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Última Hora: Prohíben divulgación de material en juicio de Cliver Alcalá; “dañaría seguridad” de EEUU

En la lista de personas de interés también se encontraban los dirigentes venezolanos Lester Toledo, Jorge Betancourt y Juan José (“JJ”) Rendón.

El juez federal que lleva en Nueva York el caso por narcotráfico presentado en contra del ex mayor general venezolano Cliver Alcalá negó la moción de la defensa de brindar acceso a documentos secretos pertinentes al caso, considerando que la divulgación del material podría causar “serios daños” a la seguridad nacional de Estados Unidos.

El pronunciamiento se produce en medio de las alegaciones presentadas por la defensa de que el gobierno de Estados Unidos estaba al tanto de los planes que realizaba Alcalá desde Colombia para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, en una incursión armada que fracasó estrepitosamente pocas semanas después que la justicia estadounidense anunciara los cargos contra el militar.

El equipo de defensa del general le ha solicitado al juez del Distrito Sur de Nueva York Alvin Hellerstein que reconsidere su decisión.

Aunque los documentos obtenidos no muestran una descripción específica sobre el material secreto solicitado, entre las cosas que la defensa había pedido se encuentra todo documento relacionado con el intercambio de información sobre Alcalá sostenido entre funcionarios del gobierno de Estados Unidos e integrantes del equipo opositor venezolano liderado por Juan Guaidó.

La solicitud hacía especial énfasis en las comunicaciones que podrían haber sostenido el ex enviado especial de Estados Unidos ante Venezuela, Elliott Abrams; el ex Secretario de Estado Mike Pompeo y el ex Fiscal General de Estados Unidos William Barr.

La defensa también solicitó información sobre la correspondencia relacionada con Alcalá que pudieran haber tenido Marshall Billingslea, ex secretario adjunto del Departamento del Tesoro, el ex director senior del Consejo Nacional de Seguridad Mauricio Claver-Carone y agentes de la CIA en Bogotá.

En la lista de personas de interés también se encontraban los dirigentes venezolanos Lester Toledo, Jorge Betancourt y Juan José (“JJ”) Rendón.

Alcalá se encontraba a la cabeza de una conspiración compuesta por ex militares y policías venezolanos que aspiraban incursionar en Venezuela para capturar a Maduro y al número dos del régimen, Diosdado Cabello. La agrupación se entrenó en territorio colombiano cerca de la frontera con Venezuela con la ayuda de la compañía de seguridad Silvercorp, radicada en la Florida, perteneciente al ex boina verde estadounidense Jordan Goudreau.

Los abogados declaran que “Estados Unidos estaba al tanto de los planes del general Alcalá para derrocar a Maduro del poder”. Aun así, “le acusa de participar en una conspiración de narcoterrorismo con Maduro y con otros altos integrantes de su régimen”.

La revelación de que integrantes de la administración de Donald Trump estaban al tanto de la fracasada incursión armada antes de que ésta fuese lanzada en mayo del 2020 surgieron por primera vez en una investigación realizada por el Miami Herald en octubre de ese año.

El ex mayor general, quien fue hombre de confianza del fallecido presidente Hugo Chávez, se entregó en Colombia a finales de marzo del 2020, pocos días después que el Departamento de Justicia anunciara los cargos en su contra y ofreciera una recompensa de $10 millones por su captura.

Alcalá es acusado de estar entre los miembros fundadores del denominado Cartel de los Soles, organización conformada por oficiales y altos integrantes del régimen de Maduro que controla las operaciones de narcotráfico en Venezuela.

Según documentos de la agencia anti-drogas DEA obtenidos previamente por el Miami Herald, el caso organizado contra el Cartel de Los Soles en los que aparece Alcalá conjuntamente con Maduro, Cabello y el ex jefe de inteligencia venezolano Hugo “el Pollo” Carvajal, se remonta a los esfuerzos emprendidos por Chávez en el 2005 para emplear el narcotráfico como arma contra Estados Unidos.

En uno de los testimonios más ilustrativos recogidos por la DEA, una de las fuentes, identificado en el documento como “Testigo 1”, declaró que un una de las reuniones Chávez impartió órdenes para que sus lugartenientes entraran en sociedad con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para incursionar en el negocio de las drogas.

“A la reunión asistieron entre otros Carvajal, Chávez, el general venezolano Henry de Jesús Rangel Silva… Cabello, en ese momentos gobernador del estado Miranda, y [el ex vicepresidente Tareck] El Aissami”, declara el documento preparado por el agente de la DEA Ravi Baldeo.

“Durante la reunión, Chávez insistió al grupo, en sustancia y en parte, a promover sus objetivos políticos, incluido el combatir a Estados Unidos, inundando el país con cocaína. Chávez le ordenó a Carvajal, Cabello, Rangel Silva y a otros coordinarse con las FARC. Y Chávez asignó al Testigo 1, entre otros, a evitar que las autoridades del orden público interfirieran con estas actividades”, agrega el documento.

Los abogados de Alcalá alegan que la presunta participación del militar venezolano en la conspiración no va más allá de haber estado presente en alguno de los encuentros organizados por Chávez, y que la fiscalía no ha mostrado evidencias de que haya jugado alguna función concreta en la operación de narcotráfico.

“Las acusaciones en este caso son a la vez asombrosas y decepcionantes, tanto en alcance como en contenido. Impresionante porque la acusación describe una conspiración global de narcoterrorismo que dura más de dos décadas. Decepcionante porque la acusación y el descubrimiento no brindan ningún detalle sobre los actos realizados por el general Alcalá Cordones en apoyo de esta conspiración expansiva”, sostuvo la defensa en uno de los documentos introducidos en la corte.

Por otro lado, la defensa argumentó que el ex mayor general no solo se separó del régimen tan pronto Maduro asumió la presidencia, sino que se dedicó a conspirar contra él tras concluir que el nuevo gobernante terminaría por consolidar un régimen dictatorial en Venezuela.

Horas antes del lanzamiento de la incursión armada de mayo del 2020, un agente policial de Estados Unidos tocó su puerta para informarle que había sido acusado formalmente en Estados Unidos de haber participado en una conspiración de narcoterrorismo, señalaron sus abogados en el documento introducido ante la corte..

“El agente le informó al general Alcalá Cordones que él podía abordar un jet privado con rumbo a Nueva York, o ser recluido en una cárcel colombiana donde sin dudas se convertiría en un blanco de asesinato por parte de los servicios de inteligencia de Venezuela”, relataron los abogados en el documento.

Alcalá accedió a abordar el avión.

El reportero de McClatchy Shirsho Dasgupta contribuyó en esta historia desde Washington DC

Fuente El Nuevo Herald de Miami

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