El reciente tuit del presunto candidato presidencial demócrata Joe Biden sobre la política del presidente Trump en Venezuela ha recibido cierta atención en la última semana. La sugerencia de Trump en una entrevista con Axios de que estaría abierto a reunirse con el venezolano Nicolás Maduro llevó a Biden a sugerir que Trump “admira a los matones y dictadores como Nicolás Maduro”, pero que él [Biden] “estará con el pueblo venezolano y por la democracia”. El tuit planteaba la preocupación de que Biden pudiera estar realizando un esfuerzo estratégico de triangulación, puliendo sus credenciales de política exterior tratando de superar a Trump sobre Venezuela.
No es un temor despreciable ya que la tragedia de Venezuela encaja bien con el internacionalismo liberal que ha servido para justificar las intervenciones militares de las administraciones democráticas en el pasado. El gobierno de Maduro ha presidido un desastre de gobierno que ha obligado a más de 5 millones de venezolanos a irse y que podría empeorar dramáticamente si la pandemia de COVID-19 se sale de control.
Maduro no sólo ha socavado las instituciones democráticas, sino que ha reprimido a los manifestantes, y ha encarcelado, torturado y desaparecido a los opositores en lo que podría calificarse como “crímenes contra la humanidad”. Como tal, Venezuela podría parecer madura para una intervención justificada en términos de la “responsabilidad de proteger”.
Pero ya sea que esté animada por una renacida doctrina Monroe o por el internacionalismo liberal, la intervención militar en Venezuela sería desastrosa, pareciéndose más a Irak o Libia que a Panamá o Kosovo. Las fuerzas armadas bien equipadas de Venezuela, una amplia gama de actores armados no estatales y un pequeño pero dedicado núcleo de partidarios de Maduro garantizaría casi con seguridad un largo y sangriento conflicto insurgente.
Así que, ¿cuál sería una dirección política más productiva para una administración Biden? El enfoque de “no intervenir” que algunos partidarios no tienen a la vista. El fundamento de la soberanía en las democracias es el voto, facilitado y agregado a través de mecanismos electorales independientes. Es a través de las elecciones que los ciudadanos pueden controlar su gobierno, eligiendo a los líderes que quieren, echando a los que no quieren. A los venezolanos les encantaría resolver esta crisis por su cuenta en la cabina de votación; pero no pueden porque las instituciones electorales de su país han sido socavadas por el gobierno de Maduro.
Es precisamente porque el pueblo venezolano ha perdido la soberanía sobre su gobierno que necesita el apoyo internacional. En este punto, la administración Trump ha tenido razón; pero su enfoque de “máxima presión” ha hecho que la propia política estadounidense sea parte del problema, en lugar de la solución.
La primera tarea de una administración Biden sería quitar la intervención militar de la mesa. Si bien la idea de que la negociación necesita ser respaldada por una amenaza creíble de fuerza parece intuitiva, en la práctica divide a la oposición venezolana y socava su compromiso con la negociación y la política en general. Cuando los opositores del gobierno piensan que hay una opción militar disponible, un segmento significativo de ellos considerará que participar en una movilización política de cualquier tipo es imprudente en el mejor de los casos y traición en el peor. Mientras la opción militar esté sobre la mesa, la oposición venezolana estará dividida e incapaz de ejercer una presión unificada sobre el régimen de Maduro.
Esta es una iteración sobre un tema. Uno de los impactos más importantes de las intervenciones de EE.UU. en América Latina durante el siglo XX fue reducir la capacidad de respuesta del Estado a las desigualdades radicales de la región. Con la confianza de que los Estados Unidos intervendrían si se vieran amenazados por las masas empobrecidas o los políticos que las movilizaron, las elites políticas de América Latina se han resistido obstinadamente a las demandas de cambio. Lo mismo ocurre hoy en día. Aunque las encuestas muestran constantemente que la mayoría de los venezolanos apoyan un acuerdo negociado, los líderes de la oposición no están totalmente comprometidos.
Las sanciones económicas sectoriales impuestas por los Estados Unidos están haciendo más daño que bien. Mientras que estas sanciones pellizcan al gobierno de Maduro, golpean al pueblo venezolano, reduciendo su relación de poder con el gobierno. Mientras que las sanciones económicas reducen los ingresos que el gobierno de Maduro tiene a su disposición, también aplastan al pueblo venezolano en una miseria aún mayor y debilitan su capacidad de resistencia.
El desastroso declive económico del país comenzó mucho antes de que se impusieran esas sanciones, pero los datos son bastante claros en cuanto a que han reducido drásticamente la producción de petróleo e ipso facto las importaciones en una economía totalmente dependiente de los ingresos del petróleo. Además, las sanciones financieras vigentes desde agosto de 2017 han impedido la creación de empresas mixtas que han reducido la producción de petróleo y la capacidad de Venezuela para mantener su red eléctrica. Una administración Biden podría negociar un alivio de las sanciones a cambio de algunas concesiones reales, como nuevas autoridades electorales o un referéndum.
Las sanciones dirigidas a los funcionarios del régimen de Maduro deberían continuar. Aunque su eficacia es limitada, al menos proporcionan alguna restricción a los funcionarios que han socavado la democracia de Venezuela. Tal vez el mayor impedimento para la negociación ahora es el conjunto de acusaciones que cuelgan sobre las cabezas de Nicolás Maduro y sus funcionarios más cercanos. ¿Por qué querría alguno de ellos negociar una salida si eso significaría una entrada en una prisión federal de EE.UU.? Las acusaciones no se pueden retirar, pero en el acuerdo de paz de Colombia, por ejemplo, el gobierno colombiano aseguró a los líderes de las FARC que no serían extraditados a Estados Unidos por ningún delito cometido antes de la firma del acuerdo. Sin embargo, estarían sujetos a la extradición por futuros crímenes. A los líderes venezolanos se les podría ofrecer audiencias dentro de Venezuela, o una salida negociada del país.
Tal vez lo más importante sería una robusta reconstrucción de la diplomacia estadounidense. Una administración Biden necesitaría comenzar con la suposición de que los Estados Unidos simplemente no están en una buena posición para liderar una solución a la crisis de Venezuela, y buscar trabajar con aliados que sí lo estén. Una coordinación más estrecha con la Unión Europea y los miembros latinoamericanos del Grupo de Contacto Internacional, y la búsqueda de facilitar a Noruega y otros actores internacionales y regionales con un historial en la resolución de conflictos, podría hacer que los futuros esfuerzos fueran más exitosos.
Cambiar la geometría de las relaciones exteriores de los Estados Unidos podría dar lugar a nuevas posibilidades. Dadas las amenazas existenciales de la administración Trump contra ella, Cuba se ha convertido en un aliado más fuerte que nunca para Maduro. Replantearse con Cuba y reconocer que tiene un interés lógico en el acceso al petróleo y otros suministros, le haría más probable facilitar una transición. Aunque Rusia ha estado involucrada durante años, cuando Venezuela se convirtió en un foco de los esfuerzos de cambio de régimen de EE.UU. le dio a Venezuela un valor añadido. Si los Estados Unidos le dieran a Venezuela una valencia diferente, eso también podría alterar su lugar en las políticas exteriores de Rusia. Bajar las hostilidades con China haría lo mismo.
Por último, apuntalar cualquier política que una administración Biden pueda tomar debería ser un cambio en el discurso. Detrás de los errores de cálculo de la administración Trump ha habido una suposición de que la caída del gobierno de Maduro es inminente y que un fuerte empujón proporcionaría una rápida victoria en política exterior. Una administración Biden necesitaría asumir que Venezuela está acosada por una crisis compleja y de largo plazo que no será “resuelta”, pero que podría ser reencauzada en mecanismos democráticos que permitan al pueblo venezolano ejercer la soberanía real sobre su gobierno.
David Smilde es profesor de Relaciones Humanas de Charles A. y Leo M. Favrot en la Universidad de Tulane y miembro principal de la Oficina de Washington para América Latina, para quien es el curador del blog Política y Derechos Humanos de Venezuela. Es un comentarista frecuente en los medios y ha escrito artículos de opinión para el New York Times, Washington Post y El País. En marzo de 2017, dio testimonio experto en una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE. UU. sobre Venezuela. Se desempeñó como Presidente de la Sección de Estudios Venezolanos de la Asociación de Estudios Latinoamericanos desde 2010-12. Su investigación académica se ha centrado en la religión, la cultura y el conflicto social y político. Es autor o editor de tres libros sobre Venezuela, que incluyen: La democracia bolivariana de Venezuela: política, participación y cultura en Venezuela bajo Chávez (Duke 2011), Razón para creer: Agencia Cultural en Evangelicalismo Latinoamericano (California 2007), y Protesta y Cultura en Venezuela: Los Marcos de Acción Colectiva en 1999. (UCV 2002). Ha investigado Venezuela durante veintiocho años y vivió allí durante quince.
Via: David Smilde | Responsible Statecraft
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