El suicidio y violencia infantil son problemas hoy en día de suma complejidad, muy preocupantes, a tal grado que han sido abordado desde diferentes perspectivas, precisamente por las repercusiones, que tienen en la vida personal y social, que afecta a la población en general, sin distinciones de sexo, estrato social, económico, intelectual e incluso de edad. El suicidio y violencia infantil de manera particular entre niños, es un fenómeno social, que ha venido creciendo de manera paulatina e inquietante en el mundo y aun en nuestro país.
Abel Saraiba, coordinador del programa Creciendo sin Violencia de la ONG Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap) explicó que, desde el inicio del confinamiento en Venezuela, han recibido aproximadamente 400 consultas en todo el país, de las cuales la mayoría se trata de violencia en la crianza, de maltrato físico y de trato humillante.
Con motivo del confinamiento en Venezuela, por la crisis del Covid-19, posiblemente, han traído graves problema a los niños, niñas y adolescentes, quienes son víctimas cada vez más por la violencia psicológica, física y sexual.
De acuerdo con organizaciones sin fines de lucro y de las autoridades, desde el inicio de la cuarentena social, el registro de estos casos, así como la solicitud de apoyo a los menores de edad y las detenciones de los violadores o maltratadores se han incrementado.
A pesar del esfuerzo de estos organismos, para responder, las medidas se hacen cuesta arriba en gran parte del país por los trámites burocráticos y la falta de políticas generales del Estado.
En Venezuela, cada día muren 4 niños de forma violenta, es decir, uno cada 6 horas y la tasa de mortalidad violenta, para adolescentes entre 15 y 17 años es de 99,7 por cada 100.000 habitantes, frente a una global nacional de 97.
De estos casos, uno de los más graves fue el de un niño de 9 años de edad en el estado Zulia, que intentó suicidarse.
No obstante, aclaró que todavía se encuentran en fase de levantamiento de casos y que no cuentan con datos oficiales, por lo cual podrían ser más.
Por su parte, Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap, sobre muertes violentas y otras formas de violencia contra los niños, niñas y adolescentes (NNA) en Venezuela, hizo uso de estas cifras para contextualizar este fenómeno, y sin llegar su presentación a las conclusiones, ya que está dando por sentado que Venezuela es un país peligroso para los NNA.
En Cecodap, la meta de consultas para 2019 era de 10.000 casos, pero se reportaron 11.000, este año no se han podido contabilizar con exactitud ante este confinamiento obligado.
Ante esta situación, Cecodap ofrece orientación, acompañamiento, estrategias de autocuidado, primeros auxilios psicológicos, acompañamiento legal, así como una estrategia de difusión de contenidos, recomendaciones y pautas que permitan a las familias afrontar situaciones de violencia infantil. Todo esto principalmente a través de videollamadas, mensajes de texto o llamadas telefónicas.
El coordinador del programa Creciendo sin Violencia señala que cuando un profesional de la salud tiene conocimiento de que hay una situación de violencia contra un niño, tiene la obligación de denunciar, aunque los afectados no lo hagan.
“En otros casos las personas cuando no nos suministran datos directos, que nos permiten constatar, se les da la orientación a qué organismos puedan poner la denuncia”, dijo.
“Cuando la gente llama, nosotros hacemos una primera recepción de los datos, luego hacemos una entrevista preliminar, luego se decide si puede ser atendido o no, debido a que tenemos unas líneas de trabajos; una vez es admitido, se entrevista a los padres o representantes y se avanza. Una vez el caso admitido, si se estima que hay una situación de riesgo, pues se valora el alcance del mismo. Tenemos un equipo jurídico con quienes evaluamos si esto puede suponer una amenaza a la integridad física de los niños, y de ser así, se procede conforme a lo que está establecido en la ley, o bien se hace la denuncia vía consejo de protección, o vía Ministerio Público”, explicó Saraiba.
No obstante, Saraiba señala que la actuación del Estado es “deficiente” para impartir justicia y ayudar a los infantes con derechos vulnerados. De acuerdo con el artículo 158 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños , Niñas y Adolescentes (Lopnna), los Consejos de Protección: “Son los órganos administrativos que, en cada municipio y por mandato de la sociedad, se encargan de asegurar la protección en caso de amenaza o violación de los derechos y garantías”.
En la actualidad, no se cuenta con las herramientas para hacer su trabajo y además, agrega, de las respuestas también limitadas dependen del actual sistema judicial venezolano, paralizado por el coronavirus o confinamiento.
Asimismo, el Ministerio Público habilitó la línea telefónica (0212) 509-8684, para atender los casos de violencia contra la mujer, niñas, niños y adolescentes, la cual está operativa desde las 8:00 am hasta las 2:00 pm.
Mientras que, la Unidad de Atención a la Víctima, ubicada en la avenida Urdaneta en Caracas, está laborando en el mismo horario, aunque recomiendan la comunicación telefónica para evitar las aglomeraciones.
No se tiene mayores detalles de estos casos, debido a que la mayoría de los funcionarios gubernamentales y las autoridades de la Fiscalía con competencias en la materia de la Lopnna, “no están autorizados para dar declaraciones”.
Este año, con la particularidad de la pandemia del Covid-19, el Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), advirtió que el confinamiento puede exponer a los niños a un aumento del castigo físico y violencia psicológica en el hogar u obligar a los niños a quedarse en hogares precarios.
Najat Maalla, Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre violencia contra los niños también dijo: “En un momento de encierros y aislamiento en el hogar y en otros lugares, los niños corren un mayor riesgo de sufrir violencia y explotación, así como problemas de salud mental. Esto es especialmente cierto para aquellos que ya están en situaciones vulnerables y que no deben ser dejados atrás”.
Consejos
La crisis del Covid-19 en Venezuela se produce en un momento en el que los organismos públicos no pueden dar respuesta eficiente a los casos de violencia. Entre las potestades de los Consejos de Protección que establece la Lopnna, está el de dictar las medidas de protección a niños, niñas y adolescentes. Todo ello, en función de las normativas enmarcadas en los artículos 124 y 126 de la Ley, que establece toda la estructura que debe tener el Estado venezolano para salvaguardar su integridad. Sin embargo, crisis económica y la falta de apoyo institucional impiden el buen funcionamiento de estos consejos.
De acuerdo con Nelson Villasmil, integrante de la Consejería de Protección de niños, niñas y adolescentes del municipio Sucre, en el estado Miranda, hay una discordancia entre lo que dice la ley y lo que sucede en la práctica. Argumenta que debido a los malos sueldos (van entre uno a tres salarios mínimos) muchos de los consejeros renuncian al cargo. Desde 2017, al menos siete personas de la consejería dimitieron, según Villasmil. Además, explica que no cuentan con programas de atención coordinados por el Estado, tiene poco presupuesto, escasez de equipamientos y fallas en las instalaciones.
“Ahorita se está presentando un problema. Con los malos sueldos, la gente termina renunciando a sus cargos. Por lo tanto, el nivel de conocimiento de la mayoría de los consejos de protección ha disminuido. Las personas que ocupan esos cargos, no son necesariamente las más idóneas, terminan teniendo acciones indebidas, no acordes. El consejero, que es el que tiene que resolver el problema, termina improvisando y la protección no es la mejor, por lo que las expectativas no se cumplen”.
A pesar de ese contexto, la Consejería de Sucre se encuentra trabajando durante la cuarentena a través del número telefónico (0426) 905-5390 para atender “estrictas emergencias”, es decir, casos de trato cruel, de abuso sexual, o de niños abandonados.
La consejería ofrece orientaciones y tienen a disposición especialistas, abogados, y psicólogos.
Desde el decreto de cuarentena, han recibido aproximadamente 10 de estos casos que implican la apertura de un procedimiento, para restituirle los derechos a menores.
Los hijos de migrantes
Al migrar los padres de familia, los hijos se quedan al cuidado de otros familiares, o de vecinos, o de padrastros. Estos son, de acuerdo con el consejero, los principales victimarios. Por lo tanto, piden especial atención a niños que estén en estas condiciones durante la cuarentena.
“Muchas veces dejan a los niños con las abuelas, pero son muy mayores de edad, o son personas poco tolerantes, entonces terminan exponiendo al chamo, no cumplen con su escolaridad. Creen que el niño es un objeto. Hemos tenido esos casos así. Tanto el agresor físico como el agresor sexual terminan teniendo algún vínculo con el chamo. Siempre es alguien conocido. Últimamente hemos tenido casos de madres adolescentes que tienen parejas de 60 o 65 años, es decir, que se llevan muchos años de diferencia. La mamá llevaba a la adolescente al vecino, y terminan enamorándose y teniendo relaciones sexuales. Entonces tienen hijos y terminan siendo los más afectados”, contó Villasmil.
Las denuncias
El funcionamiento de las Consejerías de Protección de todo el país, las coordina en teoría, el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna).
Pero en la práctica, el entramado burocrático merma el acceso de los organismos gubernamentales y sin fines de lucro, que buscan los programas de atención y de ayuda a los menores de edad.
Mientras que, Carla Serrano, directora general de la Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna), una ONG que agrupa a los defensores de los DD HH de los menores, recordó que la Lopnna, ha sido reformada dos veces.
La última, en el año 2007, introdujo un ministerio con competencia en materia de niños; pero desde entonces no hay una cartera clara que se ocupe de este tema.
Desde la última reforma, las competencias han pasado por el ministerio de Salud, por el de Comunas, y por Protección Social.
Actualmente está adscrito al Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, específicamente en el polémico Viceministerio de la Suprema Felicidad Social Del Pueblo.
“Cada vez más lugares, posiciones, roles importantes en la materia de infancia, no lo ocupan realmente personas que tengan conocimientos sobre el tema ni tienen la formación, entonces a veces puedan dar un mensaje equivocado o de la forma que no es, o con la manera de actuar terminan estigmatizando o discriminando a los niños. Tenemos más burocracia, más cargos, una estructura administrativa enredadísima, pero a la hora del té dónde están. Tú nunca los ves dando declaraciones, asumiendo responsabilidades. No hay un plan para proteger al niño durante el Covid-19. No ves nada de eso. No ves un pronunciamiento público”, dijo Serrano.
Los expertos dicen que es imperativo que el Estado cumpla con su deber de asignar recursos suficientes y de calidad para que se garantice la debida protección a los NNA; y recomienda desarrollar programas de formación en el área preventiva y crear programas de atención médica y psicológica, e igualmente exhorta al seguimiento y análisis de las recomendaciones del Estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños.
Finalmente, el confinamiento, que ha resultado un reto para millones de personas en el mundo, es ahora uno de los mayores desafíos, para la integridad de los niños en todo el mundo, y en especial Venezuela.
Enrique López Alfonzo
Periodista Venezolano Independiente
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elopez0333@gmail.com
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