Las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos constituyen una larga historia repleta de altibajos, tanto en el ámbito económico, como en el político y el diplomático, pero indistintamente de las diferencias que han tenido desde sus respectivas fundaciones como repúblicas, siempre habían entendido la importancia de establecer un nexo comercial.
Desde la instalación de los primeros campos petroleros con mano de obra estadounidense, hasta los contratos firmados con diversas trasnacionales en distintos ámbitos, Venezuela y Estados Unidos habían impulsado esfuerzos para incrementar sus negocios.
Con la llegada del chavismo, esta tendencia no cambió. Una marcada diferencia política no afectó en términos reales el tramado comercial y la actividad empresarial que vinculaba a ambos países. A pesar de los icónicos discursos «anti-yanki» del fallecido Hugo Chávez, el principal socio de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) siempre fue Estados Unidos.
Los roces entre George Bush y posteriormente Barack Obama desde la Casa Blanca frente a Hugo Chávez y Nicolás Maduro eran un punto y aparte frente a la necesidad de producir y generar dinero, pues la relación comercial entre ambos países incluso se incrementó en la década pasada.
Al contrario, Venezuela incrementó su flujo de ventas hacia Estados Unidos. El gobierno de Chávez supo capitalizar el aumento en los precios del petróleo para captar masivamente divisas e impulsar su política de gasto público para financiar proyectos populistas.
Es así como las exportaciones hacia Estados Unidos, principalmente petroleras, se incrementaron un 55,8% desde 2000 hasta 2006, al escalar de 18.648 millones de dólares a una facturación de 29.070 millones de dólares.
En el otro frente, las importaciones de Venezuela desde Estados Unidos se mantuvieron constantes en esta etapa. Se produjo un aumento razonable del 15,3% entre 2000 y 2006, pues Estados Unidos pasó de vender productos por un valor de 5.552 millones de dólares a unos 6.405 millones de dólares en este período.
Estas cifras demuestran que, pese al discurso confrontacional del chavismo, los negocios no se tocaban. Ganar dinero era más importante que despreciar al «imperialismo» al que criticaba Chávez por, precisamente, generar dividendos.
Sin embargo, las condiciones cambiaron con la llegada de Nicolás Maduro a la presidencia. Su gobierno se perfiló cada vez más como un potencial régimen autoritario y, ante el riesgo que esto suponía para la región, el entonces presidente estadounidense, Barack Obama, declaró en 2015 una «emergencia nacional» ante la «amenaza inusual y extraordinaria» que suponía Venezuela para la nación norteamericana.
Este decreto daría inicio a una escalada de tensiones que avanzaría hasta la imposición de sanciones económicas por parte de Washington. Aunque primero estuvieron dirigidas a personeros del Gobierno, posteriormente se extendieron a industrias enteras o incluso al sistema económico nacional.
Por su parte, lejos de relajar su postura, el chavismo optó por afrontar a Estados Unidos y refugiarse en otros socios políticos y comerciales que confrontan al gigante occidental. Rusia, China, Bielorrusia e Irán son solo algunos de los gobiernos que han abierto sus brazos al comercio con Venezuela.
La tensión, las sanciones y los múltiples socios que aparecieron para aprovechar la situación acabaron por repercutir en las relaciones comerciales entre Venezuela y Estados Unidos. Estos últimos, amparados por un incremento en su producción petrolera, no sintieron el impacto. Pero Venezuela recibió un duro golpe al no poder exportar su petróleo extrapesado a Norteamérica.
Más allá del peso político que representa para Maduro no lograr acceder a su captación masiva de divisas y de las consecuencias macroeconómicas para Venezuela, hay toda una estructura empresarial perjudicada por las decisiones políticas de los representantes de ambos países que repercute en sus negocios por primera vez en la historia de relación bilateral.
Lupa necesaria para las sanciones
Las medidas restrictivas contra la economía venezolana ya se aproximan a los cinco años de vigencia, y tres desde que empujaron a la industria petrolera a reducir su producción a sus niveles mínimos en más de 70 años.
Con tanto tiempo de restricciones, las empresas estadounidenses que mantenían relaciones con Venezuela han recibido el impacto, incluso aunque no tienen un nexo con el chavismo. Sus negocios se han visto afectados y empiezan a presionar para un cambio en las políticas que se implementan desde la Casa Blanca para tratar con el régimen venezolano.
Así lo demuestra la Cámara de Comercio de Estados Unidos (USCC, por sus siglas en inglés), frente desde el cual se solicitó una revisión de la política sancionatoria contra Venezuela, bajo la justificación de que no han cumplido el objetivo planteado inicialmente de generar un cambio de Gobierno.
El vicepresidente de la USCC, Neil Harrington, argumentó que las transnacionales que operan en Venezuela han resultado perjudicadas por las políticas de Washington, al punto de que se han visto obligadas a retirar sus inversiones del país, especialmente en la industria petrolera, la más perjudicada por las medidas de Estados Unidos.
Este fue el caso de las energéticas Total y Equinor, provenientes de Francia y Noruega, respectivamente. Ambas compañías decidieron transferir sus participaciones en el proyecto Petrocedeño a la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP), una filial de Pdvsa.
El chavismo celebró con efusividad la adquisición del 100% de la participación accionaria del proyecto. «¿Por qué tan felices? Porque la pérdida de 1.400 millones de dólares de Total se convirtieron inmediatamente en ganancia para un régimen de Maduro con problemas de liquidez», argumentó Harrington.
Amplía que más allá del sector petrolero, las empresas de Estados Unidos y de sus países aliados en Venezuela han tenido que salir del país, compañías que abarcan los sectores automotor, agropecuario y financiero. Esta situación repercute directamente en los venezolanos y sus familias, que se ven desprovistos de empresas que les ofrezcan empleo y deben ver cómo progresivamente se contrae aún más la producción del país.
Por estas razones, la USCC insta a la administración de Biden a reorientar la política de sanciones que ha provocado «innumerables consecuencias negativas indeseadas». Harrington aclara, además, que el sector empresarial de Estados Unidos está dispuesto a ofrecer recomendaciones perfiladas a acabar con las ventajas para Maduro y el castigo para las compañías extranjeras que operan en Venezuela.
Este llamado fue, en efecto, escuchado desde las esferas gubernamentales y el pasado 18 de octubre el Departamento del Tesoro notificó que haría una revisión en su política de sanciones. Sin referirse solo a las aplicadas a Venezuela, la administración de Biden destacó que se buscaría hacer que sean más beneficiosas para la Política Exterior de Estados Unidos.
Maduro y Biden bajo cuerdas
La administración de Biden ha sido cauta y pragmática en lo que a Venezuela respecta. Pese a las esperanzas del gobierno de Maduro en encontrar una postura mucho más abierta, que removiera las sanciones y retirase su reconocimiento a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, en su lugar encontró una postura continuista frente a las políticas de Trump, al menos a simple vista.
Antes de abandonar la presidencia, Trump incrementó la presión contra la industria petrolera. Para noviembre de 2020, en el contexto de las elecciones presidenciales estadounidenses, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro optó por no renovar una licencia otorgada a ciertas transnacionales que les permitía intercambiar petróleo venezolano por productos terminados como el diésel.
A raíz de esta nueva prohibición, Venezuela quedó desprovista de combustible en medio de la pandemia de covid-19. El comercio y la producción nacional recibieron el golpe.
Las expectativas estaban puestas en que Biden revirtiera esta decisión, pero a nueve meses de su juramentación como presidente de Estados Unidos, no ha hecho. Por el contrario, reconoció a Guaidó como presidente interino y asumió una postura frontal contra el gobierno de Maduro, al menos de cara a la opinión pública.
Bajo la superficie, otro accionar se ha consolidado paulatinamente. Uno más flexible y contemplativo, que parece aceptar un panorama con Maduro al frente del Ejecutivo venezolano hasta al menos 2024.
De acuerdo con el analista político y económico Tomás Socías López, la administración de Biden asoma que Estados Unidos no pronostica ningún hecho que interrumpa el gobierno chavista, al descartar cualquier escenario que implique una rebelión militar o una ruptura interna del chavismo.
En este sentido, ante la presión que han ejercido también empresas importantes en el país, el mandatario habría tomado la decisión de retomar las conversaciones con Maduro para intentar apuntar hacia una normalización, pero siempre bajo cuerdas.
Socías López afirma que en los últimos meses se produjo una reunión con enviados especiales, tanto de Biden como de Maduro, en México. En este intercambio, Estados Unidos habría dejado clara su postura de flexibilizar progresivamente las sanciones a cambio de mayores libertades políticas y económicas en Venezuela. Semanas después, se confirmaría la mesa de diálogo entre chavismo y oposición en suelo mexicano que se extiende hasta la actualidad.
«Biden dice que quiere más libertades políticas y económicas en Venezuela. Quisiera abrir una embajada o tener algún tipo de representación sin condiciones inflexibles. Los acuerdos no son para mañana y las conversaciones van a continuar por meses», aseveró el también presidente del Grupo Estrategias.
Tomás Socías López afirma que, en conversaciones con funcionarios de la administración de Biden, le asomaron el cambio de postura frente al chavismo
A pesar de la postura más flexible de Estados Unidos, las presiones se mantendrán, tanto en la economía, como mediante el apoyo –aunque reducido– al gobierno interino. Con una política de «ahorcar, pero no asfixiar», Washington espera también disminuir la dependencia que el chavismo empieza a desarrollar hacia sus aliados geopolíticos, todos rivales del gigante norteamericano.
«Uno de los focos de la revisión tiene que ver con evitar que Venezuela se mantenga en las manos de potencias rivales de Estados Unidos. Es un país petrolero con una economía potencialmente fuerte muy cerca de Estados Unidos. Es importante impedir que se abrace al comercio internacional con las potencias no aliadas», apuntó Socías López.
Garantías para empresas
Como parte de este proceso, las empresas internacionales parecen empezar a encontrar un espacio de acción en Venezuela que no tuvieron en 2019, cuando iniciaron las sanciones más pesadas de Washington.
De acuerdo con Socías López, la OFAC ha recibido no menos de 5.000 solicitudes de permisos o licencias para operar en Venezuela. Además, al menos 300 empresas de peso se han paseado por la Casa Blanca para extender peticiones similares.
A la mayoría de estas compañías se les ha indicado que no tienen previstas nuevas sanciones estructurales, solo individuales. Además, han destacado que no son necesarios permisos especiales, solo en los sectores de la energía y las finanzas.
Aunque Biden pretende flexibilizar las medidas contra estos dos sectores, el panorama político estadounidense podría complicar las decisiones en este contexto. Socías López destaca que las prohibiciones contra la adquisición de diésel por parte de Pdvsa se mantienen porque el Partido Republicano está en contra de otorgar una licencia y Biden quiere evitar conflictos con esta coalición para sortear cualquier confrontación con el Senado.
Sin embargo, se espera que entre finales de 2021 e inicios de 2022 esta política se someta a algún cambio. Algo similar ocurre con el sector financiero, cuya reactivación es esperada por empresas venezolanas y estadounidenses, pero reduciría el aislamiento con el que Washington intentó someter al chavismo.
Más allá de estos dos ejemplos, la flexibilización empieza a hacerse evidente. En febrero, la OFAC emitió la licencia 30A que reduce las prohibiciones para las operaciones de puertos y aeropuertos. Entes venezolanos como el Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) y el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA) se vieron beneficiados.
En junio la OFAC autorizó envíos de gas licuado de petróleo, conocido como propano, a Venezuela. También dejó claro que se permitían los intercambios comerciales relacionados con el combate contra la pandemia de covid-19.
El equipo de TalCual intentó consultar la opinión de la Cámara Venezolano Americana de Comercio e Industria (Venamcham), para indagar en la operatividad de las empresas norteamericanas con operaciones en Venezuela, pero las comunicaciones fueron infructuosas.
No obstante, según el especialista en relaciones comerciales entre China y Venezuela, Angel Freytez, las relaciones con Estados Unidos no han decaído realmente. De hecho, apuntó que cada vez los intercambios se acercan más al dinero comercializado con China, principal socio comercial del país.
A pesar de las sanciones, el intercambio comercial con Estados Unidos alcanzaría unos 1.300 millones de dólares, muy cerca de los 1.500 millones que se estiman con China.
«China es el socio principal de Venezuela desde mucho antes de las sanciones y del cambio de políticas económicas del Gobierno. Aunque el flujo comercial ha bajado muchísimo, Estados Unidos sigue siendo, muy cerca de China, el segundo socio de Venezuela. Las exportaciones hacía Estados Unidos se habían incrementado, mientras que las de China se habían disminuido hasta 2019», subrayó Freytez.
Incluso, según la data del Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos (BEA, por sus siglas en inglés), mientras que las exportaciones al país norteamericano han disminuido más del 90% después de las sanciones, las importaciones poco a poco repuntan.
Después de registrar un decrecimiento del 11% en el flujo de importaciones en 2020, durante el primer semestre de 2021 la actividad comercial entre ambos países incrementó un 53,12% y las expectativas para el cierre de año mantienen esa tendencia.
Importaciones y exportaciones de la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos hasta agosto de 2021
Con este panorama, crece el interés de las compañías estadounidenses en querer retomar las relaciones e intercambios comerciales con Venezuela al margen de las sanciones, especialmente después de afrontar una pandemia que afectó la economía global y dejó a muchas empresas en jaque.
Las piezas ya están posicionadas en un tablero político que empieza a moverse con las negociaciones en México, las conversaciones disimuladas entre el chavismo y la administración de Biden, empresas pujando por un cambio de políticas y una economía venezolana que cada vez se torna más liberal.
Tomado de TalCualDigital.com
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