La expresidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015 expresó preocupación por los traslados denunciados desde El Rodeo I. Figuera señaló que familiares y abogados no habrían sido informados previamente sobre el movimiento de los detenidos. La dirigente opositora reiteró su compromiso de impulsar «las vías urgentes, justas y necesarias» para lograr su excarcelación
La presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, Dinorah Figuera, manifestó este jueves su preocupación por las denuncias sobre el traslado de presos políticos recluidos en el centro penitenciario El Rodeo I, en el estado Miranda, sin que sus familiares y abogados fueran informados previamente.
A través de sus redes sociales, Figuera señaló que recibió una carta abierta suscrita por familiares de los detenidos, quienes alertaron sobre los movimientos registrados en el centro penitenciario y la falta de información oficial sobre el destino de sus allegados.
«Acuso recibo de esta carta abierta de los familiares de los presos políticos», expresó la dirigente opositora, quien calificó de preocupante la denuncia sobre traslados realizados sin conocimiento de los familiares y representantes legales.
Figuera sostuvo que la situación genera «gran incertidumbre» entre los familiares, especialmente ante la falta de información sobre las condiciones y el lugar al que habrían sido trasladados los privados de libertad.
La dirigente aseguró que permanece atenta para establecer un encuentro con los familiares y reiteró su compromiso con las gestiones destinadas a lograr la excarcelación de los presos políticos.
Mi solidaridad y compromiso de seguir buscando las vías urgentes, justas y necesarias para la libertad de todos los presos políticos», afirmó.
La denuncia de Figuera se produce después de que el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) alertara sobre el traslado de un grupo de detenidos desde El Rodeo I hacia un centro penitenciario que hasta el momento no ha sido identificado.
Familiares de los presos han señalado que podrían haber sido trasladados al Fuerte Guaicaipuro o a la cárcel de Yare II, ambos ubicados en Miranda, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.
La situación ocurre en medio de los reclamos de familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos por información sobre el estado y ubicación de personas detenidas por razones políticas en Venezuela.
De acuerdo con el balance más reciente del Foro Penal, en Venezuela permanecen 328 presos políticos, de los cuales 183 son civiles y 145 militares. La organización también reportó que entre los encarcelados hay 33 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad.
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