIN SUS PRIVILEGIOS QUE TOD@S EN SU MINISTERIO SABEN @NicolasMaduro @dcabellor @drodriven2 @DARIOSALCEDO @pescadoressucre @globovision1Información y privacidad de Twitter AdsVer los otros Tweets de DARIO SALCEDO
Salcedo también envió un audio a través del servicio de mensajería WhatsApp a Carmen Hinojosa, Directora de Recursos Humanos de Insopesca. En la nota de voz reachazó el incremento en el costo de la bolsa de alimentos 2.
“Jefa me parece un exabrupto, un robo […] que nos vayan a cobrar un millón trescientos mil bolos [sic] por dos arroz, dos azúcar, dos aceites. ¿Qué es eso?, por dios Carmen, quieren robarse los reales […] ya basta del abuso, del robo” 3.
19 días pasaron hasta la audiciencia de presentación
Ambos hechos motivaron la injusta detención que se concretó 20 días después de la publicación del tuit y envío de la nota de voz por WhatsApp. El allanamiento lo ejecutó una comisión del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas (CICPC) en compañía de Brayan Áyala, Fiscal Público Octavo del Área Metropolitana; con una orden de aprehensión emitida por el Tribunal 35 de Control de la misma circunscripción. A Salcedo lo llevaron de su vivienda a la sede del CICPC en la Avenida Urdaneta, donde opera la Dirección de Delitos Informáticos.
Al cumplirse las 48 de detención, el Tribunal 46 de Control (que estaba de guardia) declinó la competencia en el Tribunal 35, quién emitió inicialmente la orden de aprehensión. Salcedo tuvo que esperar hasta la nueva guardia del 35, hecho que se prolongó después que “se exepcionaran”, hasta el domingo 24 de mayo. Dos días antes, el 22 de mayo, trasladaron a Darío a la sede del CICPC en el Rosal.
En la audiencia de presentación, el Tribunal 35 de Control ratificó la privativa de libertad contra Darío Salcedo. La decisión se justificó en el artículo 20 de la inconstitucional “ley contra el odio”. Además, se ordenó la reclusión del trabajador en el “Centro de Procesados Judiciales 26 de Julio” en el estado Guárico, al centro de país.
Hasta el momento de la tardía audiencia sus abogados no tuvieron acceso al expediente. La defensa relató en un entrevista a Espacio Público que el acto fue una mera formalidad: “la juez ya tenía la resolución en sus manos y tomó en cuenta solo los anuncios de la fiscalía”.
El Estado viola el derecho a la libertad de expresión de Dario Salcedo
Salcedo y cualquier persona puede usar canales públicos para cuestionar o llamar la atención de las autoridades. Los trabajadores tienen la libertad de manifestar desacuerdo con políticas laborales (en este caso el aumento de la bolsa de alimentos). Las disyuntivas deben ser resuelta a través de la negociación/debate y no mediante una orden de aprehensión.
El proceso penal al que está sometido Salcedo es parte de las 298 violaciones a la libertad de expresión que registramos desde que comenzó la cuarentena. En el transcurso de este tiempo observamos cómo la criminalización de la denuncia en línea ha alcanzado a los contenidos difundidos a través de WhatsApp: Darío Salcedo es uno de los 6 casos de este tipo que documentamos hasta el 31 de mayo.
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