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Polémica: Asamblea Nacional Legítima con voto salvo de PJ y Fracción 16J, aprobó 20 millones de dólares para pagar gastos legales

AN aprueba 20.000.000 de dólares de recursos públicos para pago de honorarios profesionales

Con una votación que no fue unánime, la Asamblea Nacional en sesión celebrada en la Plaza de Los Palos Grandes, acordó autorizar el uso de recursos hasta por la cantidad de veinte millones de dólares de los Estados Unidos de América (20.000.000,00 USD), para el pago de honorarios profesionales y gastos legales asociados a la protección, recuperación y control de activos de Venezuela en el extranjero.

Estos recursos podrán emplearse indistintamente para la defensa judicial y extra-judicial de la República y cualquiera de sus entes administrativos, hasta concurrencia del monto máximo autorizado.

La votación de este acuerdo presentado a la plenaria de la Asamblea Nacional contó con el voto favorable de todas las fracciones políticas a excepción de la fracción de Primero Justicia.

Fuentes cercanas a este medio pudieron revelar que en discusiones internas de los factores de la unidad, el partido aurinegro señaló que no era conveniente y que no era transparente el aprobar el uso de recursos públicos para estos fines y más aún cuando no se ha nombrado a la fecha el Contralor del gobierno interino que permitiría que existan mecanismos de control claros y transparentes para no defraudar la confianza de los ciudadanos.

La fuente también nos reveló que el punto fue llevado sin consulta a la sesión ordinaria y que llegó como un punto sobrevenido en la agenda de la sesión ordinaria.

Diputados de Primero Justicia señalaron que es importante destacar que su voto negativo responde a salvaguardar los recursos del estado bajo la premisa fundamental de que sin control no puede tocarse ningún tipo de recurso público, la integridad y la transparencia en el manejo de fondos de todos los venezolanos es clave y fundamental para el cambio en Venezuela.

También la fracción de diputados 16J salvó su voto, en razón de la carencia de un organismo contralor y supervisor de los mencionados gastos.

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