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Opinión: Venezuela, el país donde gobiernan y cohabitan dos dictaduras Por Emmanuel Rincón

El mundo entero sabe que el chavismo es una fuerza tiránica y asesina que gobierna los destinos de Venezuela desde hace 20 años. Desde la asunción de Chávez al poder, las prácticas totalitarias y socialistas comenzaron a torpedear las libertades y la economía de los venezolanos. Un mayor intervencionismo estatal, expropiaciones, control de precios y divisas, nepotismo y corrupción, convirtieron al otrora país más rico del continente en el más pobre, subyugado a las directrices de otra isla más pobre y tiránica, como lo es Cuba.

Pero si el mundo pensaba que la desgracia en Venezuela no podía ser más grande, se ha equivocado. Y parece que los propios venezolanos también, pues nadie esperó que en el año 2019, el año donde supuestamente se debía dar la liquidación de la tiranía sangrienta que representa el chavismo, lo que sucedería es que se instalaría una dictadura paralela que aplastará toda la disidencia dentro de la oposición para conformar un gobierno paralelo que cohabitara con el chavismo para reinar en las sombras y culminar de saquear el último botín del tesoro venezolano.

Para entender esto hay que remontarnos al pasado, a partir del año 1958, cuando se derroca al dictador Pérez Jiménez y Venezuela recupera su democracia. Llegó al poder Rómulo Betancourt, quien a su vez ya había fungido como presidente interino en la década anterior al acabar con el gomecismo (una larga etapa dictatorial).

En el año 58, cuando Rómulo Betancourt del partido Acción Democrática asume la presidencia, se da inicio oficial a la etapa socialdemócrata en Venezuela, que durante 40 años compartiría el poder con el partido socialcristiano Copei. Estos partidos, pero en especial Acción Democrática a través de Carlos Andrés Pérez, proclamaron la nacionalización del petróleo en el año 1976, y dieron inicio a una senda de misiones populistas y aparato de corrupción, que convertiría al Estado venezolano en el asesino de su propia democracia; llegar al poder en Venezuela dejó de ser entonces una responsabilidad para convertirse en un gran negocio, manejar las reservas de petróleo más grandes del planeta tierra no era cualquier cosa.

Los 40 años de socialdemocracia y corrupción en Venezuela abrieron paso al chavismo, un socialismo más recalcitrante y extremista, que tomó las bases dejadas por AD y Copei y las radicalizó. Desde entonces, toda la oposición al chavismo se ha acumulado en partidos de izquierda, que dicen combatir al chavismo, pero en realidad comparten su visión ideológica.

En diciembre del 2015, luego de la destrucción sistemática de Venezuela por parte del chavismo, finalmente la “oposición” logró hacerse de la Asamblea Nacional al ganar la mayoría de escaños. Justamente el partido opositor con más escaños fue Acción Democrática, liderado de forma dictatorial por Henry Ramos Allup, quien posee el título de Secretario General del mismo desde hace más de 20 años y sin ningún tipo de elecciones internas.

Estos principales partidos opositores —Acción Democrática, Voluntad Popular (Partido del presidente interino Juan Guaidó), Primero Justicia, y Un Nuevo Tiempo (todos de izquierda)— firmaron un acuerdo de gobernabilidad en el año 2016 junto a los partidos opositores minoritarios (donde hay partidos de centro y derecha), para alternar la presidencia de la Asamblea Nacional de Venezuela. Así, el primer año la presidencia le correspondería a Acción Democrática, el segundo a Primero Justicia, el tercero a Un Nuevo Tiempo, el cuarto a Voluntad Popular, y el último año las minorías parlamentarias tendrían el derecho a escoger al presidente de la Asamblea Nacional.

Acuerdo de gobernabilidad de la Asamblea Nacional firmado por todos los partidos opositores. (Archivo)

Ahora bien, el acuerdo se respetó en 2016, 2017, 2018 y, por supuesto, producto de este acuerdo se nombra a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional —y dada la falta de legitimidad de Nicolás Maduro por no efectuar elecciones veraces, varios países, empezando por Estados Unidos, reconocieron a Juan Guaidó como presidente interino, tal como establece la Constitución venezolana—. Hasta aquí todo bien, pero, ¿qué pasó en el 2019?, ¿y qué se augura para el 2020?

En el 2019 tras asumir Guaidó la presidencia interina, los venezolanos le acompañaron juramentando con el presidente interino un mantra que se haría exhaustivo: cese de usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Esto suponía que Guaidó pediría respaldo en su condición de presidente interino, para despojar de Miraflores a quienes usurpaban el poder de Venezuela. Y, a pesar de que en los primeros meses Juan Guaidó prometió a los venezolanos que invocaría el artículo 187#11, que autoriza a misiones militares extranjeras el ingreso a Venezuela y así terminar con dos décadas de chavismo, esto nunca ocurrió. Por el contrario, después de usar a los venezolanos como carne de cañón en nuevas protestas, donde el chavismo asesinó a más de 50 ciudadanos, el gobierno interino de Juan Guaidó decidió “dialogar”, negociar con el chavismo cuotas de poder, y desde entonces, dos dictaduras se han instalado en Venezuela.

En primer lugar cabe destacar que las atribuciones constitucionales le daban a Guaidó 30 días para convocar a elecciones libres, esto hacía suponer que su gestión debía ser expedita para remover a Maduro y poder así abrir paso a una convocatoria electoral. Pero esto no ocurrió, la diplomacia hizo de las suyas y lo que se abrieron fueron procesos de dialogo, dilatando el cese de la usurpación y a su vez permitiendo que Guaidó y el gobierno interino en el trayecto se apoderaran de más bienes estatales y millones de dólares provenientes de ayudas humanitarias. Fue así que Juan Guaidó pasó a administrar Citgo (empresa estatal petrolera en Estados Unidos, denominada la joya de la corona del Estado venezolano), y también Monómeros Colombo Venezolanos, otra empresa con valía de millones de dólares. Con esto, fueron ampliando sus negocios y encuadres políticos, además de ubicar a miembros de los partidos que hoy conforman el G4 (los mencionados anteriormente que dominan el monopolio “opositor”) en partidas estatales y de “representación en el exterior”.

Desde entonces han surgido diversos escándalos de corrupción. Militantes de Voluntad Popular en febrero del presente año se apropiaron de fondos destinados a cubrir gastos para militares que respaldaron a Guaidó en el exterior y ayuda humanitaria; también se descubrieron contratos de la familia de Henry Ramos Allup con Pdvsa (empresa estatal manejada por el chavismo); también salieron a la luz pública cartas de diputados “opositores” para detener las investigaciones de corrupción al testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab; y también se torpedeó toda iniciativa para investigar los sobornos de la empresa brasileña Odebretch, cuyos directivos declararon haber entregado dinero al principal contendiente opositor en las elecciones presidenciales del 2013, Henrique Capriles de Primero Justicia.

De hecho, Miguel Ángel Martín, quien fue designado por la Asamblea Nacional como presidente del Tribunal Supremo de Justicia, ha sido desconocido por el propio Juan Guaidó, en parte porque Martín inició un procedimiento para investigar a Capriles, lo que trajo mucha cola; a tal punto de que hoy en día todas las decisiones emanadas del Tribunal legítimo, son desconocidas tanto por el chavismo como por Guaidó y su gobierno interino. De hecho, desde hace un par de meses se inició una campaña de sobornos para dar un golpe también en el Tribunal Supremo de Justicia y sustituir a Martín por un candidato afín al gobierno interino.

Hoy en día Juan Guaidó ejerce como presidente interino, presidente de la Asamblea, y a su vez su sombra nubla al Tribunal Supremo de Justicia; en ese sentido, se ha apoderado del poder Ejecutivo, el Legislativo y Judicial (legítimos) de Venezuela, rompiendo por completo con el principio de separación de poderes. Esto por supuesto, siempre siguiendo las directrices que vienen desde Allup, Rosales, López, Capriles y Borges, es decir, los dueños de los partidos en Venezuela.

En la actualidad Guaidó como poder Ejecutivo maneja un amplio presupuesto, cargos, y dinero del Estado, y a su vez, gobierna el Legislativo y desconoce al Judicial que ellos mismos nombraron. Por lo que, sin separación de poderes, y sin ningún tipo de contraloría, en la actualidad no hay una instancia que investigue la corrupción en Venezuela, ni la del chavismo, ni la de la supuesta oposición. Todo esto forma un coctel explosivo perfecto para que en Venezuela no ocurra absolutamente nada para desmontar las dos dictaduras que hoy gobiernan el país y continúe la impunidad pues, ¿qué sucedería si llegara a caer el chavismo? Irían a prisión por corrupción casi todos los líderes de la “oposición” venezolana.

Juan Guaidó y sus partidarios ya han anunciado que pretenden permanecer en el poder “hasta que cese la usurpación”, esta peligrosa afirmación admite que Guaidó piensa ser presidente interino hasta que se vaya Maduro y todos saben que Maduro no tiene tampoco la menor intención de irse, pues la cárcel también sería el destino para él y todo su tren ejecutivo. Por ende, tendremos a un Guaidó sin apuro ni motivaciones para que Maduro salga, y a un Maduro cómodo con la existencia de Guaidó.

En definitiva, los venezolanos se encuentran secuestrados por dos bandos políticos. En Venezuela se han instaurado dos dictaduras; la primera cuenta con el poder militar y la fuerza, y la segunda cuenta con una parte del Ejecutivo y los poderes legislativos y judiciales; ambas amenazan con destruirse mutuamente, pero ambas se encuentran complacidas con el estado actual de las cosas. De hecho, ambas partes saben que lo que les asegura su supervivencia, es el mantenimiento de sus “adversarios” en el poder.

Venezuela desde hace años lucha para hacer notar una tercera opción, pero la misma, ha sido invisibilizada por quienes ostentan la representatividad internacional “opositora” y por el propio chavismo. El chavismo creó a la oposición a su medida y, a la vez, esa oposición aceptó su rol con gusto. Ambos saquean el país, simulan desencuentros y la fiesta continúa.

En el 2020, según el acuerdo de gobernabilidad, correspondería a las minorías parlamentarias presidir el Parlamento. Esto obligaría a Guaidó a entregar también la presidencia interina. Las minorías están representadas por la Fracción 16 de julio, como el grupo mayoritario de las minorías, quienes han pedido una y otra vez, desde inicios de año, que se activen todos los mecanismos para propiciar una intervención militar extranjera en el país, pero, como ya anunciaron, el G4, y Juan Guaidó no respetarán el acuerdo firmado en 2016 y volverá Guaidó a ser electo como presidente del parlamento y a su vez presidente interino. La fracción minoritaria ha sido acorralada y desechada porque significaría el inicio del fin para Maduro, pero también el fin para el reino de corrupción y los negocios de la “oposición venezolana”.

Venezuela cierra el año 2019 con dos dictaduras. Si alguno creía que el país que vio nacer al libertador de América no podía estar peor, que abra los ojos: lo peor está por venir.

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