Colombia y la violencia: una historia que debemos entender. Por: Salustio Solano

Hablar de la violencia en Colombia no puede limitarse a referirnos a los acontecimientos ocurridos durante las últimas décadas, al narcotráfico, a las guerrillas, al paramilitarismo o a las organizaciones criminales que hoy disputan territorios y controlan buena parte de las economías ilegales.

Para comprender por qué nuestro país continúa enfrentando este fenómeno, es necesario mirar mucho más atrás y recorrer una historia que comienza con la Conquista, continúa durante la Colonia, atraviesa las guerras de Independencia, las numerosas guerras civiles del siglo XIX, la Guerra de los Mil Días, la violencia entre liberales y conservadores, el bandolerismo y posteriormente el nacimiento de las organizaciones insurgentes que, con el paso del tiempo, fueron transformándose hasta convertirse, en algunos casos, en estructuras estrechamente vinculadas al narcotráfico y a otras actividades criminales.

Colombia ha cambiado profundamente durante más de dos siglos de vida republicana, pero existe una constante que resulta imposible desconocer; hemos tenido enormes dificultades para resolver nuestras diferencias políticas, sociales y económicas por medio de las instituciones y en diferentes momentos de nuestra historia, sectores enfrentados han terminado recurriendo a las armas como mecanismo para imponer sus intereses o defender aquello que consideran sus derechos.

La violencia, sin embargo, no ha tenido siempre las mismas características ni ha obedecido a las mismas razones, sería un error histórico pretender explicar de la misma manera la violencia de la Conquista, las guerras de Independencia, las confrontaciones entre liberales y conservadores del siglo XIX, la violencia partidista de mediados del siglo XX y el conflicto armado que posteriormente enfrentó al Estado con diferentes organizaciones guerrilleras y paramilitares.

Cada período tuvo sus propias circunstancias, sus protagonistas, sus intereses y sus justificaciones; lo que sí podemos encontrar es una especie de hilo conductor, la incapacidad de construir consensos duraderos alrededor del poder, la propiedad de la tierra, la organización del Estado, la participación política y las oportunidades económicas, problemas que en diferentes momentos fueron agravados por la debilidad institucional, la pobreza, la exclusión y la ausencia del Estado en amplias zonas del territorio nacional y a medida que Colombia fue cambiando, también cambiaron las razones que llevaron a muchos hombres y mujeres a tomar las armas, hasta llegar a una situación en la cual la motivación política y la ideología terminaron mezclándose con intereses económicos de tal magnitud que, para algunas organizaciones, las rentas provenientes del narcotráfico, la extorsión, el secuestro y otras actividades ilícitas llegaron a convertirse en un elemento fundamental para su permanencia.

Por eso, escribir sobre la violencia colombiana exige también hacer una distinción entre la violencia como instrumento político y la violencia como negocio, no es lo mismo un grupo que se levanta en armas proclamando una determinada concepción política y buscando transformar el Estado, que una organización cuyo principal objetivo es controlar un territorio para garantizar el cultivo, procesamiento, transporte y comercialización de drogas ilícitas, cobrar extorsiones, explotar ilegalmente los recursos naturales o controlar las rutas utilizadas por las economías criminales.

En Colombia hemos conocido las dos realidades y posiblemente, uno de los cambios más profundos de nuestro conflicto consiste precisamente en esa transformación progresiva de algunas organizaciones armadas que comenzaron defendiendo determinados ideales políticos y terminaron vinculadas a actividades criminales que poco o nada tienen que ver con las razones ideológicas que originalmente decían representar, esta transformación no ocurrió de un día para otro ni puede atribuirse a una sola organización o a una sola corriente política; fue el resultado de un largo proceso en el que confluyeron la Guerra Fría, las desigualdades sociales, los conflictos por la tierra, la debilidad del Estado, la aparición del narcotráfico, el crecimiento de los grupos paramilitares, la corrupción y la enorme rentabilidad de las economías ilegales.

Para entender esta transformación debemos comenzar mucho antes de que existieran las FARC, el ELN, el M-19, el EPL, las AUC o los grandes carteles de la droga, debemos comenzar en los primeros momentos de nuestra historia, cuando este territorio estaba habitado por numerosos pueblos indígenas que tenían sus propias formas de organización social, económica y política y que, en algunos casos, también mantenían conflictos entre ellos.

La llegada de los españoles produjo una ruptura profunda de ese orden, la Conquista estuvo acompañada por enfrentamientos, alianzas entre diferentes pueblos, sometimiento de comunidades indígenas, apropiación de territorios y establecimiento de un nuevo sistema político, económico y social bajo la autoridad de la Corona española, posteriormente, durante la Colonia, se consolidó una sociedad profundamente jerarquizada en la que el origen, la posición económica y la pertenencia a determinados grupos sociales condicionaban las posibilidades de acceder al poder y a la riqueza, también hubo resistencia, rebeliones y levantamientos contra las autoridades coloniales, entre ellos la Rebelión de los Comuneros de 1781, que demostró que el orden establecido no estaba exento de conflictos y que existía un profundo descontento frente a determinadas decisiones económicas y administrativas de la Corona.

Cuando comenzó el proceso de Independencia, Colombia inició la construcción de una nueva realidad política, pero la ruptura con España no significó el final de los enfrentamientos, por el contrario, la nueva República nació en medio de profundas discusiones sobre la forma de organizar el Estado, la distribución del poder entre las regiones, el papel de la Iglesia, el modelo económico y la manera como debía construirse la nueva nación, los hombres que habían luchado contra el dominio español no necesariamente tenían la misma visión sobre el país que debía surgir después de la Independencia y esas diferencias terminaron convirtiéndose en conflictos políticos que, en numerosas ocasiones, fueron resueltos por medio de las armas.

Durante el siglo XIX Colombia vivió una sucesión de guerras civiles que enfrentaron a diferentes sectores políticos y sociales y que dejaron profundas consecuencias sobre la economía y sobre la propia construcción institucional de la República, posteriormente, con el surgimiento y consolidación de los partidos Liberal y Conservador, las diferencias políticas adquirieron una dimensión todavía mayor, porque dejaron de ser solamente discusiones entre dirigentes y comenzaron a convertirse en identidades que penetraron profundamente en las comunidades, en las familias y en las regiones.

La política colombiana fue adquiriendo así una característica que tendría consecuencias durante muchas décadas; el adversario político comenzó a ser visto, en determinados momentos, no como alguien que pensaba diferente, sino como un enemigo al que había que derrotar, esa concepción fue alimentando una cultura de confrontación que terminó expresándose en levantamientos, guerras civiles y persecuciones políticas, la Guerra de los Mil Días, iniciada en 1899, fue la expresión más grave de ese enfrentamiento durante el siglo XIX y dejó al país profundamente debilitado, cuando terminó en 1902, Colombia no solamente había perdido miles de vidas y sufrido enormes daños económicos, sino que había acumulado nuevas heridas que tardarían mucho tiempo en cicatrizar, luego el país entró entonces al siglo XX con la necesidad de reconstruirse, pero también con una experiencia histórica que demostraba que las diferencias políticas podían llevar nuevamente a la guerra.

El siglo XX traería importantes transformaciones económicas y sociales, el crecimiento de la economía cafetera, la aparición de nuevas actividades industriales, el desarrollo de las ciudades y el surgimiento de organizaciones obreras y campesinas modificaron progresivamente la estructura de la sociedad colombiana, sin embargo, el crecimiento económico convivió con profundas desigualdades y con una concentración de la propiedad de la tierra que mantuvo abierto uno de los problemas que posteriormente tendría mayor importancia en el desarrollo del conflicto armado, de allí, las luchas campesinas por la tierra, los conflictos laborales, las diferencias entre las élites políticas y las nuevas demandas sociales comenzaron a crear un escenario cada vez más complejo, mientras el Estado no siempre tuvo la capacidad o la voluntad de responder adecuadamente a esas nuevas realidades.

En ese contexto ocurrieron episodios que marcaron la memoria nacional, entre ellos la Masacre de las Bananeras de 1928, expresión de la creciente tensión entre trabajadores, intereses económicos y poder estatal, estos hechos mostraban que detrás de la confrontación política existían también problemas sociales y económicos que el país no había logrado resolver.

En medio de ese escenario apareció una figura política que lograría interpretar buena parte del descontento de los sectores populares, Jorge Eliécer Gaitán; su asesinato el 9 de abril de 1948 desencadenó una de las mayores explosiones sociales de nuestra historia, el Bogotazo no fue únicamente la reacción espontánea ante la muerte de un dirigente político; fue también la expresión de profundas tensiones que ya existían en la sociedad colombiana y que encontraron en aquel acontecimiento el detonante para manifestarse violentamente, la destrucción de buena parte del centro de Bogotá y la expansión de la violencia hacia diferentes regiones del país marcaron el comienzo de una nueva etapa, mucho más dolorosa y prolongada, en la cual liberales y conservadores terminarían enfrentándose en numerosos territorios.

Fue entonces cuando la violencia política comenzó a penetrar profundamente en el campo colombiano, las diferencias partidistas se mezclaron con conflictos por la tierra, disputas locales, venganzas familiares y luchas por el control político de los municipios y de las regiones; en ese contexto aparecieron diferentes grupos armados y fenómenos como los Chulavitas y posteriormente el bandolerismo, expresiones de una violencia que ya no podía explicarse exclusivamente por las decisiones tomadas en Bogotá, porque había adquirido una dinámica propia en muchas zonas rurales, familias enteras fueron desplazadas, comunidades fueron enfrentadas entre sí y la filiación política llegó a convertirse en un factor determinante para la seguridad y la supervivencia de muchas personas.

Es precisamente en este punto donde debemos detenernos, porque aquí comienza una transformación fundamental de la violencia colombiana, algunas de las personas que habían tomado las armas por razones partidistas terminaron incorporándose a formas de violencia que fueron perdiendo progresivamente su contenido político original.

En algunas regiones, la confrontación se convirtió en una lucha por la supervivencia, en otras en una disputa por la tierra y en otras terminó adquiriendo características claramente delincuenciales, al mismo tiempo, en el contexto internacional de la Guerra Fría, nuevas ideas revolucionarias comenzaron a ganar fuerza en América Latina y particularmente después del triunfo de la Revolución Cubana, Colombia entraría entonces en una nueva etapa en la que el enfrentamiento ya no estaría definido principalmente por liberales y conservadores, sino por la aparición de organizaciones que planteaban una transformación revolucionaria del Estado y de la sociedad.

A partir de los años sesenta, Colombia entró en una nueva etapa de violencia con el nacimiento de las guerrillas, las FARC, el ELN y posteriormente el EPL y el M-19 surgieron con diferentes orientaciones ideológicas y circunstancias, pero todas recurrieron a la lucha armada como instrumento para buscar transformaciones políticas y sociales, luego con el paso de los años, estas organizaciones fueron ampliando su presencia territorial y recurriendo al secuestro, la extorsión, los ataques contra la Fuerza Pública y otras formas de financiación.

Paralelamente aparecieron grupos de autodefensa y posteriormente organizaciones paramilitares que enfrentaron militarmente a las guerrillas y que en muchos casos, terminaron también vinculadas al narcotráfico, esto genero la expansión de los grandes carteles de la droga durante las décadas de los ochenta y noventa modificó definitivamente el conflicto, y el enorme poder económico del narcotráfico permitió financiar ejércitos privados, comprar voluntades, penetrar instituciones y disputar territorios, mientras las guerrillas también encontraron en los cultivos ilícitos, el secuestro y la extorsión fuentes fundamentales de financiación.

Frente al crecimiento de estas organizaciones y al debilitamiento de la capacidad del Estado para controlar buena parte del territorio, el gobierno de Álvaro Uribe, a partir de 2002, puso en marcha la Seguridad Democrática, basada en el fortalecimiento de la Fuerza Pública, la recuperación del control territorial y una ofensiva sostenida contra las organizaciones armadas ilegales, durante esos años las FARC sufrieron importantes golpes militares, perdieron capacidad territorial y muchos de sus integrantes fueron neutralizados.

Posteriormente, el Estado optó nuevamente por la negociación política y durante el gobierno de Juan Manuel Santos se produjo el acuerdo de paz con las FARC, sin embargo, la desmovilización de esa organización no significó el final de la violencia, todo lo contrario, las disidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo y otras estructuras criminales ocuparon espacios dejados por la antigua guerrilla y continuaron disputándose territorios, economías ilícitas y rutas del narcotráfico, de allí el recrudecimiento del conflicto, el aumento de los cultivos ilícitos, a raíz de lo anterior.

Con el gobierno de Gustavo Petro se intentó cambiar nuevamente la estrategia mediante la llamada Paz Total, buscando negociar simultáneamente con diferentes organizaciones armadas, sin embargo, el deterioro de la seguridad en muchas regiones y la expansión territorial de grupos armados alimentaron la percepción de que la política de negociación no produjo los resultados esperados, esto debido a profundas fallas estructurales donde se advierten la presencia y expansión de grupos armados en una parte considerable del territorio nacional, debido a la baja presión militar, por el congelamiento de sus actividades ofensivas, que permitió que estas organizaciones armadas ilegales, se rearmaran.

Colombia llega así a una nueva discusión sobre la manera de enfrentar la violencia, frente a la política de diálogos impulsada por la Paz Total, Abelardo de la Espriella plantea un cambio radical: recuperar el control territorial mediante una ofensiva directa del Estado y cerrar la etapa de negociaciones con los grupos armados, su propuesta ha sido presentada como una nueva versión de la Seguridad Democrática y parte de una premisa sencilla; quien quiera abandonar las armas puede someterse a la justicia; quien decida continuar en el crimen enfrentará al Estado.

De esta manera, la historia reciente de Colombia vuelve a colocar frente a nosotros una pregunta que todavía no hemos resuelto completamente; la paz se consigue negociando con quienes utilizan las armas, o recuperando primero la autoridad del Estado y obligando a las organizaciones criminales a someterse a la ley, esa discusión, más allá de las posiciones políticas, constituye hoy uno de los principales dilemas de la Colombia contemporánea.

La historia demuestra que la violencia colombiana ha cambiado de rostro muchas veces, lo que comenzó en diferentes momentos como confrontación política, conflicto por la tierra o lucha ideológica terminó, en buena parte, mezclándose con economías criminales y disputas por el control territorial, por eso, el desafío actual no consiste simplemente en repetir las fórmulas del pasado, sino en recuperar la capacidad del Estado para garantizar seguridad, justicia y presencia institucional en todo el territorio.

Colombia necesita finalmente romper el ciclo en el que cada generación recibe una nueva expresión de la misma incapacidad para resolver sus conflictos, la paz no puede significar ausencia de autoridad, ni la autoridad puede significar ausencia de justicia, el verdadero desafío del nuevo Presidente, consiste en construir un Estado suficientemente fuerte para garantizar la seguridad, suficientemente legítimo para generar confianza y suficientemente eficaz para que ningún grupo armado pueda sustituirlo en el territorio nacional.

Salustio Solano Cerchiaro

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