La crisis política venezolana, en tanto que resultado de una crisis del Estado, continente de una crisis de acumulación (económica) y otra crisis de dominación (política), y ahora de salud, devino en serios problemas de todo orden, dirección, sentido y magnitud. Así fueron encauzándose graves problemas, desde el mismo momento en que el país comenzó a sobrellevarla. La presencia de un liderazgo político asumido sin la legitimidad de origen necesaria y en ausencia de la legitimidad de ejercicio exigida, fue una de las causas que mayormente incidieron en acentuar la situación arriba referida.
En medio de los ahogos originados por dicha razón, se profundizaron complicaciones que ya venían presentándose. La conflictividad, entre otras, se incrementó no sólo por desacuerdos, desorganización y ambigüedad. Particularmente, a la hora de precisar fórmulas y mecanismos de gestión y evaluación del desempeño traducido a través de proposiciones y acciones. También, se agrandó por causa de conceptos y criterios faltantes en administración de gobierno, tanto como en organización del aparato público y evaluación de los servicios públicos.
Situaciones de esta naturaleza, tuvieron la fuerza fáctica para imponer métodos de intervención en ambientes definidos por contradicciones ocasionadas por enfrentamientos entre actores políticos. Actores éstos carentes de proyectos de contundente y consistente efecto político, social o económico. Por tanto, las realidades se atascaron a pesar de las promesas que apuntaron posibilidades en el menor o mediano plazo. Aunque se volvieron tan invisibles que hasta la magia del Mago Merlín, habría lucido vaga y azarosa.
Una de las motivaciones que más han tendido a fracturar y conculcar realidades, ha sido la progresiva intervención de instituciones investidas de autonomía funcional. Intervención ésta perpetrada por factores políticos del régimen. Casi todos, desprovistos de capacidad de comunicación para actuar como aporte en la reconstrucción del país necesario. Todos operando a su particular manera. Aun cuando siempre aseguran lo contrario a lo que sus resultados dejan ver. Actores éstos que chocan entre si debido a que la impronta política de sus apuestas políticas, carece de la debida fuerza de compenetración para vincular razones y proposiciones de contrapuesta inspiración.
Justamente, en ello radica la razón para que Venezuela se vea sometida por conflagraciones, desencuentros y por la esquiva y desastrosa crisis la cual, además, se ha arraigado través del mismo esquema empleado para (des)gobernar.
Cuando se habla de la obligada transición por la cual habrá de pasearse el país antes de definirse otro modelo de gestión gubernamental, se toca una gruesa imprecisión que sigue sin resolverse a consecuencia de la inconsistencia que muestra sus ejecutorias. Y que además, evidencia el discurso político pronunciado ante el país. Más aún, del divorcio estructural entre propuestas de gobierno que prometen evitar el recrudecimiento de las crisis que azotan al país. Es ahí cuando cabe el planteamiento en firme de una salida institucional. O de acometer los cambios que innegable y reiteradamente exige la sociedad venezolana. Y que deberá llevarse a través de una transición política, ¿pero hacia dónde?
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