El gobierno de Cuba publicó este martes un marco legal para la criminalización de quienes publican o comparten información crítica del régimen en las redes sociales, en uno de los ataques más abarcadores a la libertad de expresión de los cubanos.
La resolución 105 del Ministerio de las Comunicaciones clasifica como “ciberterrorismo” el uso de las redes sociales y las telecomunicaciones en general para oponerse al gobierno (“subvertir el orden constitucional”) . “Pretender alterar el orden público” y “promover la indisciplina social” son considerados intentos de subversión social con un nivel de peligrosidad “muy alto”.
La difusión de contenidos “que atentan contra los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado” o “inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público”, es considerado un incidente de “alta peligrosidad” al igual que divulgar noticias falsas, mensajes ofensivos y de “difamación con impacto en el prestigio del país”.
Otro decreto, el número 35, establece que los usuarios de cualquier servicio de telecomunicaciones en la isla, incluido el internet, deben impedir que estos se utilicen “para atentar contra la Seguridad y el Orden Interior del país, transmitir informes o noticias falsas”, como medio para cometer actos ilícitos; o para transmitir información “ofensiva” o que afecte “la seguridad colectiva, el bienestar general, la moralidad pública y el respeto al orden público”.
Las definiciones son tan amplias que dan gran libertad al gobierno para definir qué constituye un posible delito. Aunque en los documentos publicados se hace referencia a que estas acciones conllevan una responsabilidad “jurídica y penal”, no contienen más detalles sobre cómo serán castigadas, por lo que se espera que el gobierno publique decretos adicionales para establecer cuáles serán las sanciones.
Los nuevos decretos-ley y resoluciones fueron anunciados un mes después de las protestas populares más grandes en varias décadas contra el gobierno, en las que las redes sociales jugaron un papel significativo. Asimismo parecen responder a las declaraciones del presidente Joe Biden a favor de promover el acceso de los cubanos al internet sin censura.
El decreto 35 no oculta que las intenciones del gobierno son políticas. En su primer artículo dice que su objetivo principal es “coadyuvar a que la utilización de los servicios de telecomunicaciones sean un instrumento para la defensa de la Revolución”.
El nuevo marco legal también otorga amplias potestades al Ministerio de las Comunicaciones, las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior para regular y controlar todo lo concerniente a las telecomunicaciones. Asimismo, pone en blanco y negro que todos los proveedores de cualquier servicio de telecomunicaciones en la isla están obligados a cooperar con la vigilancia de las autoridades sobre sus ciudadanos.
El decreto 35 establece que todos los proveedores de internet, telefonía y otros servicios de telecomunicaciones deben garantizar que sus dispositivos y aquellos que pretendan importar “proporcionen las facilidades requeridas para la supervisión y control técnico, así como la interceptación legal de las comunicaciones por las autoridades competentes, de acuerdo con lo establecido por ley, y el empleo soberano de medios y métodos para la seguridad de los sistemas y servicios”.
El requerimiento de hecho impone a todos los proveedores a que establezcan lo que en ciberseguridad se conoce como “backdoor” o puerta trasera, un mecanismo mediante el cual el gobierno u otro actor puede acceder a información encriptada o confidencial de los usuarios de determinados software, aplicaciones y dispositivos como los teléfonos móviles.
“Esto viene a legalizar cosas que evidentemente ya ellos han estado haciendo. Anteriormente existían regulaciones a nivel de las entidades estatales que incluso establecían métodos para guardar trazas de los sitios que visitabas, y para revisar los correos que las personas utilizaban,” dijo Norges Rodriguez, activista e ingeniero de telecomunicaciones cubano que dirige el website especializado en tecnología YucaByte.
En la mayoría de los países, las autoridades tienen algunas facultades para acceder a los datos privados de usuarios, previa autorización de un juez, “pero el tema es que en Cuba no hay un estado de derecho”, agregó.
Recientemente, la administración de Joe Biden había publicado un documento en el que explicaba cómo las compañías estadounidenses podían solicitar autorización para brindar servicios de telecomunicaciones a los cubanos. La administración ha dicho que está estudiando opciones, desde balones hasta tecnología satelital, para que los cubanos puedan conectarse a internet, luego de que el gobierno cubano cortara el servicio durante las protestas.
Tras la publicación de los decretos, los usuarios cubanos estallaron en críticas en las redes sociales, compartiendo la etiqueta #NoAlDecretoLey35.
Un usuario preguntó quién determinaba qué es una noticia falsa. Otro se preguntó “en qué momento la capital de Cuba pasó a ser Pyongyang”. Muchos insistieron que no callarían.
“Ninguna normativa represiva va a hacer que me calle en las redes sociales,” escribió en Twitter la periodista Yoani Sánchez. “Este agosto cumplo 13 años de haber abierto esta cuenta de Twitter… sí, aquella época en que tuiteaba a ciegas por SMS. Así que seguiré publicando mis opiniones desde Cuba”.
Pese a los controles impuestos por el régimen autoritario comunista, los cubanos poco a poco han ido perdiendo el miedo y han aprendido a usar las redes sociales no solo para buscar información y debatir sino sobre todo para hacer denuncias sobre la situación en la isla, desde la escasez de comida hasta la represión de las autoridades. El proceso se aceleró desde que el gobierno finalmente autorizó el acceso a internet en los celulares a fines del 2018.
Desde entonces, las críticas al gobierno de Miguel Díaz-Canel no han cesado. Más recientemente, muchos cubanos han usado las redes sociales para denunciar la falta de medicamentos y la emergencia sanitaria durante la pandemia de COVID. Las protestas contra el gobierno, el 11 de julio, se esparcieron por toda la isla luego de que un usuario de Facebook compartiera un video de la primera manifestación en San Antonio de los Baños, un pueblo cercano a la capital. Cientos de videos de las protestas inundaron las redes sociales, así como denuncias posteriores sobre la represión y los arrestos de los manifestantes.
El nuevo marco legal intenta ponerle freno a la circulación de información sobre lo que sucede en Cuba pero muchos se preguntan si ya no es demasiado tarde para impedir que los cubanos sigan expresándose libremente.
“Estas son leyes para asustar a las personas”, dijo Rodríguez, “pero el 11 de julio, la gente salió a protestar en un país donde no se puede protestar”.
Fuente: ElNuevoHerald.com
Comment here