Precarias condiciones de trabajo, acentuadas por la indiferencia de la línea de mando, condujeron a 15 efectivos de la Guardia Nacional a un tribunal militar, que dictó sentencia sólo a uno de ellos sin favorecer la atención de las deficiencias de apresto operacional evidenciadas desde los confines del Estado Apure.
El “Sargento Ayudante de la GNB Bracho Domínguez Miguel Alexander CI: 11757870” fue el sentenciado y recién cumplió 2 años privado de libertad en la cárcel militar de Ramo Verde, de una condena que un Juzgado de Ejecución, en un procedimiento nada transparente, pretende extender a más del doble de la pena de presidio que le corresponde cumplir.
Al Sargento Ayudante, quien por tercera vez cumplió años tras las rejas el 04/10/2020, lo detienen el 23/09/2018 junto a otros 14 guardias nacionales por la publicación de un video que mostró las deficiencias de un puesto fronterizo llamado Buena Vista del Meta, en el Estado Apure, el cual se viralizó en las redes sociales, causando su reclusión provisoria en el Destacamento 351 de San Fernando de Apure.
Faltando poco para cumplir 3 meses detenido, el 15/12/2018 realizan la Audiencia Preliminar en el Tribunal Militar Vigésimo de Control con sede en San Juan de Los Morros, Estado Guárico, a cargo del capitán Rodríguez Vargas, oportunidad procesal en la cual el fiscal militar 52º, Ptte. David Infante, acusa sólo a Bracho Domínguez por el delito de Traición a la patria, pues reconoció haber grabado el video, pero lo hizo viral otro efectivo, que por cierto se habría ido del país tras esfumarse del proceso, y a los otros 13 efectivos les da sobreseimiento de la causa.
En esa audiencia, según un familiar del militar que pidió el anonimato, el juez le habría dicho que si asumía eran 10 años de prisión, él no asumió para irse a juicio; “al terminar la audiencia, el juez manda a llamar al Sargento Ayudante a su oficina y el juez le hace una oferta, que si asume le daba 3 años, 9 meses y 15 días de prisión, la cual aceptó estando presentes el fiscal, un defensor militar, el secretario del tribunal y el abogado privado que lo asistió”, precisó el pariente aludido.
La sentencia condenatoria por admisión de hechos, conforme a copia de la misma, establece “pena de prisión de 3 años, 9 meses y 15 días de prisión que cumplirá en Cenapromil Ramo Verde”, pero en este caso imperaría el irrespeto al cumplimiento de penas, como ocurre precisamente en Ramo Verde con los Tenientes Luis Lugo Calderón y Petter Moreno, que el 20 de los corrientes cumplieron un año de haber cumplido su condena -valga la redundancia-. En tal sentido, Bracho Domínguez considera inhumano la modificación arbitraria de su sentencia.
“Una defensora militar que labora en el Tribunal 7º de Ejecución de San Juan de Los Morros -refiere el familiar contactado- le notifica a la esposa del Sargento Ayudante que los cómputos no se los han entregado porque la pena que le van a ejecutar es de 4 años y 03 meses de presidio, por lo cual como ese delito se castiga doble, eran 08 años y 06 meses, eso según la juez militar mayor Yulimar Bosque, titular del tribunal. Posteriormente esta juez, en visita a Cenapromil Ramo Verde entrevistó al Sargento y le informó de esa condena. Algo nunca visto en este país.”
Para el Observatorio de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, “El efectivo de la Guardia Nacional ha permanecido… tras las rejas en un centro donde las condiciones son deplorables y presenta una situación de sobrepoblación”. Sumado a ello, tiene tiempo esperando que le asignen un defensor militar y la orden de evaluación médica por la interrupción del tratamiento para la ansiedad generalizada que padece.
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