Se ha publicado en Caracas el listado de personas que propusieron su nombre o este fue propuesto por terceros, para integrar el órgano que, conforme a los términos de la Constitución de 1999 conformarán el comité de postulaciones que habrá de proponer a los integrantes de la Asamblea Nacional a las personas que, a su juicio, deben ser considerados para integrar el Tribunal Supremo de Justicia, en estos tiempos que corren que se encuentran transcurriendo en la tierra de El Libertador.
Debe recordarse que, la manera como el legislador interpretó ese comité es que el mismo estará conformado, no solo por esos representantes de la sociedad civil que finalmente el mismo órgano parlamentario elija, sino también por un número de diputados que representen la voluntad popular que habría sido expresada en las urnas al momento de su elección.
Este pasado sábado, una muy bien formada jurista, en uno de los chats que participo, solo integrado por profesionales del derecho, preguntó si alguno conocía a alguna de las personas que integran el referido listado e inmediatamente informé que, en mi caso, a uno conocía, profesor de derecho constitucional en la Universidad Central de Venezuela, íntegro ciudadano y muy bien formado en el aspecto familiar. Otra colega, integrante del mismo, refirió a otras dos personas. Ninguno de los restantes miembros del chat -más de 20- reconoció algún nombre y creo que allí es donde estriba el problema fundamental.
Participar en la actual situación del país en algún órgano que conforme a la normativa interna se requiera o más aun, en alguno cuya conformación dependa de quienes ejercen el poder, es interpretado por algunos, como un paso en el afianzamiento de aquellos; sucede sin embargo, que esos órganos se constituirán, guste o no a los ciudadanos y ello deja dos alternativas: o se participa, tratando con ello de influir en el resultado o se deja que otros lo hagan y serán estos, de consuno con los diputados -en el caso que nos ocupa- los que decidirán los nombres de los magistrados a proponer a la Asamblea Nacional.
Se podrá aducir, casi que, con absoluta razón, que los parlamentarios designarán a quienes ellos quieren, más aún cuando la mayoría del mismo está integrada por quienes ejercen el poder, pero también es cierto que, la situación en materia de decisión por parte de los mismos, no es la misma desde el 3 de enero. Hay una tutela y el tutor, guste o no, opinión preponderante tiene, como la tuvo en la ley de amnistía o en la de hidrocarburos.
Esa debilidad -que creo no fue aprovechada para la conformación del listado para el comité de postulaciones- debería originar que abogados honestos, competentes, preparados, independientes políticamente y dispuestos a dar el paso al frente en la actual circunstancia país, propusieren su nombre para integrar el nuevo TSJ que deberá constituirse, pero además, ello debiere obligar a los distintos colegios de abogados venezolanos, a presentar a consideración parlamentaria, nombres de distintos agremiados que, a su juicio, pudieren cumplir con distinción, esa honrosa posición.
Probablemente se me dirá que esa designación tiene carácter político y coincidiré con dicha conclusión por un solo motivo, el órgano que los designará ese carácter tiene, pero ello no implica, necesariamente que deba tener carácter partidista, máxime si se aprovecha la debilidad gubernamental a la que he hecho referencia, a consecuencia de los sucesos del pasado enero. Sobre esto último, correspondería a todos los factores que hacen vida en la oposición venezolana, tratar de consensuarse entre si, para ver si les es posible fijar una estrategia común respecto de dicha designación.
La posición más cómoda que buena parte del país ha comprado bajo el argumento de la ilegitimidad del órgano que adoptará la decisión, es la de no hacer nada. Lo cierto es que, hasta que se produzcan nuevas elecciones para el poder legislativo, ese es el órgano que discutirá y aprobará leyes, así como adoptará las decisiones que la Constitución le asigna, entre ellas, para el momento actual, designar a los señores que ocuparán los máximos despachos judiciales en la esquina de Dos Pilitas, donde tiene su sede el máximo tribunal venezolano y porqué no, para que veamos su importancia, la que calificará en algún momento, si la ausencia del señor Maduro tiene carácter absoluto.
Los señores magistrados del TSJ serán los que la Asamblea Nacional designe -me apena decirlo, pero es la realidad- con el visto bueno norteamericano. Quienes crean que debe aprovecharse esa oportunidad para mejorar la imagen que a la fecha tiene esa institución, están a tiempo de presentar su nombre para ello. Después no hay queja que valga.
@barraplural
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