Antes de entrar de lleno al resultado de la investigación, quiero recordar que “el chavismo es una enfermedad del alma”. El chavismo es un movimiento que está basado en el odio, en el rencor, en la envidia, en el resentimiento, en el asesinato y arresto de quienes piensan diferentes, en el trato desigual ante la ley. Que genera hambre, destrucción y muerte. Por lo tanto, todo esto se resume en un pecado capital que es la soberbia.
Ahora bien, hay cifras que no deberían caber en la conciencia de una nación. Cifras que dejan de ser simples operaciones matemáticas para convertirse en interrogantes morales, jurídicos e históricos. Cuatrocientas cincuenta mil muertes es una de ellas.
Un capítulo especial de esta investigación son las muertes y desapariciones en el desplazamiento forzado en la frontera invisible del tapón del Darién, en el cual se pueden catalogar combinando la causa: raíz política (el desplazamiento forzado por la crisis en Venezuela) con los factores de riesgo físico y criminales de la ruta.
La metodología para clasificar y documentar estos casos de manera rigurosa es la siguiente:
Clasificación por Causa del Deceso (Tipología Forense): dentro de la selva, los fallecimientos se agrupan en tres grandes categorías de riesgo:
Accidentes ambientales y geográficos: ahogamiento por crecidas de ríos (como el río Turquesa), caídas en barrancos, deshidratación, desnutrición severa o picaduras de animales venenosos.
Violencia y delincuencia armada: homicidios a manos de grupos delictivos o guerrillas (como el Clan del Golfo), muertes derivadas de asaltos masivos o traumas por violencia sexual.
Emergencias médicas sin atención: paros cardiorrespiratorios por esfuerzo físico extremo, infecciones agudas, o falta de medicamentos para condiciones preexistentes (como diabetes o hipertensión).
En este contexto la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) publicó su informe anual sobre migrantes desaparecidos, dando a conocer que, desde el año 2014, las muertes y desapariciones superan las 72,000 personas, de los cuales el 59% son venezolanos. Este dato refleja únicamente los cuerpos recuperados e identificados. En el Darién, las muertes ocurren en un contexto geográfico que imposibilita la recuperación de los restos debido a que la densa vegetación, los ríos caudalosos y la fauna local hacen que muchos cadáveres nunca sean encontrados.
No estoy hablando de una epidemia natural, de una guerra internacional declarada o de una catástrofe que haya sorprendido a Venezuela de la noche a la mañana. Estoy hablando de una sociedad que, durante más de un cuarto de siglo, ha tenido que convivir con homicidios, organizaciones criminales, violencia policial, denuncias de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, muerte por torturas, muertes en cárceles y una profunda crisis de confianza en sus instituciones que obligó a mas de 8,700,000 venezolanos huir de la desgracia que habita en nuestro país.
He mencionado una cifra superior a 450.000 personas fallecidas durante el período chavista. Es una hipótesis de enorme gravedad, pero antes de convertirla en titular debemos establecer su fuente, el período que comprende y las categorías de muerte que contabiliza.
No toda muerte cometido en Venezuela durante los gobiernos chavistas constituye un crimen de Estado. Tampoco toda muerte durante una operación policial es automáticamente una ejecución extrajudicial.
Pero cuando existen denuncias documentadas de ejecuciones, patrones de uso excesivo de la fuerza y obstáculos sistemáticos a la investigación, el análisis deja de ser exclusivamente policial y adquiere una dimensión institucional.
Otra cifra relevante relacionada con la muerte por de la población es el elevadísimo número de muertes violentas (asesinatos) que ha sufrido Venezuela en los últimos veintisiete años. Un estimado conservador, reconstruido a partir de los informes anuales del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), sitúa esa cifra cerca de 370.000, ocurridas en el país entre 1999 y 2026.
Lo impactante de esta cifra es que la tasa nacional que el propio OVV reportó para 2023, de 26,8 muertes violentas por cada cien mil habitantes, se ubica alrededor de un tercio por encima de la mediana más reciente de América Latina, cercana a 20 por cada cien mil habitantes según InSight Crime, en una región que ya es la más violenta del planeta.
Por otro lado, el sesgo de género es todavía más pronunciado de lo que sugiere cualquier promedio regional; el 88,4 por ciento de los asesinados y el 98,6 por ciento de los muertos en intervenciones policiales fueron hombres, en su mayoría jóvenes de entre 15 y 29 años. Un componente adicional en el drama de la violencia en Venezuela es que alrededor de una cuarta parte de esas muertes violentas ha sido clasificada, según los propios informes del OVV, en una categoría denominada “resistencia a la autoridad”, lo que es una forma elegante de señalar que los cuerpos de seguridad del Estado deletéreo han sido responsables directos de esas muertes, y pone en evidencia la paradoja del poder líquido: aquellos llamados a proteger la vida de los ciudadanos se convirtieron en una de las principales causas de muerte violenta en el país.
Durante la mayor parte de la muestra del estudio, Venezuela se posicionó de manera recurrente entre los tres países con las tasas de homicidios más altas del mundo, superando en varios periodos los 80 y 90 asesinatos por cada 100.000 habitantes debido a los altos niveles de impunidad.
Diversos informes de la Misión Internacional de la ONU han documentado miles de ejecuciones extrajudiciales y muertes bajo custodia llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad del Estado deletéreo. Solo entre 2016 y 2018, cuerpos como las FAES provocaron más de 18.000 muertes clasificadas oficialmente bajo «resistencia a la autoridad».
En general, la violencia desatada en el país está enmarcada por la injusticia y por la indiferencia del Estado deletéreo, pues el 91% de los homicidios se quedan sin investigar y los victimarios no son arrestados. La consecuencia de ello genera más violencia y los delitos se incrementan en el país.
El sistema penal también se ha visto abandonado 13.270 personas han muerto en las prisiones, donde los reclusos, además, se encuentran en condiciones infrahumanas y sufren de hacinamiento. Las cárceles de Venezuela no son centros de rehabilitación, sino lugares donde se realiza maestrías «realización de nuevos delitos» y en los que los presos que mandan imponen privilegios.
Por otro lado, investigaciones de ONGs también asocian el incremento de la mortalidad indirecta a las severas deficiencias del sistema de salud pública, la escasez crítica de medicinas y la desnutrición derivada de la crisis económica generalizada.
El sistema de salud en Venezuela enfrenta una crisis estructural profunda marcada por la escasez de medicamentos, insumos básicos, fallas eléctricas constantes y la migración masiva de personal médico, agravada además por emergencias recientes como los terremotos de junio de 2026.
Escasez de medicamentos e insumos: Organizaciones no gubernamentales y asociaciones médicas han denunciado durante años que miles de personas fallecen debido a la imposibilidad de recibir tratamientos para enfermedades crónicas, cirugías o emergencias por falta de fármacos.
Apagones en hospitales: Los cortes eléctricos a nivel nacional afectan de forma directa el funcionamiento de unidades de cuidados intensivos, equipos de diagnóstico y quirófanos, documentándose decenas de muertes en centros hospitalarios asociadas a fallas de energía.
Impacto en mortalidad materno-infantil: Informes y reportes del sector sanitario han registrado incrementos significativos en la mortalidad materna e infantil, así como el repunte de enfermedades previamente controladas (como la malaria y la difteria).
Emergencia por los terremotos de 2026: El país enfrentó en junio de 2026 un doble terremoto (especialmente severo en zonas como La Guaira) que dejó más de 35,000 fallecidos, colapsó aún más la infraestructura hospitalaria y generó riesgos epidemiológicos por hacinamiento en refugios.
Mientras tanto, no existe una cifra oficial ni un registro estadístico acumulado preciso que totalice el número exacto de muertes ocurridas en Venezuela por falta de atención médica entre 1999 y 2026. El Ministerio de la Salud dejó de publicar de forma regular y transparente los boletines epidemiológicos desde hace años, y el gobierno central suele negar el colapso sistemático de la infraestructura hospitalaria.
A pesar de la falta de un gran total centralizado, diversas organizaciones no gubernamentales (ONG), agencias de las Naciones Unidas y gremios médicos han documentado el exceso de mortalidad a través de informes sectoriales, especialmente desde que se profundizó la Emergencia Humanitaria Compleja a partir de 2014.
En los pocos reportes oficiales que llegaron a filtrarse (como el del Ministerio de la Salud en 2016), se evidenció que en solo un año la mortalidad materna se disparó un 65% y la infantil un 30% (11,466 decesos de menores en un solo año), reflejando un retroceso sanitario equivalente a varias décadas.
Encuesta Nacional de Hospitales han denunciado de forma recurrente que decenas de pacientes críticos o en quirófano pierden la vida anualmente debido a las fallas estructurales de energía eléctrica y la falta de plantas de contingencia operativas en los centros de salud asistenciales.
65% del personal médico, 54% de enfermería y 80% de los bioanalistas, en su mayoría de servicios de salud públicos, renunciaron a sus puestos de trabajo y migraron del país.
1,5% del PIB representa el gasto público en salud. Este gasto es 75% inferior al estándar mundial y el más bajo y regresivo de América Latina y el Caribe en las últimas décadas.
100% de los laboratorios presentan fallas severas para realizar pruebas diagnósticas y 69% de los bancos de sangre no pueden garantizar tratamientos de transfusión seguros.
79% de los hospitales no recibe agua de manera regular y 33% no cuenta con plantas para mantener la continuidad de energía eléctrica en caso de ocurrir fallas.
Ahora bien, uno de los conceptos fundamentales de la criminología es la certeza de la sanción.
Cesare Beccaria, en De los delitos y de las penas, explicó la importancia de que el castigo sea cierto y proporcionado, en lugar de depender de una severidad arbitraria.
Cuando los responsables de muertes perciben que las probabilidades de ser investigados, procesados y condenados son reducidas, desaparece uno de los mecanismos institucionales que contribuyen a contener la violencia.
La impunidad no explica por sí sola todas las muertes. También intervienen la proliferación de armas, las organizaciones criminales, los conflictos sociales, crimen de Estado, las economías ilícitas y las transformaciones demográficas.
Sin embargo, una justicia incapaz de esclarecer las muertes deja a las víctimas sin reparación y debilita la confianza de la sociedad en el Estado. En Venezuela, esta preocupación adquiere una dimensión adicional: los organismos internacionales han investigado no solamente delitos cometidos por particulares, sino también actuaciones de las propias fuerzas de seguridad.
Mi preocupación no consiste solamente en establecer cuántas personas murieron bajo la responsabilidad del Estado deletéreo entre 1999 y 2026.
También quiero comprender qué ocurrió con la seguridad ciudadana, servicios públicos, salud; cómo evolucionaron las instituciones encargadas de proteger la vida y qué responsabilidades pueden documentarse.
La cifra cercana a 450,000 muertes publicada en la reconstrucción secundaria que hemos localizado constituye un punto de partida, no una conclusión definitiva.
Para convertirla en una afirmación científicamente sólida necesitamos verificar las series anuales, las definiciones utilizadas y los posibles solapamientos entre categorías.
Y para sostener que el chavismo causó esas muertes debemos distinguir entre responsabilidad penal directa, responsabilidad institucional por acción u omisión y hechos de violencia que ocurrieron durante sus gobiernos sin una atribución causal demostrada.
Esa tarea es más compleja que redactar una acusación política. También es mucho más importante.
Hay algo profundamente perturbador que una sociedad necesite reconstruir durante décadas las cifras de sus muertos. Cada expediente representa una vida. Cada investigación inconclusa deja preguntas abiertas. Cada ejecución extrajudicial demostrada constituye una grave vulneración del derecho a la vida.
Como criminólogo, no considero suficiente conocer el número de cadáveres. Quiero conocer las circunstancias de las muertes, identificar patrones, comprender las causas y establecer las responsabilidades que las pruebas permitan demostrar. La memoria histórica no puede depender de cifras utilizadas sin metodología. Tampoco puede construirse sobre el silencio.
Venezuela necesita una contabilidad rigurosa de sus víctimas, una investigación independiente de las actuaciones estatales y un sistema judicial capaz de ofrecer respuestas. Porque una nación que desconoce las circunstancias en las que murieron miles de sus ciudadanos conserva una deuda con su propia historia.
Y esa deuda no se salda con discursos. Se salda con verdad, investigación y justicia.
Gervis Medina
Abogado, criminólogo y escritor
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