Lasso aprovechó su intervención para anunciar mano dura tras doce jornadas de Paro Nacional, ante la «violencia perpetrada por criminales infiltrados»
Ecuador no encuentra una salida a su laberinto nacional. Su presidente, Guillermo Lasso, se ha dirigido al país para denunciar a los líderes de las protestas, en especial al indígena radical Leonardo Iza, por promover un golpe de Estado para derrocarle. «Nunca quiso resolver una agenda en beneficio de los pueblos y nacionalidades indígenas. Lo único que buscaba era engañar a sus bases y usurpar al gobierno legalmente constituido», aseguró Lasso tras desvelar que el gobierno se avino a que la marcha indígena ingresara en la Casa de Cultura para instalar una «asamblea popular».
Los contactos entre miembros del gobierno y el círculo de Iza también contemplaban sentar las bases del diálogo, promovido por la sociedad civil y la Iglesia Católica. Pese a la apuesta por la vía negociada, los enfrentamientos se repitieron en los alrededores de la Asamblea y de la Contraloría, mientras en la provincia serrana de Cotopaxi los rebeldes nombraban «gobernador del pueblo» a uno de los suyos ante la ausencia de la autoridad estatal.
Lasso aprovechó su intervención para anunciar mano dura tras doce jornadas de Paro Nacional, ante la «violencia perpetrada por criminales infiltrados». «La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas actuarán con los medios necesarios para defender el orden público y la democracia», subrayó Lasso.
En una reunión con los mandos policiales, Patricio Carrillo, ministro de Interior, denunció que manifestantes estarían usando armas de fuego contra sus tropas. «Nos vamos a ver en la obligación de dar el siguiente paso. Ya no vamos a repeler, sino a reprimir con el uso progresivo de la fuerza. Ya no estamos frente a protestantes por una demanda social, sino frente a a un grupo de delincuentes», aseguró el ministro. El siguiente paso incluiría el uso de carabinas con perdigones.
En el campo de batalla los choques se prolongaron durante horas, hasta que finalmente la fuerza pública pudo desalojar a los manifestantes de la Casa de la Cultura y del parque de El Arbolito. Los gases lacrimógenos y las embestidas de las unidades motorizadas se impusieron finalmente a quienes se defendían con escudos y lanzaban piedras y lanzas. Varios documentos audiovisuales confirmaron que algunos grupos usaron tubos lanzaproyectiles, incluso también se vieron armas de fuego.
Hasta ahora se contabilizan cinco víctimas mortales, según organismos de derechos humanos y fuentes oficiales, además de 200 heridos.
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