Tres demandas de Odebrecht contra Venezuela quedaron suspendidas este mes de marzo, mientras el Estado mantiene un juicio contra la constructora.
Seis años después del estallido del escándalo de sobornos de la empresa brasileña, no hay imputados por corrupción en el sistema judicial venezolano.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunció en su portal de internet la suspensión «hasta nuevo aviso» de las audiencias de las tres demandas contra el segundo país que más sobornos recibió del gigante de la construcción, unos 98 millones de dólares, según su expresidente Marcelo Odebrecht, condenado a 19 años de cárcel en Brasil.
Esas audiencias estaban pautadas del 10 al 17 de marzo. Obras como el puente Mercosur, que uniría los estados Guárico y Bolívar; un segundo puente sobre el Lago de Maracaibo; y un sistema ferroviario para unir Caracas con las vecinas La Guaira y Guatire, quedaron inconclusas.
El escándalo de Odebrecht, que explotó en 2016, involucró a políticos y funcionarios de 12 países de América Latina -incluidos presidentes y expresidentes-, que supuestamente recibieron cientos de millones de dólares en sobornos a cambio de contratos públicos en el continente. Ningún funcionario, en contraste, ha sido imputado en Venezuela.
Odebrecht cambió su nombre a Novonor, exige que se anule la decisión de suspender los contratos y se le permita terminar las obras.
«Es importante aclarar que CNO [Constructora Norberto Odebrecht] nunca abandonó las obras que estaba ejecutando en Venezuela. Lo que ocurrió fue que todos los contratos de obras han sido rescindidos unilateralmente por los diversos clientes estatales», precisó Novonor a la AFP.
Según la ONG Transparencia Venezuela, se produjo «una cesación de los pagos de las valuaciones» en 2016, en un momento de una profunda crisis, lo que «imposibilitó la obra». Esta organización indicó, en 2018, que Odebrecht culminó solo nueve de 33 obras contratadas y que el Estado venezolano había pagado al conglomerado más de 13.000 millones de dólares por 18 de ellas.
En paralelo, mientras las demandas de Odebrecht se suspendieron, sigue en marcha un juicio del estatal Metro de Caracas contra la constructora por el incumplimiento de un proyecto de 2.400 viviendas que tampoco fueron construidas, con 76 millones de dólares de inversión, según indican sentencias del TSJ.
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