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Relatores ONU se pronuncian sobre casos de criminalización y hostigamiento contra periodistas en Venezuela

Los relatores de la Organización de las Naciones Unidas; Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; Relatora Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; y Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de conformidad con las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos emitieron un pronunciamiento conjunto sobre los casos de Henderson Eliecer Maldonado Colmenarez y Darvinson Rojas.

En el mismo, señalan que recibieron información de las presuntas detenciones arbitrarias, tratos crueles, inhumanos y degradantes, las criminalizaciones y liberaciones provisionales de Henderson Eliecer Maldonado Colmenarez, y de Darvinson Rojas, así de la posibilidad de que dichas alegaciones formen parte de un contexto de estigmatización, persecución y criminalización sistemática de las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela, el cual se habría visto intensificado por el contexto actual de la crisis sanitaria global generada por el virus COVID-19.

Informaron que realizaron una solicitud de información al gobierno venezolano sobre estos casos y las posibles limitaciones al derecho a la libertad de asociación y las dificultades operacionales que estarían enfrentando organizaciones defensoras de derechos humanos que han sido amenazadas con una ilegalización de facto.

En el pronunciamiento instan al Gobierno a adoptar todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de Maldonado y Rojas, e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a las personas responsables de las violaciones alegadas. Asimismo, a tomar las medidas efectivas para evitar que tales hechos, de haber ocurrido, se repitan.

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