Presuntos funcionarios policiales intimidaron y amenazaron al periodista de Caraota Digital, Jade Delgado, luego de realizar la cobertura de una rueda de prensa en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes en el estado Mérida, el pasado 2 de febrero.
Al finalizar la rueda de prensa Delgado realizaba tomas de apoyo cuando fue abordado por dos funcionarios (uno de ellos vestía una bata blanca), quienes insistieron en que debía borrar el material que recogió.
«Salí para realizar unas tomas para unos trabajos que realizo sobre la prevención del covid-19, entre otros aspectos de la pandemia. Cuando estaba haciendo mi trabajo audiovisual, en las afueras de la emergencia fui abordado por dos funcionarios policiales, uno de ellos vestía bata blanca», expresó Delgado en entrevista telefónica a Espacio Público.
A pesar de identificarse y estar fuera del perimetro de seguridad, los funcionarios además de revisar su teléfono y borrar el material, amenazaron a Delgado con quitarle su moto y llamar a su superior.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), manifestaron su preocupación por las serias limitaciones a las que están sujetos los ciudadanos a la hora de buscar, recibir y difundir información.
La labor de los Estados es garantizar el acceso y disfrute de los derechos humanos, no restringirlos por medio de sus funcionarios. Cada vez que un funcionario limita la labor informativa de un reportero viola el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos que necesitan informarse.
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