Un proyecto de ley de Chega pretende cambiar la Carta Portuguesa de Derechos Humanos en la Era Digital con la introducción de una norma interpretativa que establece que ninguna disposición de esta ley “puede ser interpretada en el sentido de establecer o promover, directa o indirectamente, ningún tipo de censura o filtro público real ”.
La iniciativa legislativa, presentada este lunes en la Asamblea de la República -donde la citada ley fue aprobada con votos favorables de todos los partidos excepto el PCP, el PEV, la Iniciativa Liberal y Chega, que optó por la abstención-, es un añadido al artículo 6 de la Carta Portuguesa de Derechos Humanos en la Era Digital, refiriéndose al “derecho a la protección contra la desinformación”.
En este punto, que ha sido criticado incluso por diputados que hicieron viable la ley, como el socialista Sérgio Sousa Pinto, se establece que “el Estado apoya la creación de estructuras de verificación de hechos por medios debidamente registrados y fomenta la atribución de sellos de calidad por entidades acreditadas y dotadas de la condición de utilidad pública ”. Y define el objetivo del Estado “proteger a la sociedad frente a personas naturales o jurídicas, de jure o de facto, que produzcan, reproduzcan o difundan una narrativa considerada desinformativa”.
Como defendió en una carta que envió el viernes pasado a la Fiscalía General de la República, Lucília Gago, el único diputado de Chega, André Ventura, escribe en la exposición de motivos de su proyecto de ley que tipifica como la atribución de sellos de calidad por parte de entidades de confianza. dotado de la condición de utilidad pública “puede conducir rápidamente a mecanismos de control sobre la opinión de los ciudadanos, circunstancia verdaderamente incomprensible”.
Asimismo, Ventura afirma que el apoyo del Estado a la creación de estructuras de verificación de hechos por medios debidamente registrados es “completamente inaceptable” en los términos establecidos en la Carta Portuguesa de Derechos Humanos en la Era Digital, en la medida en que, “junto con la promoción de cualquier nueva modalidad de censura moderna ”, implica también en la práctica que el Estado“ parece querer protegerse de la transmisión de opiniones ciudadanas, permitiéndose así querer convertirse en el definidor de la verdad. cada momento».
Por ello, y a pesar de coincidir en que la desinformación “siempre se debe combatir”, la iniciativa legislativa Chega enfatiza que la libertad de expresión “no es compatible con la supervisión y / o vigilancia de la ciudadanía”, considerando que las posibilidades abiertas al Estado con la legislación en La fuerza «no se reconcilia con el sano equilibrio que siempre debe prevalecer entre Estado y ciudadanía» y «representan un verdadero pisoteo del paradigma jurídico que Portugal sigue desde hace más de 40 años y que se celebra cada 25 de abril».
Antes de Chega, la Iniciativa Liberal ya había adelantado su intención de presentar un proyecto de ley para revertir un artículo de la Carta Portuguesa de Derechos Humanos en la Era Digital que calificó como “un primer paso hacia la creación de un Ministerio de la Verdad”. Y, a pesar de admitir que la ley tiene puntos positivos que refuerzan derechos, libertades y garantías «, estos sólo pueden ser efectivos con cambios que no hagan de la letra lo que João Cotrim Figueiredo calificó, en el debate general, como» una excusa mal disfrazada para aprobar instrumentos y mecanismos separados para el control y seguimiento digital por parte del Estado de los medios de comunicación y las redes sociales ”.
Ana Gómez
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