Desde las altas esferas del poder central en Caracas, la narrativa oficial recurre con pasmosa ligereza a un culpable recurrente: el fenómeno de El Niño, el cambio climático y la sequía. Con la firma de un decreto burocrático se declara una nueva «emergencia eléctrica» y, con ella, se desata una paradoja que roza el absurdo en todo el territorio venezolano: ministerios, dependencias públicas y alcaldías ajustan sus cronogramas bajo esquemas mosaico o jornadas especiales de 8:00 a.m. a 12:00 m., laborando apenas lunes, miércoles y viernes.
Pero lo más insólito e indignante de esta escena es que el mismísimo Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), ente rector de las políticas formativas de la República, es el primero en aplicar para su sede central este horario mosaico y recortado para resguardar a su personal burocrático. Sin embargo, hacia abajo la balanza se rompe con absoluta injusticia: mientras en los escritorios ministeriales se trabaja a media máquina, a las coordinaciones educativas municipales, a las directivas de los planteles y a los docentes de aula se les obliga a cumplir horarios extendidos y a mantener las puertas abiertas contra viento y marea. Como reza con sabiduría el viejo refrán popular: «Lo que es bueno para el pavo, tiene que ser bueno para la pava».
A esa contradicción se suma un doble rasero aún más mezquino: en las oficinas del propio ministerio, sedes ministeriales y entes públicos, si en plena faena laboral se corta el suministro eléctrico, los expedientes se cierran, las computadoras se apagan y se suspenden de inmediato las labores porque «sin luz y sin aire no se puede trabajar». En cambio, a las coordinaciones educativas municipales y a las escuelas se les impone una orden implacable: permanecer confinados en el calor asfixiante, negando a la comunidad escolar el mismo derecho a la contingencia que arriba se toman por decreto.
Para colmo de males, en medio de esta precariedad desbordada, desde el despacho del célebre ministro de educación se desata una presión constante sobre directores y supervisores: la exigencia sistemática de enviar «evidencias», fotos preparadas y videos institucionales para construir ante la opinión pública la falsa sensación de que las escuelas están perfectas y los niños desbordan alegría y felicidad. Es una farsa grotesca que reproduce con exactitud la retórica cínica de aquel supremacista blanco cuando declaró ante los medios internacionales que el pueblo venezolano vivía alegre, feliz y bailando en las calles, mientras por debajo justificaba su obscena pretensión de saquear y arrebatarle los recursos a nuestro país. Se pretende tapar la asfixia cotidiana de las aulas con un teatro de felicidad obligatoria, usando a los estudiantes como utilería para alimentar la propaganda en redes sociales mientras la realidad los consume por dentro.
El estado Zulia es el espejo más crudo y desgarrador de esta realidad nacional. En nuestra tierra, la crisis de los servicios no es una cifra abstracta en un balance técnico: es una condena térmica cotidiana. Para entender la magnitud de lo que ocurre en una escuela pública no hace falta revisar estadísticas de megavatios; basta con pararse en el portón a las siete de la mañana.
Allí van llegando los muchachos con el peso de la noche a cuestas, arrastrando los pasos y con unas ojeras que dan dolor. Vienen de padecer seis, ocho o más horas de racionamiento durante la madrugada. En regiones como el Zulia o los llanos occidentales, el calor nocturno no perdona: sin un ventilador encendido, los zancudos hacen fiesta y el sudor pega la sábana al colchón. No hay descanso reparador ni reposo biológico. Familias enteras pasan la vigilia en los porches o patios, echándose fresco con un cartón o un pedazo de trapo, rogando que vuelva la energía para lograr conciliar el sueño escasos minutos antes del amanecer.
La tragedia se consuma cuando el estudiante y el maestro llegan al plantel y se encuentran con el mismo desierto eléctrico: a mitad de mañana el circuito entra en racionamiento. Para el funcionario ministerial en Caracas o el burócrata significa la hora de salida; para el maestro y el alumno significa resistir encerrados. Meter a 30 o 35 chamos en un salón cerrado, con techo de zinc o platabanda que absorbe el sol inclemente, convierte el aula en un auténtico horno de barro. El aire se torna denso, sofocante. Las gotas de sudor caen directamente sobre los cuadernos, disolviendo el grafito y arrugando las hojas de papel.
Desde la neuroeducación y las ciencias pedagógicas se sabe con absoluta certeza que el cerebro infantil sometido a temperaturas que rozan los 40 °C de sensación térmica bloquea los procesos de abstracción, retención y análisis. El organismo entra en modo de supervivencia biológica: aparece la irritabilidad, el dolor de cabeza, el desvanecimiento y la apatía absoluta. Ninguna pose para una foto ministerial puede ocultar el letargo físico y el estrés neurocognitivo de un niño sometido a semejante inclemencia.
La situación toca fondo cuando toca la clase de Educación Física. ¡Qué molleja de cuadro tan doloroso! Los muchachos salen a la cancha expuesta al sol radiante, se ejercitan como corresponde a su desarrollo psicomotor, pero al terminar no hay agua corriente en las tuberías de los colegios. No hay un botellón frío para recuperar sales minerales ni hidratarse dignamente. Los 35 alumnos regresan al aula ahogados, jadeando de sed y empapados de sudor, a respirar el aire recalentado entre cuatro paredes.
Esta flagrante asimetría vulnera de raíz el ordenamiento jurídico de la República. El artículo 78 de la Constitución y la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA) consagran en su Artículo 8 el Principio del Interés Superior de Niños, Niñas y Adolescentes, estableciendo que sus derechos y bienestar deben prevalecer con carácter primario y absoluto en todas las decisiones de los órganos del Estado. Asimismo, el Artículo 32 (Derecho a la integridad personal) y el Artículo 53 (Derecho a la educación de calidad y en condiciones dignas) prohíben taxativamente someter a la infancia y adolescencia a tratos o ambientes que comprometan su salud biopsicosocial.
Si el mismísimo Ministerio de Educación reconoce la gravedad de la crisis reduciendo sus propias horas y retirándose de sus sedes ante los apagones, es un imperativo de elemental reciprocidad y estricta justicia que ese mismo trato de emergencia ampare a los estudiantes, docentes, obreros y coordinaciones educativas municipales. No se puede predicar la austeridad desde la comodidad del recorte laboral, ordenar simulacros de felicidad para las cámaras y exigir heroísmo ciego a quienes dan la cara en el aula. Exigir asistencia y rendimiento en medio de este infierno no es vocación académica: es indolencia institucional.
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