Ya van semanas de la revelación públicas de varias tramas de corrupción en Venezuela.
Aún no es serio mencionar una cifra aproximada de lo que se ha esquilmado si bien todo indica que son miles de millones de dólares, vale afirmar muchísimo dinero que en un país asediado por sanciones económicas extranjeras hubiese servido tanto para atacar al sin fin de problemas que afectan a nuestros pueblos.
Hemos visto la acción decidida de los órganos jurisdiccionales y para ser justos del propio gobierno nacional que al margen del costo político que inevitablemente conllevará este escandalo ha actuado sin contemplaciones.
En reciente intervención en plenaria de la Asamblea Nacional, en ocasión de discutirse en primera discusión, la Ley de Extinción de Dominio, recordé el decreto de El Libertador del 12 de Enero de 1824, suscrito en Pativilca, en el cual en solo 4 artículos procuraba ponerle freno a la creciente corrupción en la naciente nación.
“Todo funcionario público, a quien se le convenciere en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí de los fondos públicos de diez pesos arriba, queda sujeto a la pena capital” rezaba el primer artículo, terrible pero vistos los resultados poco efectivo en el combate del mal que como recordamos en nuestras palabras, frente a los parlamentarios y el país, es tan viejo como la República. Reclamamos de seguida extremar las medidas de control en la gestión pública y potenciar el control ciudadano,así como promover y sembrar una cultura de valores.
En lo que se refiere al control en la gestión pública es urgente otorgar mayor autonomía, poder y recursos a las instancias contraloras a cualquier nivel, asegurar el estricto cumplimiento de la legalidad en el manejo de recursos que son del común, volver al control previo, limitar y normar rigurosamente el uso de las “emergencias” que se ha generalizado en contrataciones y adquisiciones, asegurar que salvo casos excepcionales el uso de los dineros del Estado se corresponda con una rigurosa planificación, que lo usual sean las licitaciones abiertas, que se erradique de una vez la práctica de asignar obras a realizar y adquirir bienes y servicios sin disponibilidad presupuestaria y algunas veces hasta sin que medie contrato alguno.
Es obligante también asegurar la mejor formación de los funcionarios responsables de manejar la cosa pública. Es cierto que mucho de lo que ahora se conoce solo se puede calificar como actos de mala fe, pero existen infinidad, seguro que en montos mucho más reducidos pero igual afectan, que el origen de lo irregular nace del desconocimiento y la carencia de adecuada preparación, incluso de querer resolver, con lo que están teñidos de buena fe.
En lo que corresponde a los legisladores, es deber nuestro apurar la revisión y actualización de leyes, muchas de ellas preconstitucionales, relacionadas con la administración pública y junto con la ya citada Ley de Extinción de Dominio considerar a la par de esta una Ley del Impuesto al Patrimonio, que entiendo la Procuraduría de la Nación tiene bastante adelantada y una Ley de Simplificación de Trámites que varios diputados opositores preparamos ahora para su presentación por iniciativa parlamentaria.
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