Esta semana después de entrar en vigencia varias cuarentenas: la del Coronavirus, la de la gasolina, la del agua, la de la electricidad, la de la comida y la del efectivo, tanto en moneda extranjera como en bolívares, hemos leído y escuchado a voceros
ilocutoriamente autorizados de la oposición (Capriles y Luis Vicente León, solo para
nombrar a dos de los más representativos) hacer un llamado a un acuerdo gobierno-oposición, en medio de la emergencia sanitaria para combatir al mortal virus que amenaza al venezolano y por supuesto, qué duda cabe, salvarlo.
Soy pesimista. La causa principal de ese pesimismo son los antecedentes que se materializa en la irresponsabilidad del gobierno que se zafa sin pudor de los diferentes acuerdos contraídos.
Al gobierno le ha sido fácil sustraerse de los mismos, pues la debilidad del entramado institucional y de todas las mediaciones, que deliberadamente ellos han producido, deja cualquier acuerdo sin sustrato institucional que avale cualquier negociación o acuerdo donde ellos acudan, incluso como oferentes.
Claro, esta vez, la razón de esta especie de desesperado llamado de un acuerdo gobierno-oposición es, lo dice Luis Vicente León y también Capriles, “salvar al pueblo,” pues solo esa salida garantizaría lo que las depauperadas condiciones del país podrían frenar una amenaza como el Coronavirus.
Claro, no es lo único que se está planeando como salida a esta crisis que hoy se agrava por la presencia de semejante bicho, por allí, está la gente de costumbre pidiendo una intervención militar (de militares venezolanos) que frente al descalabro del país en todos los órdenes se le está pidiendo a la FANB (léase el ultimo articulo de Carlos Blanco en El Nacional del día miércoles) que se erijan, nuevamente en los garantes del orden, aunque matiza un poco y les dice, solo mientras se restaura la democracia.
Ambas propuestas coinciden en, obviamente, en que “hay que salvar al pueblo”. Realmente es difícil oponerse a un llamado semejante, cuando lo que se mueve es la
demanda de una acción racional, que deponga, intereses individuales, y que está motivada por, nada menos y nada más, que “salvar al pueblo”. Ahora bien, veamos más allá, de la presencia de semejante amenaza de la naturaleza, estamos frente a un gobierno, que dígase lo que se diga, es un gobierno dictatorial, de exclusión de la oposición, de crítica a los partidos opositores, persecución al liderazgo opositor, que, además, es un gobierno transformado en paradigma de la mayor corrupción registrada desde que somos nación y actúa, asumiéndola como base de su conducta.
Pero, hay que decirlo también, en medio de este desamparo, todo cae bajo sospecha.
El llamado a un acuerdo, gobierno- oposición, cuando el gobierno se ha encargado, una y otra vez, de dinamitar todas las garantías negociadoras, pudiera resultar de nuevo, sin garantías institucionales sólidas, a oxigenar en las actuales circunstancias al gobierno.
Un acuerdo con un gobierno como el que rige en el país tiene que estar sustentando
en las instituciones, tiene que ser un compromiso institucional que rebase a los simples acuerdos de naturaleza institucional, como ese de “salvar al pueblo”, pues tales acuerdos, no son compromisos vinculantes y como no lo son, al hacerlo con un
actor de la catadura moral de la dictadura madurista, este puede sustraerse de lo acordado tal como ha ocurrido hasta ahora.
Creo que es necesario un acuerdo político, para salir, no de la crisis provocada por el Coronavirus, pues, en todo caso, que el virus haya llegado al país y se convierta en el espejo de nuestras vulnerabilidades, es responsabilidad absoluta de quienes han provocado entre otras dimensiones críticas a la del sector salud. El acuerdo político
remitiría a la recuperación de la democracia, a la reinstitucionalización del país.
De no ocurrir un amplio acuerdo para recuperar el orden democrático, cualquier acuerdo, en la que la oposición se sumerja en la estrategia del régimen, tendrá el mismo destino de todo aquello que ya nos fastidia: “las mesas de diálogo, los diálogos, la retórica chavista de la paz y el amor”. Lo que exige este momento es acuerdo institucionalmente avalado, firmado, refrendado y cuyo cumplimiento este bajo la supervisión la veeduría intencional.
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