La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015 aprobó el informe final sobre las investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades y casos de corrupción en la empresa Monómeros Colombo Venezolanos, bajo control del gobierno interino de Juan Guaidó desde 2019.
Esta decisión contó con el voto de 7 diputados.
La comisión recomendó a la Comisión Delegada Asamblea declarar la responsabilidad política y destitución de Guillermo Rodríguez Laprea (gerente general de Monómeros) y Diana Bracho (presidenta ad hoc de Pequiven).
El informe declara la responsabilidad política en los hechos irregulares sobre Rodríguez Laprea, debido a que ocultó información a la Asamblea Nacional con el propósito de impedir que se conozca la verdad sobre la contratación con la empresa LyonStreet, empresa a la cual representó anteriormente, para proponerle un negocio jurídico a Monómeros que, según opinión del Procurador Especial Enrique Sánchez Falcón, en su comparecencia, que si era para gestionar la licencia, tal contratación era innecesaria”.
“No queda duda de que la empresa Monómeros corría el riesgo de una toma, no “hostil” sino sutil: en un “Acuerdo de Colaboración Empresarial” con LyonStreet, a la cual, se le da la transferencia de casi todas las competencias de Monómeros en el negocio que es su misión y en el reparto de beneficios y utilidades, si los hubiere, el 40% sería para Monómeros y el 60% para LyonStreet”, indica el documento.
Igualmente, se recomienda declarar responsabilidad política y destitución inmediata de su cargo a la presidenta de la Junta Administradora ad hoc de Pequiven, Diana Bracho, también recae responsabilidad en torno a la situación de Monómeros, que no atendió la responsabilidad que su alto cargo le impone de velar por el buen funcionamiento y la transparencia en el desempeño de la Junta Directiva de Monómeros, filial de Pequiven.
Además que se dé cumplimento a los acuerdos de la Comisión de Contraloría, sobre la estructuración total de la junta directiva de Monómeros Colombo-Venezolano, así como la realización de una auditoría interna.
Solicitan remitir el presente informe a la directiva de la Asamblea Nacional, a los fines de que se haga lo conducente legal y administrativamente en protección de estos activos de la República.
También requieren remitir el mencionado informe a la Superintendencia de Supersociedades de Colombia y a la Comisión de Empalme del Gobierno Electo de Colombia, con el propósito de notificar sobre todo el proceso llevado por esta Comisión Permanente de Contraloría, así como su resultado.
José Luis Pirela, integrante de la Comisión, destacó que el informe «recoge situaciones de hecho y derecho» que sustentan y aumentan los cuestionamientos y denuncias en contra de la junta directiva del segundo activo venezolano en el exterior.
Pierna presentó a finales de mayo ante la Fiscalía General de Colombia una denuncia formal en contra de los actuales directivos de Monómeros por presuntos hechos de corrupción.
La retoma del caso Monómeros por parte de la Comisión de Contraloría inició en mayo de este año debido al poco avance en la reestructuración que fue anunciada por la administración Guaidó en septiembre de 2021. Desde entonces, al menos en dos oportunidades las propuestas de Guaidó para cambiar la directiva de la empresa han sido bloqueadas por los partidos mayoritarios de la AN2015.
Fuente: Diario La Libertad
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