Secretario Nacional para Asuntos Fronterizos de Soluciones para Venezuela
A casi diez meses de los sucesos del 3 de enero, los venezolanos seguimos sin conocer la verdad sobre nuestro destino político ni los términos de lo que se ha firmado con nuestro petróleo. En medio de tanta opacidad, preguntar no es tomar partido: es ejercer un derecho ciudadano frente a quienes deciden a espaldas del país. Lo acontecido ese día estableció un giro sin precedentes, al asumir el gobierno de los Estados Unidos las decisiones y el nombramiento de autoridades en representación de la República de Venezuela; algo que no tiene nada que ver con los mensajes y aplausos de que se harían respetar los resultados de la elección presidencial del 28 de julio de 2024.
Los hechos indican que el rumbo trazado por el imperio norteamericano no era restituir la democracia que había sido vulnerada por los llamados revolucionarios del siglo XXI, sino hacerse de los recursos naturales que posee el suelo venezolano. Para concretar ese interés, ejecutaron la violación de la soberanía y del territorio aprovechando tanto el reclamo ciudadano de un cambio en las autoridades gubernamentales como el conflicto por la duda sobre los resultados de esa elección presidencial. Ese evento en concreto demuestra que el gobierno de los EE. UU. apuntó a fortalecer a los tutelados en el poder hasta tener el control absoluto de sus intereses en suelo venezolano. Mientras tanto, quienes hoy gobiernan permiten sistemáticamente la violación de la Constitución de la República en derechos irrenunciables como los establecidos en los artículos 1 y 152 sobre la soberanía y el territorio nacional.
Frente a este escenario, tampoco podemos caer en la consigna simplista de exigir elecciones presidenciales de inmediato sin antes renovar de raíz a los actores que manejan las riendas de las instituciones. ¿Qué sentido tendría ir a votar con los mismos poderes públicos y el mismo Consejo Nacional Electoral que sectores abstencionistas denunciaron ayer como un brazo parcializado del oficialismo? Aceptar hoy una elección bajo las mismas reglas y con los mismos árbitros solo serviría para convalidar y sostener en el poder a quienes hoy lo ejercen. O bien pudiera pensarse que esa ha sido precisamente la estrategia durante estos largos 27 años: allí hay muchos vidrios rotos por recoger y nadie se quiere hacer responsable. Ahora bien, se entiende que los personajes que sean nombrados hoy en estos poderes tendrán carácter momentáneo, porque luego deberá hacerse una designación definitiva con las autoridades que surjan de las elecciones por venir, a fin de legitimar verdaderamente la institucionalidad en Venezuela.
La crisis de credibilidad es tan profunda que el país asiste perplejo a un espectáculo de dudas cruzadas. Mientras el oficialismo anunció en su momento resultados prácticamente anotados en una servilleta, sin auditorías ni sustento mesa por mesa, del otro lado se mostraron páginas web con actas que hoy reposan fuera del país sin que siquiera los gobiernos que las resguardan se atrevan a certificarlas oficialmente. A ese laberinto se suman declaraciones recientes como las del asesor J.J. Rendón, quien afirmó en una entrevista que Edmundo González Urrutia no había ganado las elecciones, echando más gasolina al fuego de la incertidumbre. Estamos, en resumen, atrapados entre un poder usurpado en los hechos y otro pretendido sin demostración plena, sin saber si ese silencio externo responde a que a los tutelantes no les conviene destapar la olla o a que simplemente buscan evitar que se encienda la pradera revelando una verdad distinta a la que le vendieron a los venezolanos.
Y es precisamente mientras nos mantienen distraídos en ese pantano político cuando el gobierno tutelante traza su verdadera estrategia, imponiendo condiciones a sus tutelados en Caracas para disponer de nuestros recursos naturales no renovables. Tras restablecerse las relaciones con Washington después de enero, se concretó un acuerdo petrolero de alcance enorme que, según la prensa internacional, cede a Estados Unidos la explotación de una quinta parte de las reservas del país. Aunque aquí las autoridades aseguran que el pacto durará 25 años y preservará la soberanía, lo alarmante es que nos enteramos de la letra pequeña por voceros foráneos: fue la Casa Blanca la que reveló que se entregaron a la operadora NABEP concesiones por 100 años sobre 17 yacimientos —comprometiendo el recurso por cuatro generaciones— y que dicha empresa otorgó al Departamento de Defensa estadounidense el 35 % de participación en su casa matriz.
Mientras en el exterior se reparten el pastel, en Venezuela el contrato sigue bajo llave. Según la agencia Reuters, el texto completo no se ha publicado y podría mantenerse en reserva gracias a la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de enero, hecha a la medida para abrir la puerta al capital privado tras cinco décadas y eliminar el control obligatorio de la Asamblea Nacional sobre los contratos. Ahí está la trampa institucional: una ley reformada bajo presión tutelar puede cambiar las reglas operativas, pero jamás puede borrar el artículo 150 de la Constitución, el cual prohíbe firmar contratos de interés público con entidades extranjeras o empresas no domiciliadas en el país sin la aprobación plena del Parlamento.
Es cierto que el pasado 1 de septiembre la Asamblea Nacional levantó la mano para respaldar el acuerdo, con la abstención de una decena de diputados opositores que advirtieron no haber visto jamás el documento completo. Aunque desde Washington se excusan diciendo que la contraparte es una empresa privada y no el Estado estadounidense, economistas como Francisco Rodríguez sostienen con firmeza que el pacto viola el artículo 150 y requería un debate parlamentario real, más allá del argumento oficialista sobre la urgencia de inversiones que el país no tiene. Para cualquier ciudadano de a pie la conclusión es elemental: levantar la mano sin leer el contrato no es legislar en nombre del pueblo, es obedecer a ciegas.
La gravedad del asunto toca la médula misma de la República. El artículo 12 de la Constitución sentencia que los yacimientos pertenecen a la nación y no pueden venderse ni entregarse. El petróleo no tiene como dueño a un gobierno tutelado ni a una potencia extranjera; es patrimonio de todos los venezolanos, quienes tienen el derecho constitucional a ser informados con la verdad (artículo 143) frente a una Administración Pública obligada a rendir cuentas (artículo 141). Por eso tampoco basta con que Washington prometa que auditará los fondos entregados a PDVSA para que los impuestos y regalías beneficien al pueblo. Es aquí en Venezuela donde se debe responder en qué cuentas se deposita ese dinero y cómo entra al presupuesto nacional, tal como lo exigen los artículos 311 y 314 de la Carta Magna.
Esa misma sombra de secreto cubre hoy al presupuesto nacional de 2027. El Ejecutivo lo entregó al Parlamento el 14 de octubre prometiendo priorizar la recuperación salarial, pero ocultó a cuánto asciende el monto total calculado para el país. Una promesa salarial sin cifras públicas no es verificable, y los trabajadores solo podrán medirla frente al artículo 91 constitucional, que ordena un ingreso digno ajustado al costo real de la canasta básica.
Algunos dirán que más inversión petrolera traerá dinero para levantar los destruidos servicios públicos, un propósito que nadie con sentido común rechazaría. Pero una promesa no es un resultado, y el hecho de que este acuerdo sea cuestionado por voces de las más diversas corrientes políticas, dentro y fuera del país, demuestra que las dudas son de verdadero interés nacional y no un tema de partidos. Ante este cuadro de tutelaje y opacidad, callar no es una opción. La Constitución ampara el derecho a exigir respuestas (artículo 51) y la protesta pacífica (artículo 68); hacer preguntas no es sabotear a nadie, sino la vía más decente y republicana de defender lo nuestro.
Por todo ello, desde el respeto y llamando a la reflexión nacional, el país exige respuestas claras: que se renueven de verdad las instituciones antes de hablar de atajos electorales; que se publique completo el acuerdo petrolero con sus anexos para conocer las condiciones reales de las concesiones; que se informe en qué cuentas se guarda el dinero del petróleo; y que se dé información transparente del monto total del presupuesto de 2027 con cifras reales para el salario de los trabajadores. El artículo 5 de la Constitución lo resume mejor que nadie: la soberanía reside en el pueblo. Defenderla hoy no es solo cuidar nuestras fronteras; es negarnos a ser espectadores mudos mientras tutelantes y tutelados deciden en secreto qué se firma, con qué recursos y en nombre de quién se hipoteca el futuro de Venezuela.
Arturo Molina
@jarturomolina1
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