El politólogo John Magdaleno parte de una premisa que considera básica para interpretar la nueva configuración del Poder Electoral: en un autoritarismo hegemónico no hay elecciones enteramente libres ni competitivas.
“Es una antonimia decir que esto es una dictadura y esperar todas las garantías que ofrece una democracia, esto es lo primero que se debe asimilar para dimensionar las expectativas”, advierte.
En su opinión, el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), con dos rectores de oposición y tres del oficialismo en el directorio, “es el mejor posible en el contexto de un autoritarismo hegemónico”.
“Es un buen primer paso, significativo, pero un primer paso en un proceso que tiene muchas complejidades para restituir las garantías constitucionales”, afirma.
El magister en ciencias políticas destaca en su análisis dos premisas más: el gobierno de Nicolás Maduro sabe que perdió la mayoría popular y seguirá planteando dilemas estratégicos a la oposición para reducir la incertidumbre de las elecciones o, en otras palabras, no arriesgar espacios de poder político.
La tercera tiene que ver con las presiones externas a las que Magdaleno atribuye el acuerdo político que se logró para elegir a las nuevas autoridades electorales: “Lo que está ocurriendo puede ser el resultante de un conjunto de presiones externas que está recibiendo el Estado, el curso de la investigación que se sigue en la Corte Penal Internacional (CPI), los últimos informes de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, el impacto económico de las sanciones”.
¿Cómo pueden los nuevos rectores recuperar la confianza en el voto?, ¿cuáles son las tareas prioritarias que deben asumir?
La confianza en el voto depende no solo de lo que hagan los rectores, depende de la conducta que exhiban los contendores y en particular el gobierno. Ahora, hay decisiones técnicas que el CNE puede tomar para mejorar la confianza: que no se produzcan más migraciones (de electores a otros centros de votación), que el lapso para la inscripción en el Registro Electoral sea permanente, que se abra la posibilidad de que los venezolanos en el exterior puedan votar. Estas serían buenas señales, pero es muy importante que dimensionemos el contexto en el que nos encontramos. Las designaciones son un avance, pero no podemos esperar que un CNE de mayoría oficialista, en un contexto institucional como el que tenemos, revierta años de violaciones.
¿Cómo puede contribuir el CNE para que otros Poderes del Estado cooperen? Por ejemplo, la devolución de las tarjetas de los partidos depende del TSJ.
Esto no depende de una decisión del CNE, si el CNE decidiera restituir el derecho de esas organizaciones políticas probablemente se enfrentaría a un conflicto con otros Poderes. El contexto institucional no vuelve sencillo el asunto.
¿Por qué el oficialismo hace esta concesión en el CNE?, ¿qué incentivos identifica?
Esto es una combinación de incentivos y de presiones. Las presiones ya las enumeré: la causa que existe en la CPI, los informes sobre los derechos humanos en Venezuela, las presiones económicas y financieras que tienen las sanciones sobre los ingresos del Estado. Parece que el Gobierno está cayendo en cuenta de que sin la flexibilización de las sanciones comerciales, petroleras y financieras es difícil que se produzca una reactivación de la economía. Hay también una presión doméstica que es que sectores del oficialismo, de la coalición dominante, presionan porque se produzca una suerte de distensión política.
El incentivo es que los cambios se dan de cara a elecciones regionales donde no está en juego la titularidad del primer mandatario. Lo que está en juego es la distribución del poder público estatal y municipal. Parece que cada vez que nos aproximamos a una presidencial o a la posible solicitud de un referendo revocatorio las amenazas aumentan.
Otro incentivo que siempre está presente es el de dividir a la oposición. Esta estrategia de entusiasmar a algunos sectores a participar va contra la línea decidida por la oposición oficial, o la que tiene el reconocimiento internacional. Una forma de golpear la línea estratégica de (Juan) Guaidó y compañía es nombrar un CNE más potable.
¿Puede este nuevo CNE ser un detonante para una transición política hacia la democracia?
Pienso que no. Es pedirle mucho a este CNE. Las transiciones son el resultado del encadenamiento de eventos más complejos, una transición también implica más organización de la oposición. El debate siempre ha girado alrededor de las condiciones electorales y ¿qué pasa con las condiciones que dependen de la oposición?, la oposición debe trabajar con seriedad en la organización del tejido social y la movilización política y electoral. La oposición también debe reflexionar sobre las iniciativas estratégicas para superar los obstáculos que se les presentan.
Esto aún no es una liberalización porque entiendo que deben restituirse las garantías primero. En este sentido, ¿cómo puede calificarse el nombramiento de este nuevo CNE?, ¿es una apertura?
Es un primer paso. No compliquemos las cosas. Una liberalización supone una restitución mucho más integral de las garantías, debe ser restituido el derecho político a participar. Me preocupa mucho que no se tenga noción de la realidad, se dice que es una dictadura, pero piden elecciones libres y competitivas, eso no va a ocurrir. Lo que puede llegar a ocurrir es que, mediante la combinación de presiones e incentivos internos y externos, pueda abrirse la compuerta de una distensión que conduzca a una liberalización, pero el proceso es complejo.
¿Cómo ve el papel de la comunidad internacional?, vemos a la OEA desconociendo los nombramientos y por otro lado al gobierno español saludando las designaciones.
Observo una contradicción en el seno de la comunidad internacional, hay algunos actores que tienen una noción acertada de la transición como un proceso y no como un acontecimiento que se desencadena y ya y otros que, presionados por el deseo e incluso la buena fe, piensan que va a ocurrir de forma acelerada e inmediata. Algunos tienen mayor noción de realismo sobre el proceso que otros y están en desacuerdo sobre las modalidades para abordar el caso venezolano.
Lo que me parece más ajustado es que se entienda que cualquier señal positiva que pueda conducir a la restitución de los derechos debe ser acompañada. Si los factores externos a cada señal positiva que se produce van a decir no es suficiente está bien, pero ¿cómo contribuyen a que se restituya el resto de las garantías?
Usted ha señalado que la oposición debe evaluar el uso de elecciones para incrementar el conflicto político. ¿Por qué es importante que la oposición recupere espacios en el CNE en un contexto autoritario?
Porque se han probado otras opciones estratégicas que no han funcionado: golpe de Estado, intervención militar extranjera. Lo segundo es que el tema electoral, la participación electoral, no ha sido encuadrada como una pieza para estimular una transición hacia la democracia.
La oposición, hasta 2017, fue a elecciones esperando que le respetaran el resultado, pero no fue como parte de una estrategia de movilización que elevara el costo al régimen autoritario. Hay una diferencia brutal, el enfoque es radicalmente distinto entre usar una elección para acumular fuerza y usarla para causa amenazas relevantes al régimen autoritario. No se ha diseñado una estrategia para esto.
Lo tercero es que la fuente de poder esencial que tiene la oposición a su disposición es el malestar de la gente por el desempeño económico del gobierno, su mala ejecutoria, su violación permanente de garantías, su carácter antidemocrático y el enorme deterioro que ha sufrido el país. El malestar, que es la principal fuente de poder potencial de la oposición, debe ser organizado, articulado, coordinado y canalizado y las únicas maneras que conozco para canalizarlo son: la protesta y las elecciones. En mi opinión, esos dos canales deben ser estimulados simultáneamente. El punto es entender el sentido para el que se va a utilizar la elección.
Texto por Ibis Leon | @ibisL
Foto por Miguel Gutiérrez / EFE
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