Daliannys Díaz asegura que el exgobernador de Nueva Esparta sufrió un progresivo deterioro dentro de la sede del Sebin, en El Helicoide, al no recibir tratamiento para su condición médica
Daliannys Díaz, hija del exgobernador del estado Nueva Esparta, Alfredo Díaz, responsabilizó directamente el domingo 7 de diciembre al gobierno de Nicolás Maduro de provocar la muerte de su padre al negarle la atención médica que requería desde antes de ser detenido.
“A mi padre lo mataron lentamente”, afirmó en un video difundido a través de redes sociales.
“El pasado 24 de noviembre de 2024, cuando lo detuvieron, mi papá quería salir del país buscando asistencia médica. Padecía de una enfermedad que debía de ser atendida, y en Venezuela no podía”, explicó.
Tras la detención, aseguró, familiares de Díaz informaron a los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de la condición médica del dirigente, pero no se tomaron medidas. “Se les dio conocimiento de que debía tener tratamiento, y le hicieron caso omiso. En un año y días, lo mataron”, dijo.
La joven describió que su padre padecía un cuadro clínico grave y sostenido, con desmayos, falta de oxígeno, dolores intensos en el pecho y episodios de convulsiones. “Ayer, 6 de diciembre, sus compañeros de celda lo vieron caer”, agregó.
“A Alfredo Díaz se le negó el derecho a la salud y el derecho a la vida. El peor criminal tiene derecho a la salud; Alfredito no la tuvo”, señaló.
La hija del exgobernador cerró su declaración con un mensaje político: “Mi padre nunca se vendió. Decía que había tres opciones: el exilio, la cárcel o la muerte. Murió como siempre quiso: en la batalla y luchando por Venezuela”.
Gobierno dice que muerte de Alfredo Díaz fue un infarto
Alfredo Díaz falleció el sábado 6 de diciembre mientras se encontraba bajo custodia en El Helicoide, donde cumplía un año detenido tras su captura el 24 de noviembre de 2024 en Ospino, estado Portuguesa, cuando intentaba salir del país.
Su arresto estuvo precedido por fuertes críticas del dirigente a las fallas eléctricas que afectaban a la isla de Margarita. Durante cuatro días posteriores a su detención, organizaciones de derechos humanos denunciaron desaparición forzada.
En un comunicado difundido tras su muerte, el Ministerio para el Servicio Penitenciario afirmó que el dirigente presentó “síntomas compatibles con un infarto del miocardio” y que fue auxiliado por sus compañeros de celda e “inmediatamente” trasladado al Hospital Universitario de Caracas.
Sin embargo, la familia y organizaciones de derechos humanos aseguran que Díaz pasó más de un año sin recibir tratamiento para su enfermedad, lo que —afirman— provocó su deterioro progresivo.
Acusaciones de torturas y condiciones inhumanas en El Helicoide
En su declaración, Daliannys Díaz calificó al Sebin como “el centro de torturas más grande de Latinoamérica”, denunciando que su padre y otros presos políticos viven bajo condiciones extremas de abuso, negligencia y aislamiento.
Durante 2024 y 2025, diversas ONG han alertado que en El Helicoide persisten denuncias de negación de atención médica básica y especializada; golpizas, aislamiento prolongado y torturas psicológicas; condiciones de hacinamiento y falta de acceso a agua y alimentación adecuada; y falta de información sobre el paradero de detenidos.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve) ha advertido que entre los detenidos con enfermedades crónicas hay adultos mayores y adolescentes que tampoco han sido considerados en las recientes excarcelaciones.
Machado y González Urrutia hablan de un patrón de muertes en custodia
En un comunicado conjunto, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia afirmaron que la muerte de Díaz se suma a un patrón de fallecimientos bajo custodia del Estado.
“Las circunstancias de siete muertes de presos políticos ocurridas bajo cuerpos de seguridad del Estado incluyen negación de atención médica, condiciones inhumanas, aislamiento y torturas”, señalaron.
La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU ha documentado patrones sistemáticos de tortura, desaparición forzada y persecución contra opositores desde 2014.
La Corte Penal Internacional (CPI) mantiene una investigación activa sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado.
Diversas ONG, entre ellas Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Observatorio Venezolano de Prisiones, han reiterado que la falta de acceso a atención médica es una forma de tortura y un método habitual de castigo.
elnacional
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