La Corte Suprema determinó que quienes “alienten” o “induzcan” a inmigrantes indocumentados a vivir en los Estados Unidos podrían estar cometiendo un delito, pero hay ciertas condiciones que los fiscales deberán analizar al perseguir estos casos
Una persona u organización que “alienta” o “induce” a un inmigrante indocumentado a vivir en los Estados Unidos podría estar cometiendo un delito, esto con base en la decisión de la Corte Suprema.
En junio, los jueces del Máximo Tribunal decidieron sobre el caso EE.UU. v. Hansen, acerca del caso de una persona que “patrocinaba” a inmigrantes indocumentados, a quienes les prometía un camino a la ciudadanía, pero en realidad todo era un fraude.
El caso llegó a la Corte Suprema, donde se discutió si los mensajes de “aliento” a indocumentados a vivir en el país se pueden considerar como parte de un esquema delincuencial o están protegidos bajo la Primera Enmienda sobre la libre expresión.
El debate era complejo, ya que parte organizaciones de defensa de los inmigrantes incluso apoyaban ese argumento, pues consideraban que si los jueces decidían en contra eso podría afectar a los abogados, médicos, pastores que protegen a indocumentados, indica un análisis de American Immigration Council (AIC).
Sin embargo, la decisión de los jueces dejó en claro que para perseguir a una persona por “fomentar o inducir” la inmigración de indocumentados se debe demostrar la intención criminal de cometer la falta.
“En el caso Hansen, la Corte justificó la defensa de la constitucionalidad de la ley al aclarar que los términos ‘fomentar o inducir’ requieren una conducta intencional”, señala el análisis. “Por ejemplo, la opinión de la Corte señaló que la solicitación criminal es el estímulo intencional de un acto ilegal, no cualquier estímulo. Y la ‘facilitación’ requiere que el malhechor tenga la intención de promover un delito. En otras palabras, la Corte reconoció que ‘fomentar o inducir’ requiere inherentemente un cierto nivel de intención”.
El caso analizado por la Corte Suprema se enfoca en grupos o personas que prometen beneficios migratorios a terceros, a través de un pago y fomentando la inmigración sin papeles.
La Corte Suprema determinó que, bajo ciertas circunstancias, es un delito alentar la llegada de indocumentados a EE.UU.
El reporte del AIC recuerda que la Primera Enmienda protege prácticamente cualquier discurso, pero no aquellos relacionados con acciones delictivas.
“Solo se aplica una pequeña cantidad de excepciones a esas protecciones, incluido el fraude y el discurso integral de la conducta delictiva, que el gobierno puede regular”, se recuerda.
Una de las preocupaciones fue que la decisión de la Corte Suprema pudiera afectar a las familias mixtas o gente que acepte ayudar a un indocumentado.
“Dado que las personas indocumentadas a menudo son criminalizadas por su mera presencia, leyes como esta brindan vehículos adicionales para que los actores políticos amenacen a las familias de estatus mixto”, indica el reporte.
Los expertos señalan que la decisión del Máximo Tribunal deja abierta la puerta para que los fiscales federales actúen con discrecionalidad, a perseguir ciertos casos dependiendo de las circunstancias.
“La Corte defiende la discrecionalidad procesal como una solución, en la que los fiscales eligen acusar a una persona o desestimar un caso y, supuestamente, solo se procesa a los peores infractores”, señala el análisis.
Fuente Laopinion.com
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