Venezuela es un país atribulado por los efectos devastadores de la corrupción del régimen chavista-madurista, con una larga lista de antecedentes que lo corroboran.
La corrupción es uno de los peores males, que ha provocado la destrucción de la sociedad venezolana, por ello se debe evidenciar y sancionar cada situación al respecto, si se desea construir un país diferente al que hemos estado obligados a vivir en los últimos 20 años.
Los partidos políticos agrupados en la MUD –AD-PJ-VP y UNT– establecieron, de acuerdo con el control político de la Asamblea Nacional electa en el año 2015, la toma de decisiones de forma consensuada como un elemento que les permitiera garantizar la gobernabilidad y la unidad entre ellos. Esta acción posibilitó que algunos abusaran de su investidura de funcionarios y con el poder e influencias realizaran un mal uso intencional de los recursos financieros a los que tuvieron acceso a través de sus recomendados a la junta directiva de la empresa Monómeros S. A., y de esta forma obtener ventajas económicas para su provecho personal, lesionando gravemente los activos del país en “resguardo” del régimen.
La evidente corrupción ha obligado a la Superintendencia de Sociedades a estrechar su vigilancia y someterla a control bajo resolución 301-004466, toda vez que Monómeros Colombo Venezolana S. A. es la compañía más representativa en el sector de abonos y fertilizantes en el hermano país, con una influencia de 40% del mercado. Esta acción ha obligado al presidente interino Juan Guaidó a intervenir e incluso asumir que fue un error delegar las tareas del Estado a recomendaciones de los partidos, en vista de ello propuso el Decreto N° 38, para la reestructuración inmediata de la junta directiva, que fue rechazada por una alianza frontal de los partidos AD y PJ, en compañía del partido UNT, quienes actúan ferozmente para evitar la reestructuración, y todas las investigaciones con relación a la corrupción que allí se han manifestado. Su encubrimiento ante una serie de hechos absolutamente demostrados los hace responsables de la quiebra de la empresa y de asociaciones estratégicas con factores de la tiranía de Nicolás Maduro, y reproduce el enfrentamiento con el partido VP y la fracción 16 de Julio, quienes asumen la necesidad de reestructurar Monómeros y de realizar una investigación transparente, en el caso de VP, al menos acompaña la necesidad de la reestructuración, a pesar de haber sido parte de la designación de quienes han incurrido en claros delitos.
El nudo gordiano que actúa para frenar estas investigaciones no son más que los intereses develados, de Julio Borges, en su disposición de ir políticamente contra Juan Guaidó, estrategia que se desprende de su partido PJ, pasando por la necesidad de suprimir la figura del gobierno interino, teniendo una conducta de doble moral, en vista de que esa organización política posee representatividad en todas las instancias que se han construido en el marco de hacerle frente a la tiranía, siendo él propiamente el canciller y por supuesto teniendo espacios en embajadas, BCV, ONU, Pdvsa-Citgo, Monómeros, entre otras. Su nivel de descaro los ha llevado a comunicarle al país que todos los miembros de ese partido presentes en las instituciones por disposición del gobierno interino renunciarían a sus responsabilidades, y luego de transcurridos 30 días, ni uno solo ha renunciado, siquiera por ética y respeto a la ciudadanía.
La alianza de PJ y AD tiene el convergente motivo de la corrupción, acentuándose en la designación del gerente Guillermo Rodríguez Laprea, a recomendación de Luis Aquiles Moreno. Rodríguez Laprea venía de ser representante de la empresa Insumos del Pacífico, desde donde intentó hacer negocios con Monómeros, y que ejecutaría en los mismos términos que pretendía, pero ahora desde su condición de gerente, con la empresa Lion Street Venture registrada en Panamá en el año 2018, la cual fue objetada severamente por el Sindicato de Trabajadores de Monómeros S. A., (Sintra-Monómeros), quienes advertían que el contrato atentaba contra los activos de la empresa y su normal desempeño.
Guillermo Rodríguez Laprea, también señalado por los trabajadores de Monómeros por ejecutar contratos con sobreprecios con las empresas Norpack y Génesis, contratos por más tiempo que el permitido en los estatutos de la empresa, que luego ha sufrido una serie de modificaciones, que les permite manejarse a sus comodidades. También se vio obligado a ordenar pagos por indemnización a los trabajadores de la empresa Merco, que tenía los contratos por la administración del régimen de Nicolás Maduro. Lo curioso del asunto es que todos los pagos los ejercieron por arreglos con el bufete de abogados Espriella Lawyers, quienes son los abogados en Colombia de Alex Saab y de la petrolera rusa Rosneft, lo que evidencia una vez más las relaciones existentes entre los líderes de PJ y AD con el régimen en tramas financieras, que debe conducirse a una profunda investigación no solo en Venezuela, sino en Colombia e incluso en Panamá por el uso de estos países para conformar empresas que sirvan de andamiajes para apoderarse de los recursos de las empresas propiedad del Estado venezolano.
Esta situación es tan grave que se debe asumir que la quiebra de la empresa fue diseñada con premeditación, teniendo una intencionalidad política siempre de lesionar la figura del interinato y por supuesto a Juan Guaidó. La Casa de Nariño fue testigo de una reunión en la que vincularon al gerente general, Guillermo Rodríguez Laprea, con los representantes del Banco de Desarrollo Empresarial de Colombia (Bancoldex) y del Banco Agrario de ese país, persuadidos por la administración de Iván Duque, para que aportaran líneas de crédito constantes a la empresa, para que reflotase su situación económica, considerando que es una compañía clave para el desarrollo de la agricultura en Colombia. Después de esos acuerdos primarios, celebrados al más alto nivel, el presidente de Bancoldex se trasladó hasta Barranquilla, a las instalaciones de Monómeros, en compañía de 5 gerentes, con la disposición de revisar los estados financieros de la empresa y solicitar recaudos que le permitiesen soportar las líneas de créditos que estaban ya concertadas a nivel político. La conducta del gerente fue de no recibir al presidente del banco y a los gerentes, cerrando así toda posibilidad de auxilio financiero para la empresa.
Afectando enormemente las relaciones de la empresa con la banca y con el gobierno de Colombia, a pesar de esta oscura maniobra, no se detuvo allí. eEte gerente accedió a contratar los servicios del bufete de abogados Dla Piper Martínez Beltrán, por la suma de $250.000, más IVA e ICA.
Los cuales se han convenido pagar de la siguiente forma:
- $100.000, más, IVA e ICA, al momento de aceptar el contrato.
- $70.000 más IVA e ICA, al momento que se produzca la primera actuación del bufete ante la Superintendencia de Sociedades.
- $40.000, más IVA e ICA, al momento que se presente el escrito de descarga ante la Superintendencia de Sociedades.
- $40.000, más IVA e ICA, al momento que se presente el escrito de alegatos conclusivos ante la Superintendencia de Sociedades.
El contrato establece además que los gastos de papelería y movilización fuera de Bogotá deberán ser convenidos extra contrato.
De entrada el contrato es exageradamente provechoso para esta firma de abogados, pero adicionalmente convinieron una cláusula que establece una comisión de éxito: “La comisión se causará en caso de que la Superintendencia de Sociedades se abstenga de investigar, formular cargos o decida darle término a las actuales actuaciones administrativas, en contra de los gerentes y de la junta directiva de Monómeros S. A. El monto para esta cláusula de éxito se fijó en $250.000, pagaderos en 3 meses, desde el momento en el que se cause”. El pueblo venezolano debe conocer a su vez que esta firma de abogados, que sin duda alguna lleva la orden Julio Borges en común acuerdo con Luis Aquiles Moreno, es la misma que ha defendido jurídicamente a las empresas Smartmatic y Cristalex contra la República.
Todos los partidos conocen bien esta situación y aun así la comisión delegada vota en contra de la reestructuración de esa empresa. En estas horas aciagas, el pueblo demanda transparencia, la corrupción es un cáncer histórico que nos ha destruido el país. Es deber de todos promover las sanciones correspondientes a los gerentes y a los factores políticos que aprovechándose de su investidura se roban los activos del país. Lo que ha ocurrido en Monómeros debe ser investigado por una comisión imparcial, y no como pretenden Henry Ramos, Carlos Prósperi, Julio Borges, Henrique Capriles, Manuel Rosales y otros, que intentan imponer una comisión de investigación con diputados de sus propios partidos.
Le corresponde a Juan Guaidó mantener la posición que ha asumido e impulsar hasta el final la investigación de manera que se procuren sanciones; debe profundizar la diferenciación que anuncia de la tiranía y pensar seriamente el deslinde de todo lo que significa la MUD, por ser una instancia silente ante las acciones violatorias de los derechos humanos, solo transcurren en el hecho electoral sin condiciones plegados a los intereses del régimen, y en definitiva la MUD no es más que una corporación de partidos para la corrupción, produciendo graves daños al país.
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