Las operaciones de narcotráfico, contrabando de oro y de gasolina y otras actividades criminales representan el 21% del Producto Interno Bruto de Venezuela, dice un informe publicado el fin de semana por la unidad venezolana de Transparencia Internacional.
El informe resalta que las actividades criminales han cobrado fuerza con el correr de los años al punto de encontrarse actualmente entre las principales industrias del país.
“Del estudio se desprende que solo el contrabando de drogas, oro, combustible y las actividades ilegales en puertos y aduanas reportan anualmente más de $9,400 millones a organizaciones criminales amparadas por funcionarios corruptos”, señaló el informe de Transparencia Venezuela que recoge las conclusiones de una investigación de 10 meses.
Citando cálculos elaborados por la firma de análisis financiero Ecoanalítica, el monto señalado equivale al 21% del PIB venezolano que tras años de acelerada contracción actualmente equivale a unos $43,440 millones.
“Venezuela se ha convertido en uno de los epicentros del crimen organizado de la región, mientras los derechos humanos de los ciudadanos son vulnerados a fin de garantizar el beneficio económico de las estructuras corruptas, su permanencia en el tiempo y la impunidad de sus actos”, resalta el estudio. Uno de los principales descubrimientos de la investigación es la existencia de organizaciones criminales dentro de Venezuela que “han logrado tejer redes nacionales e internacionales, con participación de grupos criminales y de funcionarios corruptos que apoyan o promueven estas acciones”.
El fenómeno emerge en Venezuela en momentos en que los venezolanos atraviesan por una drástica caída de la calidad de vida, cayendo en una espiral de pobreza y alta inflación que ha llevado a más de seis millones de ellos a abandonar el país, señala el informe al enfatizar que un 90% de la población no tiene acceso a servicios básicos de calidad. El estudio también detectó la interrelación entre el colapso económico del país registrado en los últimos años con el incremento de las actividades criminales en el país.
“La asfixia económica causada por la destrucción de la industria petrolera, la crisis económica, la desaparición del subsidio cambiario, la falta de inversión y las sanciones internacionales, funcionarios y efectivos corruptos han optado por ampliar su participación en las actividades económicas ilegales que se desarrollan a lo largo y ancho del territorio nacional”, señala el documento.
El narcotráfico es la actividad criminal que más generó ingresos para Venezuela con sus aportes representando unos $4,919 millones.
En segundo lugar se ubicó el contrabando de oro, con $2,385 millones, y en tercer lugar el contrabando de gasolina, $1,900 millones. Las operaciones de extorsión dentro de los puertos venezolanos sumaron $825 millones.
El informe ahonda en la dramática y acelerada explotación aurífera en el denominado Arco Minero del Orinoco, donde convergen varias de las economías ilícitas con devastadoras consecuencias sociales y ambientales.
El trabajo describe que en los últimos dos años de pandemia, en los pueblos mineros de Bolívar proliferaron las alianzas estratégicas para la explotación de oro; creció la deforestación y la erosión de suelos, así como la contaminación, aumentó la explosión demográfica por la migración interna; se incrementaron las barriadas pobres y hay un levantamiento caótico de nuevos poblados.
En la mayoría de los yacimientos de la zona sur del país se extrae el mineral de forma ilegal, mediante el uso de sustancias prohibidas. Del total extraído, apenas unos $580 millones pasaron a las arcas públicas, quedando el resto en manos de las bandas ilegales que controlan las operaciones.
“Esto significa que 75% del oro que se produce en suelo venezolano ($1,800 millones) se comercializó por canales irregulares.
La gravedad del impacto económico y social, alrededor de la minería ilegal, fue constatada por los investigadores durante el trabajo de campo realizado en distintas localidades del estado Bolívar”, señala el informe.
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