El gobierno interino es toda una estructura formada con autorización de la Asamblea Nacional para atender ciertos temas, como la protección de activos venezolanos en el exterior, la emergencia humanitaria compleja y ejercer presión para lograr el cese de la usurpación
La reestructuración del gobierno interino encabezado por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, va a paso lento debido a la falta de acuerdos para lograr la conformación del consejo político, la instancia que vendrá a reorganizar y absorber a todas las comisiones que componen al interinato.
«No estamos para inventar el agua tibia. El consejo político es una plataforma que responde al gobierno encargado y la Asamblea Nacional (AN) para mejorar o evolucionar lo que fue el centro de gobierno durante dos años, reconociendo los errores cometidos, y para tener eficiencia acerca de los retos que tenemos en este momento», dijo Juan Guaidó el pasado 3 de febrero.
Según la reforma de la Ley del Estatuto que rige la Transición, hecha en diciembre de 2020 para garantizar la continuidad del gobierno interino este año, el consejo político (artículos 18 y 19) reemplazará al centro de gobierno -creado en agosto de 2019- y su «organización, competencias y régimen de funcionamiento» debían ser promulgadas en un decreto por la presidencia interina «dentro de los treinta días continuos e inmediatos al 5 de enero de 2021».
«El dimensionamiento organizativo del gobierno encargado, eso significa el consejo político», ha dicho Guaidó, quien dijo ese 3 de febrero que debería ser anunciado en una reunión de la comisión delegada de la Asamblea Nacional.
El primer vicepresidente de la AN, Juan Pablo Guanipa, dijo al portal TalCual que la designación del consejo político se ha adelantado «evidentemente no con la rapidez que algunos quisiéramos, pero en los próximos días debe nombrarse y comenzar a funcionar».
Hasta la tarde del martes 9 de febrero esa reunión no se ha dado, pese a que ya se venció el plazo de los 30 días continuos al 5 de enero. En dicha sesión de la comisión delegada también se deberá ratificar a los distintos comisionados que componen el gobierno interino y que, hasta ahora, no han rendido cuentas públicas de su gestión en esos cargos, pese a los llamados a ser más transparentes como lo ha hecho Julio Borges (Relaciones Exteriores).
Al igual que Guaidó, resaltó que esta instancia forma parte del redimensionamiento que se había solicitado al gobierno interino. Justamente, Primero Justicia (partido al que pertenece Guanipa) fue el principal impulsor de la reforma del Estatuto de Transición y que se formara este consejo.
Los señalamientos de este partido vienen desde la detención de un grupo de militares en la operación Gedeón y donde se involucraba a colaboradores cercanos del presidente de la AN.
¿Quiénes integran el gobierno interino?
El gobierno interino es toda una estructura formada con autorización de la Asamblea Nacional para atender ciertos temas, como la protección de activos venezolanos en el exterior, la emergencia humanitaria compleja y ejercer presión para lograr el cese de la usurpación.
Juan Guaidó es la figura más visible de dicho gobierno, al ejercer como mandatario interino a la par de la presidencia de la Asamblea Nacional. El respaldo del diputado de Voluntad Popular en el cargo es mantenido por una parte de la comunidad internacional, aunque en días pasados algunos países han retirado ese apoyo dado en 2019.
Le sigue el comisionado para el centro de gobierno, encabezado por Leopoldo López. El dirigente opositor fue nombrado en el cargo mientras se encontraba como huésped de la Embajada de España en Caracas, luego de evadir su arresto domiciliario el 30 de abril de 2019.
La función de López es «articular» con el resto de los comisionados sobre el trabajo y las acciones del gobierno interino.
El diputado en el exilio Julio Borges funge como comisionado presidencial para las relaciones exteriores. El parlamentario se encuentra en Colombia desde 2017, y desde 2019 es representante especial ante el Grupo de Lima. Esta instancia particularmente es un espacio donde se reúnen los cancilleres y ministros, «donde se desarrollan capacidades».
El abogado Humberto Prado -el único de los comisionados dentro del país- está encargado de los derechos humanos y atención a las víctimas; el ingeniero Alejandro Plaz para el Desarrollo Económico; y el abogado Javier Troconis para la gestión y recuperación de activos.
Comisionado Humberto Prado
Estas comisiones se suman a la especial de seguimiento para la ayuda humanitaria, encabezada por Miguel Pizarro, quien también se encarga del sistema de Naciones Unidas, y Manuela Bolívar; Plan País que está a cargo de los diputados Juan Andrés Mejía y José Guerra; y atención a la crisis.
De esta última comisión formaban parte el diputado Sergio Vergara y el analista político JJ Rendón, que renunciaron a dichos cargos luego de ser involucrados directamente en la operación Gedeón.
En 2020, Guaidó creó nuevos puestos dentro de su gobierno interino como la comisión para la Emergencia de Salud y Atención Sanitaria a los Migrantes, a cargo de José Manuel Ooivares; Iván Simonovis como comisionado de Seguridad e Inteligencia de la Embajada de Estados Unidos, como parte de la comisión para Asuntos de Seguridad Policial e Inteligencia.
El diputado Carlos Paparoni también fue nombrado ese año como comisionado para la Inteligencia Financiera, como parte de la comisión presidencial para Asuntos de Seguridad Policial e Inteligencia.
El Régimen acusa a Guaidó a través del portal El Universal: AN de Guaidó extiende contrato a firma de EEUU para ejecutar fondo de $80 millones
Hasta ahora, el país desconoce su uso y ejecución en medio de denuncias por corrupción.
El Diario El Universal, de evidente tendencia de la dictadura de Maduro, señala:
La Comisión Delegada Legislativa de Juan Guaidó, sin rango constitucional ni vigencia, aprobó, el martes ocho de febrero, la extensión del contrato de agencias de servicios financieros suscrito entre el llamado Gobierno interino, por medio de la Comisión de Administración del Gasto, y una financiera norteamericana con el objetivo de terminar de ejecutar los 80 millones de dólares del fondo especial de emergencia.
En nueva sesión, por vías digitales y con la participación de exdiputados afines a Juan Guaidó, se convino un informe que prorroga el contrato de “Agencia de Servicios Financieros” del 31 de diciembre de 2020 (fecha prevista inicialmente) hasta el 31 de marzo de 2021.
Esta acción permite que la financiera norteamericana siga su ejercicio como agente de desembolso entre la junta paralela del Banco Central de Venezuela (BCV), que prestó los 80 millones de dólares para el Fondo de Liberación Nacional, y el Gobierno interino de Juan Guaidó, del que todavía el país desconoce su uso y ejecución en medio de denuncias por corrupción.
También se establece que dicho contrato será por la cantidad de 125.000 dólares mensuales, siendo establecido el pago de 90.000 dólares para los servicios prestados por la empresa BRV Administration Co. LLC y 35.000 para los servicios prestados por la empresa BRV Disbursement Co.LLC.
Hasta los momentos, el país desconoce cómo y en qué se usaron los recursos para Venezuela, pues Juan Guaidó no ha rendido cuentas ni a los venezolanos ni a su propio entorno, inclusive la Comisión de Finanzas de la pasada Asamblea Nacional le había exigido transparencia y detalles sobre la administración de más de 100 millones de dólares que administró durante todo el 2020 y que fueron otorgados por los Estados Unidos.
Guaidó y su equipo hacen mute del tema, a pesar de que durante el año pasado anunciaron el financiamiento de numerosas iniciativas supuestamente a favor de la democracia, algunas como el Fondo de Litigios, el Fondo para la Liberación de Venezuela y programas sociales de los cuales no hay ni precisiones, los cuestionamientos sobran y el país se pregunta adónde se fue todo ese dinero.
A la par, se suman los órganos adscritos al interinato, como las juntas ad hoc del Banco Central de Venezuela (BCV), PDVSA y Citgo; y los salarios por más de 5.000 dólares que recibieron el año pasado diputados de la Asamblea Nacional.
En total, Guaidó administró alrededor de 104 millones de dólares durante 2020, según una investigación del portal Crónica Uno. El texto pone como ejemplo el Fondo para la Liberación de Venezuela, que tuvo un financiamiento de 80 millones de dólares asignados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés). El dinero salió de cuentas que el Banco Central de Venezuela tenía en EEUU.
Juan Guaidó enfrenta litigios con el Gobierno de Venezuela en el exterior. Uno de los más destacados es la disputa por el oro depositado en el Banco de Inglaterra. Guaidó quiere hacerse con las 30 toneladas valoradas en unos 1.000 millones de dólares, recursos que son del Estado venezolano y que el presidente Nicolás Maduro ha recalcado serviría para comprar vacunas contra la Covid-19.about:blankAnuncios
Otra disputa legal tiene que ver con los Bonos 2020 que tienen en jaque a Citgo, la principal refinería de PDVSA en el exterior. En 2019, Guaidó y su equipo iniciaron un litigio a través de la junta ad hoc de PDVSA con los acreedores.
En enero de 2020 Guaidó pidió a la Asamblea Nacional ampliar el Fondo de Litigios hasta 20 millones de dólares -para 2019 fue de cuatro millones de dólares-, pero la historia tuvo un revés: el partido opositor Primero Justicia (PJ) y la fracción opositora 16 de julio se reservaron el voto.
Primero justicia ha reclamado lupa especial sobre Guaidó
Además, pidió desarrollar rendición de cuentas y designar un contralor especial para saber cómo se usaron los millones de dólares asignados el año anterior. En medio de toda la exigencia vinieron los ruidos como la renuncia del procurador especial, José Ignacio Hernández, por la contratación de abogados para los litigios sin fondos disponibles.
Sigue sin haber algún informe sobre todo ese dinero. Tampoco se sabe de sus resultados operativos (juicios ganados/perdidos, activos recuperados/no recuperados) ni su balance financiero: no se sabe cuánto se le pagó a cuáles escritorios jurídicos a lo largo de 2020, cita el portal Crónica Uno.
Presupuesto fantasma: Fondo para la liberación de Venezuela
El siguiente punto a tomar en cuenta es el Fondo para la liberación de Venezuela. En 2020, la AN aprobó la ley que regulaba su funcionamiento y posteriormente presentó una estructura de gastos basada en los 80 millones de dólares otorgados por el Departamento de Estado de EEUU.
La tabla de distribución de gastos obtenida por el portal de noticias muestra distintos montos: $ 45,8 millones para programas sociales; $ 1,2 millones para magistrados en el exilio; $ 7,6 millones para asuntos exteriores o $ 4,5 para comunicaciones.
Pero un año después hay poca información de los resultados de esa inversión. Respecto a programas sociales, uno de ellos fue “Héroes de la Salud”, creado para asignar bonos de 300 dólares al personal de salud de Venezuela (…) La comisión de la AN encargada del programa no informó cuántos de los 62.000 venezolanos seleccionados para recibir 100 dólares mensuales por tres meses, recibieron la transferencia.
Guaidó también recibió cerca de 14 millones de dólares para pagar los salario de diputados de la Asamblea Nacional, pero no se conocen detalles.
Con información de TalCualDigital.com y ElUniversal.com
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