Su nombre no es de los más sonados dentro de la red cleptocrática del régimen pero ello no le ha impedido enriquecerse en base a contratos de construcción y como proveedor de alimentos, entre otros rubros.
Alejandro Ceballos Jiménez aparece ahora en los archivos del FinCen – la unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro de EEUU – como objeto de varios reportes efectuados por el Banco Espirito Santo de Miami entre 2013 y 2014.
Así describe el reporte de los archivos gubernamentales filtrados al medio digital estadounidense BuzzFeed y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ICIJ (Papeles de Panamá, entre otros), a uno de los proveedores de mas bajo perfil del régimen de Maduro:
Alejandro Ceballos Jiménez es un magnate de la construcción venezolano y el patriarca de la adinerada familia Ceballos. Es el presidente del Grupo 7C (el holding que controla los negocios de la familia Ceballos) y de Inversiones Alfamaq (la constructora insignia del grupo familiar) .
Ceballos mantiene un perfil más bajo que otros miembros de la élite empresarial de Venezuela, pero se cree que se ha beneficiado de los estrechos vínculos con los gobiernos de los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Las empresas de la familia Ceballos han ganado importantes contratos gubernamentales para obras públicas como la construcción de escuelas y viviendas públicas y la renovación de un importante estadio deportivo en Caracas.
Ceballos fue investigado por presunta corrupción por la Asamblea Nacional controlada por la oposición de Venezuela. Las acusaciones incluyeron que ayudó a desviar $ 500 millones de un productor estatal de aluminio y oro y que colaboró en la venta indebida de tierras públicas. Posteriormente se abandonaron las investigaciones.
2019:
Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional investiga al empresario Alejandro Ceballos por el Acapulco Venezolano
La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, Presidida por el diputado Freddy Superlano, anunció que inició investigaciones por presuntos hechos de corrupción al llamado Acapulco Venezolano. En ese sentido, el parlamentario Richard Arteaga, miembro de la Delegación permanente, explicó que la estructura de presunta corrupción es entre funcionarios públicos del estado Anzoátegui y empresarios con vinculaciones al gobierno nacional.
Asimismo, el diputado Arteaga informó que consignó ante la Comisión de Contraloría, destaca la creación de una empresa municipal en el año 2014, por parte de la autoridades de la Alcaldía de Simon Bolívar, denominada KAMACUTO C.A, “donde aparecen como directores Zelin Avendaño y Luis Medrano, quienes les cedían terrenos, que pertenecen al ejido municipal, a otras empresas privadas y que a su vez, éstas, vendían a un precio que oscila los 250 mil dólares (USD 250.000$), retornando al erario público solo los aranceles, establecidos por la misma Alcaldia. Estamos hablando qué pasa de un diez mil por ciento (10.000%) de sobreprecio”. Detalló que estos hechos ocurrieron en la gestión del exalcalde Guillermo Martínez, con la presunta complicidad de los empresarios Alejandro Ceballos, Carlos Kauffman y Franklin Durán. Es importante resaltar que ya sobre el mencionado Alejandro Ceballos existen denuncias previas ligadas con el exministro Rodolfo Sanz por supuesta estafa a la nación por más de 500 millones de dólares (USD 500.000.000$).
Subrayado nuestro
Lo que revelan los archivos de FinCEN
A fines de 2013 y principios de 2014, la sucursal de Miami del Banco Espírito Santo presentó dos informes detallados sobre una empresa de la familia Ceballos sospechosa de malversación de dinero destinado a contratos de vivienda pública.
La empresa, Sarleaf Limited, registrada en Londres, se creó utilizando abogados suizos como accionistas nominales para ocultar la propiedad de la familia Ceballos, escribió el banco. Sarleaf recibió más de 146 millones de dólares de agencias gubernamentales venezolanas, incluida la compañía petrolera nacional PDVSA y de un programa contra la pobreza llamado Fundación Misión Che Guevara para construir viviendas públicas para los pobres.
Sarleaf y otras empresas de Ceballos desviaron millones de dólares a empresas offshore y cuentas bancarias de miembros de la familia Ceballos, informó Banco Espírito Santo. Los pagos a miembros de la familia parecían “excesivos” y varias transacciones con entidades vinculadas a esquemas de lavado de dinero parecían “de naturaleza artificial”, concluyó el banco.
Ceballos no respondió a las solicitudes de ICIJ de una entrevista ni respondió preguntas detalladas enviadas por escrito en agosto, subraya el consorcio internacional de periodistas de investigación.
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