La situación de Venezuela vuelve a ocupar un espacio en el debate político de Estados Unidos. Esta vez, el motivo es uno de los ocho artículos de acusación presentados por el congresista republicano Thomas Massie contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en una iniciativa que busca someterlo a juicio político.
El punto de mayor interés para los venezolanos es el séptimo artículo, referido a la operación militar estadounidense que condujo a la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. En su resolución, Massie cuestiona la autoridad constitucional y legal con la que se ejecutó esa actuación.
¿Qué dice el cargo relacionado con Venezuela?
La oficina del congresista identificó ese señalamiento como una acusación por el presunto «secuestro de un líder soberano extranjero» y lo vinculó con la operación denominada Absolute Resolve.
De acuerdo con el planteamiento de Massie, el Departamento de Defensa habría intervenido en una operación de esta naturaleza sin contar con la autorización que, a su juicio, exige el ordenamiento estadounidense.
Se trata, por tanto, de una controversia sobre los límites de las facultades del Ejecutivo para emplear fuerzas militares fuera de su territorio y sobre el papel del Congreso en la supervisión de esas decisiones.
Es importante precisar que esta acusación expresa la posición de un legislador y no constituye una sentencia judicial, una conclusión oficial sobre la legalidad de la operación ni una declaración de culpabilidad contra Hegseth.
¿Cuál ha sido la respuesta de Hegseth?
El secretario de Defensa rechazó este martes 10 de noviembre la iniciativa de juicio político en su conjunto, calificándola de una farsa que, según afirmó, terminará fracasando. También defendió las operaciones militares realizadas bajo su dirección.
Estas declaraciones, reseñadas por Reuters, reflejan su rechazo a los cargos presentados, aunque no resuelven por sí mismas las interrogantes jurídicas específicas que Massie plantea sobre la operación en Venezuela.
¿Qué puede suceder en el Congreso?
La Cámara de Representantes debe pronunciarse sobre el trámite de la resolución, que podría ser archivada o avanzar hacia una votación sobre las acusaciones.
Si la Cámara aprobara el juicio político por mayoría simple, correspondería al Senado realizar el procedimiento posterior. Para una destitución sería necesaria una mayoría de dos tercios en esa cámara.
Por ello, la presentación de la resolución no significa que Hegseth haya sido destituido ni que el Congreso haya determinado que la operación en Venezuela fue ilegal.
¿Por qué importa este debate para Venezuela?
El caso plantea una discusión que va más allá de la situación personal del secretario de Defensa: cómo se adoptan, autorizan y supervisan en Estados Unidos las decisiones militares que afectan directamente a otros países.
Para Venezuela, el seguimiento de este procedimiento permite identificar qué cuestionamientos existen dentro del propio sistema político estadounidense sobre la operación y qué respuestas institucionales podrían producirse.
El desenlace aún está pendiente. La responsabilidad política de Hegseth, la legalidad de las decisiones cuestionadas y las consecuencias internacionales de la operación son asuntos distintos que requieren evaluaciones diferenciadas.
Por ahora, el hecho verificable es la presentación de un cargo que coloca la operación en Venezuela bajo escrutinio político en Washington. Su alcance dependerá de las decisiones del Congreso y de los procedimientos que correspondan.
Juan Carlos Lozano
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