663 organizaciones humanitarias que realizan labores en Venezuela exigieron que se revierta la providencia que regulará su actuación tras considerar el hecho como una «grave amenaza» para quienes aportan y reciben ayuda de estas fundaciones ya que sus datos serían expuestos públicamente.
«Todas las organizaciones de la sociedad civil estarían sometidas a un estado general de sospecha bajo el control discrecional de un órgano con funciones de supervisión e inteligencia en materia de delitos de legitimación de capitales y terrorismo, que deberían estar restringidas al sistema financiero», sentenció el comunicado conjunto.
Las organizaciones reaccionaron de esta manera a la Providencia Administrativa 001-2021 para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en la que tendrán que apuntarse antes del 1 de mayo.
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