El nuevo presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, asumirá el cargo el 10 de diciembre, mientras el país enfrenta una crisis de deuda y un creciente temor al incumplimiento. Fernández prometió negociar un “pacto social” entre empresarios, trabajadores y partidos políticos, para evitar que la inflación se salga de control. No obstante, Fernández también prometió proteger la libertad de expresión y mantener una relación normal con la prensa — incluso con periodistas que eventualmente pueden criticar a su gobierno.
Hubo ocasiones en que esa relación no fue tan “normal”.
El 22 de agosto, dos meses antes de las elecciones presidenciales de Argentina, el conglomerado de medios Clarín organizó un seminario sobre democracia y desarrollo en Buenos Aires. El presidente conservador Mauricio Macri, que se postulaba para un segundo mandato, y su principal rival político, el candidato de izquierda, Fernández, se turnaban en el escenario para responder las preguntas de los periodistas. Uno de los principales temas fue la relación del futuro gobierno con la prensa.
“Yo tengo muchos amigos periodistas… y en la mayoría de los casos no están de acuerdo con lo que yo pienso. Como vas a vivir en un país donde se ponen figuras de esos periodistas para que la gente le escupa”, dijo Fernández. “Eso es una vergüenza”, añadió refiriéndose a una de las tantas campañas de desprestigio que se dieron durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). Sus palabras fueron recibidas con aplausos, por más de una razón.
Mucho antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzara su guerra contra los medios, acusando a la prensa de propagar “noticias falsas”, los argentinos presenciaron un brutal conflicto de siete años entre el gobierno de Cristina Kirchner y los principales medios de comunicación — especialmente el dominante Grupo Clarín. Cada parte acusó a la otra de manipular información, mentir abiertamente y, lo que es peor, de atacar la democracia.
Durante el gobierno de Cristina Kirchner, el periodista de investigación Diego Cabot era el editor de economía del diario La Nación. “Eran tiempos difíciles porque, como periodistas, cubríamos mentiras como forma de cobertura diaria”, dijo Cabot al Centro Knight. “El gobierno manipulaba las estadísticas del Indec para esconder la inflación. Y presionaban a los empresarios. Teníamos prohibido – muchos de nuestros entrevistados – y yo entrevistaba muchos empresarios – usar la palabra inflación. Los presionaban. No te puedo contar las veces que los entrevistaba y hacían de todo para hablar de la inflación sin mencionar la palabra”, dijo.
Era aún peor, dijo Cabot, trabajar en un ambiente hostil. “La tarea del periodismo, la forma como hacíamos nuestro trabajo, fue puesta en el centro del debate público – y era un debate desigual. Cristina usaba el atril de presidente para atacar nuestra credibilidad y no se podía debatir de vuelta o despejar dudas frente un público que no fueran tus consumidores”.
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Foto: Guillermo TomoyoseLos ataques subieron de tono y se hicieron más personales. Carteles, camisetas, y hasta medias con el eslogan “Clarín Miente” eran repartidos en los mítines. En 2010, la organización de derechos humanos Madres de Plaza de Mayo puso en escena un simulacro de juicio y condenó públicamente a siete conocidos periodistas de cinco medios de comunicación como “traidores”. Los acusó de haberse hecho de la vista gorda con la dictadura militar (1976-1983), y dijo que “los acusados fueron encontrados culpables de haber traicionado al pueblo, de haber permitido que se mate y se torture, de haber silenciado el horror”.
Al mismo tiempo, Clarín fue criticado por tener demasiado poder político y financiero entre los medios del país. En 2012, el Comité para la Protección de los Periodistas escribió: “La consecuencia de esta ardua pelea es una prensa altamente polarizada. Por un lado, los críticos de Kirchner la acusan de coartar la libertad de prensa al recompensar a los medios simpatizantes y silenciar — mediante regulaciones y el reparto de la publicidad oficial — a los medios que se le oponen. Por otro lado, muchos creen que Clarín tiene demasiado poder y que utiliza su enorme red de medios para impulsar sus intereses comerciales particulares”.
Sin embargo, algunos periodistas notaron avances positivos para la prensa durante el gobierno de Kirchner.
“Durante el gobierno de Cristina Kirchner, la Argentina aprobó una ley eliminando las sanciones penales por calumnias e injurias a los periodistas”, dijo el periodista Martin Granovsky de Página 12 al Centro Knight. “Eso marcó una diferencia. En el gobierno de Carlos Menem (1989-1999), el gobierno movía juicios contra nuestro diario todo el tiempo. Había lo que llamábamos la industria del juicio”.
Las tensiones entre la prensa y el gobierno se enfriaron en gran medida cuando Macri fue elegido en 2015. Los funcionarios del gobierno ya no se referían a los periodistas como “enemigos” y eran más propensos a dar entrevistas, tanto a la prensa local como internacional. La editora económica de Clarín, Silvia Naishtat, dijo que nunca tuvo tanto acceso a la información como en los últimos tres años y medio.
“Hubo un cambio de política del gobierno en relación a la prensa. Los funcionarios te atendían. No te digo que te daban la información que buscabas o una entrevista, pero sí te contestaban el teléfono”, dijo Naishtat al Centro Knight. “Espero que eso no cambie con el nuevo gobierno”.
Desde el pasado agosto, las probabilidades de que Macri saliera reelegido empezaron a reducirse. “La inflación anual es superior a 50% – es probablemente la tercera más alta en el mundo, después de Venezuela y Zimbabue. Y se estima que la economía se achicará un 3% en 2019. En esas circunstancias es muy difícil para un gobierno ganar una elección”, declaró el analista político Rosendo Fraga al Centro Knight.
Foto de portada de la cuenta de Alberto Fernández en Twitter que muestra al presidente electo junto a la candidata y futura vicepresidente, Cristina Kirchner. (Captura de pantalla).Ahora, Cristina Kirchner volverá al poder como vicepresidente. Fue elegida por el boleto peronista con Fernández, quien se desempeñó como jefe de gabinete durante el gobierno de su esposo (2003-2007), Néstor Kirchner, y también durante los primeros meses de su presidencia. Después de dejar el cargo en 2008, Fernández se convirtió en un crítico resonante de su antiguo jefe, también en asuntos relacionados a la guerra del gobierno con la prensa.
“Cuando yo fui jefe de gabinete tuve a mi cargo el Canal 7, y en Canal 7 no había ningún programa político para evitar que alguien dijera que usaba el canal público para hacer política”, dijo Fernández durante el seminario. “Después que me fui (del gobierno) vino (el programa) 678. A mí también me mataban en 678”, añadió, recordando como se referían a él como “el lobista del Grupo Clarín” cada vez que él se pronunciaba en contra del gobierno.
El programa 678 se emitió por primera vez en 2009, a medida que crecía la polarización en Argentina. Su objetivo principal era destacar lo que consideraba un uso sesgado de la información por parte de los principales medios y ofrecer el otro lado (principalmente del gobierno) de la historia, pero para la mayoría de los periodistas era mera propaganda política. El debate en ese momento, sin embargo, era sobre otra cosa. “No tengo duda que 678 es un programa de propaganda. Pero me parece legítimo que el gobierno tenga un programa de propaganda en medio de tantos programas de oposición, que sobreabundan”, dijo el activista de derechos humanos y experimentado periodista Horacio Verbitsky, a quien se le vio como alguien cercano al gobierno de Kirchner en el panel de julio de 2018. Como ejemplo mencionó Todo Noticias (TN) – el canal noticioso de cable del Grupo Clarín: “Y TN no es menos de propaganda que 678”.
Tan pronto como asumió la presidencia, Macri acabó con 678 y modificó, por decreto, la Ley de Medios — una de las reformas más controversiales aprobada por Kirchner. La ley fue propuesta como un conjunto de regulaciones hace tiempo pendientes, modernas y democráticas que reemplazaba a aquellas que datan de 1980, cuando no había internet o televisión por cable y Argentina estaba gobernada por una dictadura.
La ley de 2009 puso restricciones a la propiedad de los medios de comunicación, en un esfuerzo por evitar que establecieran monopolios en el sector. Pero fue visto como una herramienta del gobierno para desmantelar al Grupo Clarín, al que consideraba su mayor y más poderoso opositor. El propietario posee o tiene una participación en el diario más grande de Argentina, Clarín, otros periódicos y revistas, estaciones de radio y canales de televisión, así como en la única imprenta de papel prensa del país, Papel Prensa.
El decreto de Macri levantó las restricciones sobre la propiedad de múltiples licencias (radiodifusión de radio, televisión, televisión por cable o internet) y sobre el número total de licencias de transmisión que cada grupo de medios puede tener. Esto revirtió los procesos de desinversión forzada que los grupos de medios estaban obligados a asumir para cumplir con la Ley de Medios de Kirchner. En 2016, Julio Blanck –quien fue director editorial de Clarín durante una década– dio una entrevista sobre cómo era trabajar durante el gobierno de Kirchner: “Hicimos periodismo de guerra, sí. Eso es mal periodismo. Fuimos buenos haciendo guerra. Estamos vivos llegamos vivos al final al último día”, dijo. “Eran las circunstancias. Hice cosas que en circunstancias normales por ahí no hubiese hecho”.
Entonces, ¿cuán normales serán estas circunstancias durante el próximo gobierno? Fernández dice que ambas partes son responsables de la guerra y es hora de dejar que lo pasado sea pasado. Se presenta a sí mismo como un político que puede unir a los argentinos, en un momento en que el país está altamente endeudado y enfrenta una gran crisis económica –que también afectó a la industria de los medios.
En septiembre, los representantes de los once “diarios recuperados” (publicaciones que se fueron a la bancarrota y fueron tomadas por sus trabajadores) tuvieron su segunda reunión nacional para discutir sobre su sobrevivencia. El dólar estadounidense, que en 2015 valía 13 pesos argentinos, ahora tiene un cambio de 60 pesos. “Importar papel para diarios se volvió prohibitivo”, dijo Gerardo Aranguren, editor de la página web de Tiempo Argentino, al Centro Knight. “Podemos comprar en el mercado local, pero los precios también aumentaron. Y el único fabricante de papel, Papel Prensa, es controlado por Clarín y La Nación, que es el segundo diario más grande”.
Durante la presidencia de Kirchner, Tiempo Argentino pertenecía a un grupo de medios con fuertes lazos con el gobierno y fue visto como una herramienta de propaganda. Cuando Macri ganó las elecciones, el pequeño diario perdió fondos estatales y el propietario dejó de pagar a sus empleados. Los trabajadores tomaron el edificio en 2016 y formaron una cooperativa para administrar el “diario recuperado”. Ahora se imprime solo los domingos y está financiado principalmente por suscriptores.
“Todavía imprimimos porque en el mercado de medios de Argentina todavía es muy difícil monetizar una página en internet”, dijo Aranguren. Ochenta y tres personas trabajan para la cooperativa –la mayoría periodistas que ahora hacen un poco de todo, desde reportería, edición hasta contabilidad y mercadotecnia. Pero los medios informativos en Argentina –grandes y pequeños– dependen bastante de la publicidad estatal. Tiempo Argentino espera conseguir una mayor participación con el gobierno de Fernández.
¿Qué espera el periodista de Página 12, Martín Granovsky, del nuevo gobierno? “Espero que pare la discriminación que existía de Macri – por ejemplo, contra el Grupo Octubre (Página 12 y Radio Am 750). Y que el Estado fomente con políticas públicas la diversidad de voces en el terreno audiovisual siguiendo los parámetros de la Unesco”.
Los periodistas de los principales medios de comunicación aún desconfían de Fernández. “Alberto Fernández ganó las elecciones como político moderado, pero fue Cristina Kirchner quien decidió que se postularía para presidente con el boleto peronista y ella es la que tiene más votos”, dijo Cabot. “Todavía no sabemos cuánto va a influir en el futuro gobierno”.
Durante la campaña, Kirchner insinuó que sigue pensando que la mayoría de medios tiene un sesgo contra ella y culpó a los periodistas por favorecer a Macri, al no reportar sobre la gravedad de la crisis económica. “Yo le decía a Alberto (Fernández), (…) si vos no comprabas Página 12, o ponías C5N en la televisión, estaba todo bien en la Argentina, estaba todo de maravillas”, dijo la ex presidenta durante una presentación el pasado agosto. Pero ella también admitió que “el enojo y la crispación” no eran el camino adecuado para lidiar con la crítica– sea honesta o no.
En su reunión anual, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), instó a los candidatos presidenciales a preservar la libertad de expresión. “Esperamos que en el ejercicio del poder, la nueva administración ratifique la promesa de Alberto Fernández de que no se reeditarán hostigamientos ni persecuciones contra medios y periodistas”, dijo el presidente de Adepa, Martín Etchevers, al Centro Knight. “Esperamos también que no se restringida la libertad de prensa por vías directas ni indirectas, que se promoverá el acceso a la información de manera amplia e igualitaria, que no habrá represalias estatales contra los medios críticos”.
Durante la reunión también se abordaron nuevos temas. La publicidad en diarios y revistas se ha reducido como consecuencia de la crisis económica de Argentina y de la revolución digital. Ahora, “la mayor parte de la publicidad digital, que representa la principal porción de la torta publicitaria global, es absorbida por dos empresas. Google y Facebook se nutren de contenidos periodísticos, con los que obtienen beneficios económicos directos e indirectos, sin remunerar a sus generadores”, dijo el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de Adepa, Daniel Dessein, durante la reunión. Ese es pues otro desafío que enfrentan las organizaciones de medios argentinas.
Mónica Yanakiew
Periodista brasileña-estadounidense
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