Justicia amañada por efecto del ejercicio de la acción penal
En Venezuela, el ejercicio de la acción penal ha sido una fuente de justicia amañada para muchas personas. Esto se debe principalmente a la falta de probidad de fiscales del Ministerio Público. Esta situación ha conllevado a la impunidad en muchos casos y contribuido a la inequidad en otros.
La conducta dolosa de fiscales del Ministerio Público es un problema preocupante. Según el Fiscal General, Tarek William Saab, se han detenido a más de 1.000 funcionarios del Ministerio Público relacionados con fraudes, corrupción, narcotráfico, acoso sexual, prevaricación… En la llamada guillotina judicial de Venezuela, la circunscripción judicial del estado Aragua, el número es alarmante.
Según un informe de la Asamblea Nacional, los fiscales del Ministerio Público del estado Aragua han estado tramitando irregularmente algunas causas fiscales, en tanto que un informe del Ministerio Público del estado Aragua, indica que funcionarios de ese despacho habrían recibido sobornos para sobreseer casos, las resultas de la investigación seguida, hace poco, al propietario de una conocida panadería en Maracay, serían el mejor ejemplo.
Hechos graves, diversos, múltiples, en el ejercicio de la acción penal en una circunscripción judicial con serios cuestionamientos. El caso del “Gordo Matías”, que se convirtió en uno de los casos más controversiales en el país, ha tenido implicaciones importantes en la administración de justicia en Venezuela, especialmente en el estado Aragua.
El caso, a cargo de la fiscal 25 del estado Aragua, Katherine Botardo, ha demostrado que la justicia puede ser lenta y poco eficaz en la investigación y enjuiciamiento de casos que involucran a personas con influencia. Hechos como este han contribuido a la desconfianza generalizada en el sistema judicial, lo que ha llevado a muchos a solicitar la intervención de organismos internacionales para la búsqueda de justicia.
Katherine Botardo, también estuvo a cargo de la causa que, por “violencia física agravada”, iniciaron contra el propietario de una conocida panadería en Maracay, en apariencia, sobreseído. ¿Casualidad? Sea como fuere, el caso del “Gordo Matías” es un triste ejemplo de cómo la administración de justicia en Venezuela, además de lenta e ineficaz, es posible aplicarla de manera diferente dependiendo de los implicados.
Causas muy específicas evidencian que existe fraude en el ejercicio de la acción penal. Casos donde Botardo se presta a cohonestar situaciones que comprometen la objetividad del Ministerio Público, v.gr.: casos de personas, de empresarios, del conocimiento popular y propio, que son víctimas de maltrato mediático y ella avala toda esa situación.
En este orden de ideas, el caso del “Gordo Matías”, objeto de críticas por la lentitud e ineficacia del sistema judicial venezolano, semeja una ola en el mar: aumentó de tamaño rápidamente, creó un gran impacto y luego desapareció sin dejar rastro, pero el proceder reprochable de fiscales del Ministerio Público, como la asignada al caso, persiste con su carga de inequidad.
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