El Supremo Tribunal Federal (STF) decidió este jueves que es inconstitucional la prisión de una persona en segunda instancia, lo que podría conducir a la liberación del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde abril de 2018, y otros miles de reclusos. Por el momento, los abogados de Lula ya han anunciado que pedirán su puesta en libertad.
En un breve comunicado, su defensa ha afirmado que presentará el viernes ante la Justicia Federal el pedido para que abandone la prisión de manera inmediata. Se realizará después de una reunión con el expresidente en la sede de la superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, donde está preso.
“El STF refuerza la idea de que el expresidente Lula está preso desde hace 579 días injustamente y de manera incompatible con la ley la Constitución de la República, como siempre dijimos”, destacan los abogados.
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— Lula (@LulaOficial) November 8, 2019
Tras igualarse los votos por cinco a cinco, el presidente del STF, José Dias Toffoli, votó contra la constitucionalidad de que se cumpla la pena de prisión.
Toffoli argumentó que el artículo 283 del Código de Procedimiento Penal establece que una persona solo puede ser arrestada después de que se haya dictado una sentencia final, es decir, cuando no hay más recursos judiciales en proceso. Asimismo, apuntó que ante la situación de violencia en el país, la prisión en segunda instancia no resuelve esos problemas.
Ao citar os dados de homicídios no Brasil, o ministro Dias Toffoli destacou que a prisão em 2ª instância não é responsável por isso. “Não é prisão após segunda instância que resolve esses problemas, que é panaceia para resolver a impunidade”
— STF (@STF_oficial) November 8, 2019
“Solo las sociedades autocráticas, que no reconocen los derechos básicos de sus ciudadanos, repudian y desprecian el derecho fundamental de cualquier individuo de ser considerado siempre inocente hasta que ocurra la cosa juzgada final”, argumentó previamente el ministro Celso de Mello en su intervención, con quien se igualó la votación.
Aunque Toffoli había declarado que el caso “no se refiere a ninguna situación en particular”, el país permanecía pendiente por saber qué pasaría con el proceso penal del expresidente Lula.
“El caso Lula ha contaminado de alguna manera todo este debate en vista de toda esta polarización. Lo que resultó no ser bueno para un debate”, refirió el ministro Gilmar Mendes, quien votó contra la ejecución anticipada de penas.
“Lula libre mañana”
“El STF ha fortalecido la democracia y la Constitución amenazada por el gobierno de extrema derecha. También ha reconocido después de un año y siete meses que Lula fue encarcelado ilegalmente. La crueldad termina aquí”, escribió en su cuenta de Twitter Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores (PT).
STF hj fortaleceu a democracia e a Constituição, ameaçadas pelo governo de extrema-direita. Também reconheceu, depois de 1 ano e 7 meses, q Lula ficou preso ilegalmente. A crueldade termina aqui. Seguiremos lutando pela justiça, q é anulação da sentença de Moro. A verdade vencerá
— Gleisi Lula Hoffmann (@gleisi) November 8, 2019
“El Supremo Tribunal Federal de Brasil ha decidido que las condenas a prisión solo son ejecutables una vez que hayan quedado firmes. Es lo mismo que venimos reclamando en Argentina desde hace años ¡Valió la pena la demanda de tantos!”, afirmó el presidente electo argentino, Alberto Fernández, quien agregó la etiqueta “LulaLivreAmanhã” (Lula libre mañana)”.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil ha decidido que las condenas a prisión solo son ejecutables una vez que hayan quedado firmes.Es lo mismo que venimos reclamando en Argentina desde hace años. ¡Valió la pena la demanda de tantos!¡#LulaLivreAmanhã! pic.twitter.com/vVEx0SC3LM
— Alberto Fernández (@alferdez) November 8, 2019
“Víctima de una conspiración”
El expresidente (2003-2010), de 74 años, cumple una pena de 8 años y 10 meses de prisión por lavado de dinero y corrupción pasiva en el caso de un departamento, en el marco de la ‘Lava Jato’. El antiguo líder sindical ya fue condenado por el STJ, pero le quedan todavía recursos pendientes.
Lula fue condenado también a 12 años y 11 meses de cárcel por corrupción y lavado de dinero en la reforma de una casa en Atibaia, Sao Paulo, pero la condena no está confirmada en segunda instancia. Además, tiene por lo menos otros seis procesos abiertos ante la Justicia.
El líder del PT siempre ha negado las acusaciones y alega que ha sido víctima de una conspiración para impedir que se presentara a las elecciones presidenciales de octubre de 2018. La condena del departamento, dictada por el exjuez Sergio Moro, actual ministro de Justicia, Sergio Moro, inhabilitó al líder petista como candidato en los comicios en los que era el gran favorito.
Guerra judicial en Brasil: ¿cómo afectan a Lula las revelaciones sobre ‘Lava Jato’?
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Esta tesis cobró fuerza cuando el pasado verano, el portal The Intercept Brasil filtró unas conversaciones entre Moro y los fiscales del caso Lava Jato que ponen en duda su imparcialidad.
La modificación de la jurisprudencia supone un duro golpe para Moro, que estuvo al frente de la mayoría de los juicios de la Lava Jato. En una nota enviada a la prensa, los fiscales de la Lava Jato advirtieron que la decisión de este jueves amenaza al combate contra la corrupción y la impunidad.
“La decisión de revertir la posibilidad de la prisión en segunda instancia está en disonancia con el sentimiento de repudio a la impunidad y con el combate a la corrupción, prioridades en este país”, afirman los fiscales, quienes reconocen que la medida “impactará en los resultados de su trabajo”.
La polémica jurisdicción
En 2016, al calor de la operación Lava Jato, la Corte autorizó la ejecución de la pena antes de que se agotaran todas las apelaciones. El Colegio de Abogados de Brasil (OAB), el Partido Comunista de Brasil (PCdoB) y el partido Patriota recurrieron con el argumento de que la presunción de inocencia impide la ejecución de una sentencia mientras todavía haya recursos en tribunales superiores, es decir, ante el Tribunal Superior de Justicia (STJ) o el Tribunal Supremo.
La medida también afecta a 4.900 presos, entre los que se encuentran decenas de condenados en el caso anticorrupción Lava Jato,según el Consejo Nacional de Justicia (CNJ). Los considerados peligrosos o que fueron presos de manera preventiva no accederán a la libertad. La salida de prisión tampoco será inmediata y la Justicia analizará caso por caso después de que los abogados de cada preso pida la correspondiente revisión.
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